El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este martes 37 allanamientos en distintos puntos del país como parte del denominado Caso Dalila, una investigación dirigida contra una presunta organización vinculada con homicidios por encargo, tráfico de drogas y el ingreso de artículos prohibidos a centros penitenciarios.
El operativo dejó, de manera preliminar, 34 personas detenidas, entre ellas el jefe de la Policía Penitenciaria del centro penal La Leticia, ubicado en Guápiles. Las diligencias se realizaron tanto en viviendas como en cinco establecimientos penitenciarios, luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente dos años.
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Organización estaría vinculada con tres homicidios
De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, la estructura estaría relacionada con al menos tres homicidios ocurridos en Siquirres, algunos de ellos aparentemente ejecutados por encargo.
La investigación determinó que integrantes del grupo habrían recibido pagos de entre ₡500.000 y ₡700.000 por asesinar a determinadas personas. Uno de los casos ocurrió durante 2024, cuando la víctima habría sido citada por dos mujeres y posteriormente trasladada por dos hombres hasta una construcción abandonada, donde fue asesinada.
Las autoridades también investigan la posible participación de la organización en otros dos homicidios ocurridos durante 2026. El OIJ no descarta que el grupo pueda estar relacionado con más crímenes, por lo que las diligencias permanecen abiertas.
Drogas multiplicaban su valor dentro de las cárceles
Otra de las principales actividades atribuidas a la organización era el ingreso de drogas a los centros penitenciarios de La Leticia, La Reforma, San Sebastián, Sandoval y Liberia.
Según la investigación, el grupo presuntamente reclutaba a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cilindros con droga ocultos en sus cuerpos. A cambio de cada entrega habrían recibido cerca de ₡300.000. Una vez dentro de las cárceles, la mercancía podía alcanzar un valor aproximado de ₡5 millones.
La estructura también habría ingresado teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y cigarrillos de contrabando, productos que posteriormente eran distribuidos entre las personas privadas de libertad.
Detienen a jefe penitenciario en La Leticia
Entre las personas intervenidas figura el jefe de la Policía Penitenciaria del centro penal La Leticia, en Guápiles.
Durante el allanamiento, los agentes judiciales encontraron en poder del funcionario un dispositivo electrónico cuya tenencia no estaba permitida dentro del establecimiento. Sin embargo, el OIJ aclaró que todavía debe determinar si el jefe policial mantenía alguna relación con la estructura investigada.
Por ello, su detención no implica que se haya comprobado su participación en el grupo. Los investigadores deberán analizar el dispositivo decomisado y establecer las circunstancias en las que se encontraba bajo su poder.
El director interino del OIJ también destacó que la Policía Penitenciaria colaboró con la seguridad y el apoyo táctico necesario para intervenir los centros penales.
Una familia bajo investigación
Entre las personas detenidas también se encuentra una mujer de 40 años, quien presuntamente ocupaba una posición relevante dentro de la organización.
La sospechosa fue capturada junto con uno de sus hijos. Otros dos hijos y su pareja sentimental ya habían sido detenidos anteriormente por hechos aparentemente relacionados con el mismo grupo, por lo que cinco miembros de la familia se encuentran ahora bajo investigación.
Las autoridades deberán determinar las funciones que cumplía cada persona dentro de la estructura, desde la aparente coordinación de homicidios hasta el transporte, almacenamiento y distribución de drogas.
Armas y droga entre los decomisos
Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron al menos tres armas de fuego, droga dosificada y diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis.
La evidencia podría permitir al OIJ reconstruir las comunicaciones entre los sospechosos, identificar movimientos de dinero y establecer eventuales conexiones entre integrantes ubicados dentro y fuera de las cárceles.
Las 34 personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público, donde se valorará la solicitud de medidas cautelares y se determinará su situación jurídica.
DETENIDOS:
- Menor, 17 años.
- Femenina de apelllido Trigueros, 21 años.
- Masculino de apellido Zárate, 22 años.
- Masculino de apellido Cubero,30 años.
- Masculino de apellido Chavarría, 36 años.
- Masculino de apellido Zárate, 27 años.
- Masculino de apellido Monge, 47 años.
- Masculino de apellido Porras, 23 años
- Masculino de apellido Romero, 26 años.
- Masculino de apellido Bravo, 20 años.
- Masculino de apellido Granados, 35 años.
- Masculino de apellido Francis, 20 años.
- Masculino de apellido Méndez,
- Masculino de apellido Paniagua, 66 años.
- Femenina de apelllido Brenes, 42 años.
- Masculino de apellido Grand, 22 años.
- Masculino de apellido Rivera, 21 años.
- Femenina de apelllido Velasquez,
- Femenina de apelllido Díaz, 22 años.
- Masculino de apellido Porras, 21 años,
- Femenina de apelllido Sánchez, 31 años.
- Masculino de apellido Mendoza, 23 años.
- Femenina de apelllido Cruz, 19 años.
- Masculino de apellido Calderón, 19 años.
- Femenina de apelllido Monge, 46 años.
- Masculino de apellido Lozano, 21 años,
- Masculino de apellido Salazar, 71 años.
- Femenina de apellido Pérez, 33 años.
- Masculino de apellido Francis, 21 años.
- Masculino de apellido Mora, 56 años.
- Masculino de apellido Sojo, 44 años.
- Masculino de apellido Esquivel, 23 años.
- Menor 17 años.
- Femenina de apellido Sánchez, 29 años.
El Caso Dalila evidencia que las cárceles no eran solamente el destino de las drogas, sino una posible extensión de las operaciones de la estructura.
El elevado precio que alcanzaban los estupefacientes dentro de los centros penales explicaría el interés económico de la organización: una entrega por la que una transportista recibía cerca de ₡300.000 podía convertirse en mercancía valorada en varios millones de colones.
Más preocupante resulta la posible conexión entre esta actividad y los homicidios por encargo. De confirmarse las hipótesis del OIJ, el grupo habría desarrollado una estructura diversificada, capaz de generar ingresos mediante la venta de drogas y utilizar parte de sus redes para coordinar actos de violencia.
La eventual participación de funcionarios públicos deberá investigarse con especial rigurosidad. No obstante, cualquier responsabilidad debe establecerse individualmente y mediante el proceso judicial correspondiente.
Todas las personas detenidas se mantienen amparadas por el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.
Nota elaborada con información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial a través de su departamento de Prensa.
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