El Poder Judicial advirtió que sus recursos operativos podrían no ser suficientes para concluir 2026, luego de que el Ministerio de Hacienda comunicara una nueva retención sobre las cuotas de gasto previstas para el tercer y cuarto trimestre del año.
Según la estimación presentada ante Corte Plena, la medida rondaría los ₡3.053 millones y representaría aproximadamente un 42,4 % de los gastos operativos que la institución tenía programados para lo que resta del año.
Uno de los principales afectados sería el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos jerarcas alertaron que a partir de diciembre podrían agotarse los fondos disponibles para combustible y viáticos.
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OIJ podría enfrentar un faltante de ₡944 millones
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó que Hacienda comunicó el 13 de julio una retención del 10 % sobre las cuotas de gasto de la programación financiera correspondientes al tercer y cuarto trimestre.
Al distribuir proporcionalmente esa reducción, el OIJ tendría una afectación cercana a los ₡944 millones, según los cálculos expuestos por la institución.
Michael Soto, director general interino de la Policía Judicial, indicó que la falta de recursos comenzaría a sentirse con mayor intensidad durante diciembre, cuando podría no existir contenido presupuestario suficiente para comprar combustible y cubrir los desplazamientos de los agentes.
Esta situación afectaría vehículos utilizados para investigaciones, allanamientos, inspecciones, levantamientos de cuerpos, recolección de indicios y traslado de víctimas o testigos. También limitaría las pesquisas prolongadas en comunidades alejadas, debido a la falta de viáticos y hospedaje para los equipos policiales.
“Esta situación pondría en una situación muy vulnerable la seguridad del país”, manifestó Soto al referirse a las posibles consecuencias.
¿Significa que el OIJ dejará de trabajar?
La advertencia no significa que el OIJ haya suspendido sus operaciones ni que actualmente sus vehículos estén sin combustible.
Se trata de una proyección realizada por sus jerarcas sobre lo que podría ocurrir durante el cierre del año si la retención se mantiene y la institución no logra redistribuir recursos o recibir una modificación presupuestaria.
El director interino explicó que, ante un escenario de insuficiencia, sería necesario reducir operativos, priorizar investigaciones y replantear la atención de algunos servicios.
Esto podría traducirse en tiempos de respuesta más prolongados y en una selección más estricta de las diligencias que requieren desplazamientos, especialmente fuera del área metropolitana.
Peritajes y traducciones también estarían en riesgo
El impacto no se limitaría a la gasolina.
El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que el Ministerio Público podría enfrentar dificultades para contratar dictámenes periciales, traducciones oficiales y estudios especializados necesarios en investigaciones de narcotráfico, legitimación de capitales y crimen organizado.
Según Díaz, en algunos procesos las víctimas podrían verse obligadas a costear determinados peritajes para evitar que sus casos se retrasen, aunque esta posibilidad todavía corresponde a una advertencia presupuestaria y no a una medida oficialmente aplicada.
La Corte también señaló posibles restricciones en la reparación de computadoras, mantenimiento de vehículos, compra de equipo de protección, materiales para embalar evidencia y adquisición de licencias o plataformas para analizar delitos complejos y evidencia digital.
Defensa Pública advierte sobre cierre de oficinas
La Defensa Pública también alertó que la falta de recursos podría provocar el cierre o la reorganización de cerca de 20 oficinas.
Su director, Juan Carlos Pérez, indicó que la reducción de viáticos y combustible dificultaría el traslado de defensores a audiencias y comunidades alejadas, afectando especialmente a personas que requieren procesos de pensión alimentaria, defensa laboral o asistencia judicial y no cuentan con medios económicos para contratar representación privada.
También podrían reprogramarse juicios, audiencias y otras diligencias debido a limitaciones para cubrir horas extraordinarias, desplazamientos y servicios técnicos.
Recorte se suma a ajuste anterior
Esta nueva disputa ocurre pocas semanas después de que la Corte Plena aceptara reducir alrededor de ₡13.242 millones de su presupuesto de 2026, tras una solicitud del Ministerio de Hacienda para contener el gasto público.
En ese momento, el Poder Judicial aseguró que se trataba del mayor ajuste que podía realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales. Parte de esos recursos estaban destinados a fortalecer el OIJ y el Ministerio Público, crear plazas y ampliar la presencia judicial en zonas consideradas estratégicas.
Con la nueva retención de ₡3.053 millones, la disminución acumulada durante el año superaría los ₡16 mil millones, de acuerdo con los cálculos divulgados por la institución y diferentes medios nacionales.
Hacienda todavía debe responder
Hasta el momento de las publicaciones consultadas, el Ministerio de Hacienda no había emitido una explicación pública detallada sobre las advertencias planteadas por los jerarcas judiciales.
Teletica informó que solicitó una posición a esa cartera, pero la respuesta permanecía en trámite.
La diferencia entre ambas instituciones también involucra la interpretación de la medida: mientras el Poder Judicial la presenta como una reducción que amenaza servicios esenciales, el documento de Hacienda habla de una retención en la programación financiera.
Por ello, todavía deberá aclararse si esos recursos serán eliminados definitivamente, reprogramados o podrían liberarse más adelante conforme evolucione la situación fiscal del país.
El punto central de la discusión no es únicamente cuánto dinero recibe el Poder Judicial, sino cuáles partidas se reducen y qué funciones dependen directamente de ellas.
El combustible, los viáticos y los peritajes no son gastos secundarios dentro de una investigación criminal. Sin transporte no se realizan allanamientos ni inspecciones; sin materiales adecuados se compromete la evidencia; y sin traducciones o estudios técnicos pueden retrasarse causas complejas.
Al mismo tiempo, las advertencias del Poder Judicial deben acompañarse de datos claros sobre ejecución, prioridades y medidas internas para reducir gastos sin afectar a la ciudadanía.
El Gobierno también deberá explicar con precisión el alcance de la retención y demostrar si es posible aplicar el ajuste sin debilitar la investigación criminal en un momento en que la seguridad y el combate contra las organizaciones delictivas figuran entre las principales preocupaciones nacionales.
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