Imagen con fines ilustrativos.
La posibilidad de que fuerzas de Estados Unidos realicen operaciones terrestres en Costa Rica dejó de ser una hipótesis completamente abstracta después de que la presidenta Laura Fernández afirmara que una acción de ese tipo podría beneficiar la seguridad nacional si estuviera dirigida contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico o el terrorismo.
La declaración, publicada por Reuters el 4 de setiembre, vino acompañada de una precisión fundamental: no existe actualmente ningún plan concreto para que tropas estadounidenses operen en territorio costarricense y cualquier iniciativa de esa naturaleza necesitaría aprobación de la Asamblea Legislativa.
La discusión volvió a cobrar fuerza después de las declaraciones y mensajes del presidente estadounidense Donald Trump sobre la disposición de Costa Rica a cooperar militarmente contra el narcotráfico.
Pero entre una declaración política y el ingreso efectivo de fuerzas extranjeras existe una enorme cantidad de pasos jurídicos, políticos, militares y diplomáticos.
Este es el escenario que tendría que atravesar Costa Rica si alguna vez se llegara a plantear formalmente una operación terrestre estadounidense.
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Primero: ¿qué está pasando realmente?
El primer punto que debe quedar claro es que Costa Rica no ha autorizado actualmente una operación terrestre de fuerzas estadounidenses.
Tampoco existe, según la información pública disponible, una solicitud formal de Washington ante la Asamblea Legislativa para desplegar tropas en el país.
Fernández dijo a Reuters que el tema había sido conversado con Estados Unidos y que había explicado cuáles serían los canales legales necesarios, pero también dejó claro que no había una iniciativa concreta en marcha.
Por lo tanto, hablar actualmente de “tropas estadounidenses llegando a Costa Rica” sería adelantarse a los hechos.
Lo que existe es una apertura política del Poder Ejecutivo a evaluar una eventual cooperación de mayor alcance, siempre que tenga como objetivo combatir amenazas transnacionales y se cumplan los procedimientos constitucionales.
Ese matiz es central.
Costa Rica ya coopera con Estados Unidos en seguridad. Lo nuevo es que la presidenta haya abierto explícitamente la posibilidad de operaciones terrestres.
Costa Rica ya trabaja con Estados Unidos en seguridad
La cooperación militar y de seguridad entre ambos países no comenzó con Donald Trump ni con Laura Fernández.
Durante décadas Costa Rica ha trabajado con Estados Unidos en operaciones contra el narcotráfico, intercambio de información, patrullajes marítimos, capacitación, asistencia tecnológica y otras áreas de seguridad.
La diferencia es que gran parte de esa cooperación se ha desarrollado sin convertir a Costa Rica en un Estado militarizado.
Incluso el Comando Sur estadounidense ha participado anteriormente en programas de asistencia para fortalecer capacidades costarricenses. En 2023, por ejemplo, Estados Unidos anunció una iniciativa de $9,8 millones para fortalecer la ciberseguridad costarricense mediante equipamiento, capacitación y asistencia técnica.
Costa Rica también forma parte actualmente del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por la administración Trump para fortalecer la cooperación regional contra organizaciones criminales y el narcotráfico. El Departamento de Estado estadounidense incluye a Costa Rica entre los miembros de la coalición.
Por tanto, el debate no comienza desde cero.
La pregunta es hasta dónde podría llegar esa cooperación.
El punto que cambia todo: pasar del mar al territorio
Costa Rica ya ha permitido durante años determinados mecanismos de cooperación y operaciones marítimas contra el narcotráfico.
Una operación terrestre sería diferente.
Significaría que personal militar estadounidense podría realizar actividades dentro del territorio costarricense, dependiendo del mandato que se aprobara.
Y ahí aparece la primera gran barrera.
La Constitución Política.
Costa Rica no tiene ejército
El artículo 12 de la Constitución establece la abolición del ejército como institución permanente. Costa Rica mantiene fuerzas policiales necesarias para la vigilancia y conservación del orden público, pero no cuenta con unas Fuerzas Armadas permanentes.
Esta característica no es simplemente una particularidad administrativa.
Forma parte de la identidad política y jurídica del país desde la abolición del ejército en 1948.
Por eso, una eventual operación militar extranjera tendría que analizarse con especial cuidado.
La Constitución, además, establece una competencia concreta de la Asamblea Legislativa: corresponde al Congreso dar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para el estacionamiento de naves de guerra en puertos y aeropuertos.
Esto significa que la presidenta no podría, por sí sola, simplemente anunciar que fuerzas militares estadounidenses realizarán operaciones terrestres en Costa Rica.
El primer paso sería una solicitud formal
Si Washington y San José decidieran avanzar hacia una operación de este tipo, tendría que existir primero una definición concreta sobre qué se quiere hacer.
No bastaría con decir “combatir el narcotráfico”.
Tendría que definirse, entre otros elementos:
qué fuerzas participarían;
qué tipo de operación realizarían;
durante cuánto tiempo;
en qué zonas;
con qué objetivos;
qué autoridad costarricense coordinaría las acciones;
qué reglas de enfrentamiento aplicarían;
qué armas podrían utilizar;
qué ocurriría si se produce un enfrentamiento;
quién asumiría responsabilidad por posibles daños;
cómo se protegería a la población civil;
y qué mecanismos de supervisión existirían.
Esto es importante porque “cooperación militar” puede significar cosas muy diferentes.
No es lo mismo permitir que instructores estadounidenses capaciten policías que autorizar una operación armada contra una organización criminal dentro de una comunidad costarricense.
Después tendría que entrar en juego la Asamblea Legislativa
Una vez definido un eventual acuerdo, la decisión tendría que pasar por el procedimiento constitucional correspondiente.
La Asamblea Legislativa tendría que estudiar la solicitud y determinar si autoriza la presencia de fuerzas extranjeras bajo las condiciones planteadas.
La Constitución establece precisamente que corresponde al Congreso autorizar o negar el ingreso de tropas extranjeras.
Aquí aparecería el segundo gran obstáculo: la política.
La llegada de militares estadounidenses sería uno de los debates de seguridad y soberanía más importantes de las últimas décadas.
No necesariamente todos los diputados que apoyen la lucha contra el narcotráfico apoyarían una operación militar extranjera.
La discusión podría dividirse entre quienes consideran que la amenaza del crimen organizado justifica ampliar la cooperación internacional y quienes consideran que una presencia militar extranjera supone un riesgo para la soberanía nacional.
¿Qué podría votar realmente el Congreso?
El escenario tampoco tendría que ser necesariamente “sí o no a tropas estadounidenses”.
La Asamblea podría imponer condiciones.
Por ejemplo, un eventual acuerdo podría limitar:
el número de efectivos;
el tipo de armamento;
las zonas donde podrían operar;
la duración de la misión;
las operaciones permitidas;
la participación directa en combate;
la utilización de instalaciones nacionales;
el uso del espacio aéreo;
el ingreso de determinados vehículos o aeronaves;
o la obligación de que toda operación sea coordinada con autoridades costarricenses.
En otras palabras, incluso si existiera voluntad política para permitir cooperación terrestre, el Congreso podría establecer un marco específico para esa presencia.
El escenario más probable no sería una invasión ni una ocupación
Aquí conviene separar la realidad de algunas interpretaciones que pueden aparecer en redes sociales.
Si alguna vez Costa Rica autorizara una operación estadounidense, el escenario más plausible no sería una ocupación militar del país.
Sería mucho más probable una operación limitada y acordada con el Gobierno costarricense.
Podría tratarse, por ejemplo, de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, apoyo logístico, capacitación especializada, operaciones contra infraestructura del narcotráfico o apoyo tecnológico.
Incluso una operación con participación de personal armado estadounidense podría diseñarse para que la Policía costarricense mantuviera el liderazgo operativo.
Esto es una inferencia sobre escenarios posibles, no una decisión que haya sido anunciada por el Gobierno.
La diferencia es importante.
Escenario 1: cooperación reforzada sin tropas de combate
Este sería el escenario menos disruptivo.
Costa Rica podría ampliar la cooperación con Estados Unidos sin autorizar operaciones terrestres de combate.
Washington podría aumentar:
inteligencia;
vigilancia aérea y marítima;
tecnología;
capacitación;
intercambio de información financiera;
seguimiento de rutas marítimas;
equipamiento policial;
ciberseguridad;
análisis de redes criminales;
y apoyo a investigaciones internacionales.
Este escenario permitiría al Gobierno Fernández presentar una cooperación más fuerte con Washington sin cruzar la línea política de permitir operaciones militares estadounidenses dentro del territorio.
De hecho, sería una continuación de una relación que ya existe.
Escenario 2: personal estadounidense en territorio costarricense
Un segundo escenario sería permitir que personal estadounidense participe físicamente en determinadas actividades.
Aquí entrarían instructores, especialistas, equipos de inteligencia o unidades técnicas.
No necesariamente participarían en combates.
Este escenario sería políticamente más sensible, pero todavía muy diferente de autorizar una operación militar ofensiva.
El debate constitucional dependería de la naturaleza exacta de la misión, del estatus del personal y de las condiciones bajo las cuales ingresaría.
Escenario 3: operaciones terrestres conjuntas
Este es el escenario al que apuntó la pregunta que Reuters hizo a Fernández.
La presidenta afirmó que una operación terrestre estadounidense podría beneficiar la seguridad nacional si persiguiera un objetivo común contra el crimen transnacional, el narcotráfico transnacional o el terrorismo.
En este caso, la operación podría desarrollarse con participación de fuerzas costarricenses y estadounidenses.
Por ejemplo, Costa Rica podría aportar la autoridad territorial, inteligencia local y unidades policiales, mientras Estados Unidos aportaría capacidades tecnológicas, inteligencia, vigilancia y recursos especializados.
Pero aquí surgirían las preguntas más difíciles.
¿Quién tendría el mando?
¿Quién decidiría cuándo abrir fuego?
¿Quién detendría a los sospechosos?
¿Quién investigaría una muerte durante una operación?
¿Bajo qué legislación respondería un militar estadounidense?
¿Podrían militares extranjeros realizar arrestos?
¿Quién tendría jurisdicción sobre un posible delito cometido durante la operación?
Esas preguntas tendrían que resolverse antes de que un solo soldado estadounidense participe en una operación de combate dentro del país.
Escenario 4: una operación contra una organización criminal específica
Un escenario todavía más delicado sería que Estados Unidos identificara una organización criminal o una estructura de narcotráfico como objetivo.
En ese caso, la cooperación podría concentrarse en una operación específica.
Podría involucrar inteligencia, vigilancia, interdicción marítima o acciones coordinadas.
Pero el riesgo político aumentaría considerablemente si la operación implicara incursiones armadas dentro de territorio costarricense.
Costa Rica tendría que decidir si acepta que una fuerza extranjera participe directamente en una acción de ese tipo.
Y la Asamblea tendría que valorar las condiciones exactas.
¿Qué ocurriría durante una operación?
Si algún día se llegara a ese punto, la fase operativa sería probablemente la más sensible.
Una operación contra narcotráfico no necesariamente sería una acción militar convencional.
Los objetivos serían probablemente redes criminales, rutas, embarcaciones, bodegas, centros logísticos, estructuras financieras o personas investigadas.
La participación estadounidense podría concentrarse en capacidades que Costa Rica tiene limitadas.
Entre ellas podrían estar inteligencia satelital, aeronaves especializadas, vigilancia electrónica, análisis de comunicaciones, rastreo marítimo y capacidades de reconocimiento.
Pero una cosa es proporcionar inteligencia y otra ejecutar una operación armada.
El segundo caso requeriría reglas mucho más estrictas.
El gran debate: ¿quién dispara y quién responde?
Este sería uno de los puntos más delicados.
En una operación conjunta, las reglas de enfrentamiento tendrían que establecerse antes.
Una misión podría autorizar únicamente el uso de la fuerza en defensa propia.
Otra podría permitir operaciones ofensivas contra objetivos determinados.
Otra podría reservar cualquier acción armada a los cuerpos costarricenses.
Cada modelo tendría consecuencias jurídicas distintas.
También tendría que definirse qué sucede ante una muerte, una lesión de civiles o daños a propiedad privada.
Este es uno de los motivos por los cuales una autorización general para “combatir el narcotráfico” sería insuficiente.
El marco tendría que ser mucho más preciso.
¿Qué beneficios podría obtener Costa Rica?
Hay argumentos sólidos a favor de ampliar la cooperación.
El primero es la capacidad tecnológica.
Las organizaciones criminales transnacionales operan mediante redes que atraviesan fronteras, utilizan comunicaciones cifradas, empresas pantalla, embarcaciones, aeronaves y mecanismos internacionales para mover dinero.
Costa Rica puede beneficiarse del intercambio de inteligencia con una potencia que posee capacidades muy superiores.
El segundo beneficio potencial sería la vigilancia marítima.
Costa Rica tiene dos costas y una amplia zona marítima que debe vigilar con recursos limitados.
La cooperación internacional puede aumentar significativamente la capacidad de detectar embarcaciones vinculadas con tráfico de drogas.
El tercer beneficio sería la presión sobre las estructuras financieras.
Combatir narcotráfico no consiste únicamente en decomisar cocaína.
También implica identificar quién financia las operaciones, cómo se lavan los recursos y qué empresas o personas sirven como intermediarias.
Pero también existen riesgos
El primer riesgo sería la soberanía.
Costa Rica tendría que evitar que la cooperación termine convirtiéndose en una dependencia operacional.
El segundo sería la rendición de cuentas.
Cuanto más directa sea la participación extranjera en operaciones armadas, más importante será determinar quién responde por errores, abusos o daños.
El tercero sería el riesgo de escalamiento.
Una operación contra narcotráfico puede convertirse en un enfrentamiento armado si una organización criminal decide responder.
Eso obligaría a determinar qué ocurre si los agentes estadounidenses son atacados.
¿Responderían únicamente las fuerzas costarricenses?
¿Podrían las fuerzas estadounidenses responder directamente?
¿Hasta dónde?
Esas preguntas no son hipotéticas en términos militares: forman parte del diseño de cualquier operación conjunta.
El precedente regional importa
Costa Rica no estaría tomando esta decisión en un vacío.
Estados Unidos está impulsando actualmente el Escudo de las Américas como plataforma de cooperación regional contra organizaciones criminales y el narcotráfico.
La iniciativa incluye a Costa Rica y a otros países latinoamericanos. El Departamento de Estado ha publicado declaraciones conjuntas de sus miembros durante 2026.
Y durante las últimas semanas la cooperación militar estadounidense con países de la región ha adquirido una dimensión mayor.
Colombia, Ecuador y Perú han profundizado sus vínculos con Washington dentro de esta estrategia regional.
Esto importa porque Costa Rica tendría que decidir qué modelo de cooperación quiere.
No necesariamente tendría que replicar el modelo de otros países.
De hecho, su condición de país sin ejército hace que su relación con Washington tenga características distintas.
Ecuador ofrece una advertencia
El caso ecuatoriano también muestra por qué la discusión no debería limitarse a la pregunta de si la cooperación funciona.
La cooperación militar estadounidense con Ecuador ha sido presentada como una herramienta contra organizaciones criminales, pero también ha provocado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por denuncias relacionadas con operaciones de seguridad y posibles abusos.
Eso no significa que Costa Rica necesariamente viviría una situación similar.
Las instituciones, leyes y estructuras de seguridad son diferentes.
Pero sí ofrece una lección: antes de autorizar una operación, un Estado debe establecer mecanismos claros de control, supervisión y rendición de cuentas.
¿Qué pasa después de una eventual operación?
Esta parte suele quedar fuera de la discusión.
Supongamos que una operación consigue desarticular una red importante.
¿Qué ocurre después?
Los criminales capturados tendrían que enfrentar el sistema judicial costarricense.
Los bienes decomisados tendrían que seguir procedimientos legales.
Las pruebas obtenidas tendrían que ser admisibles ante los tribunales.
Los detenidos tendrían derecho a defensa.
Y las autoridades tendrían que demostrar ante los tribunales los delitos atribuidos.
Es decir, una operación militar o policial solamente sería el comienzo.
La etapa posterior podría ser incluso más importante.
El verdadero resultado se mediría en los tribunales
Una operación espectacular con decomisos millonarios puede producir titulares.
Pero si las investigaciones no llegan a condenas, recuperación de activos y desarticulación financiera, su impacto puede ser limitado.
Por eso, cualquier cooperación internacional tendría que conectar seguridad e investigación criminal.
Policía, Fiscalía, OIJ, tribunales, aduanas, inteligencia financiera y autoridades internacionales tendrían que trabajar como una sola cadena.
El objetivo final no debería ser solamente capturar personas.
Debería ser desmantelar las estructuras que permiten que el narcotráfico continúe operando.
¿Y si la operación fracasa?
Este es otro escenario que debería contemplarse antes de autorizarla.
Si una operación estadounidense-costarricense no logra reducir el tráfico de drogas, el Gobierno tendría que explicar por qué.
Si aumenta la violencia como respuesta de los grupos criminales, habría que evaluar el impacto.
Si se producen víctimas civiles, el costo político sería enorme.
Y si surgieran denuncias de abusos cometidos por personal extranjero, la relación bilateral podría entrar en una crisis.
Por eso, cualquier acuerdo debería incluir mecanismos para terminar o modificar la operación.
El escenario político también sería complicado
Laura Fernández tiene una agenda de seguridad basada en una posición de mayor firmeza frente al crimen organizado.
Reuters reportó que la presidenta ha criticado fuertemente al Poder Judicial y considera que existen obstáculos para aplicar una política más agresiva contra la delincuencia. Al mismo tiempo, la misma información señala que los homicidios bajaron 14% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025.
Esto introduce otra variable.
Si los indicadores de violencia continúan mejorando, el Gobierno podría tener menos presión para avanzar hacia una presencia militar extranjera.
Pero si la violencia vuelve a aumentar considerablemente, la presión política para buscar ayuda internacional podría crecer.
¿Puede Trump decidir que Estados Unidos opere en Costa Rica?
No.
Esta es probablemente la respuesta más importante para entender el debate.
El presidente estadounidense puede ofrecer cooperación, hacer declaraciones, presionar diplomáticamente o proponer acuerdos.
Pero no puede por sí solo autorizar que militares estadounidenses realicen una operación en territorio costarricense sin consentimiento de Costa Rica.
Y dentro de Costa Rica, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde constitucionalmente a la Asamblea Legislativa.
Por eso, una publicación de Trump en redes sociales no equivale a una autorización militar.
Tampoco la declaración de Fernández significa que las tropas vayan a llegar.
Ambas son señales políticas.
El procedimiento jurídico es otra cosa.
Los cuatro escenarios que podría enfrentar Costa Rica
A partir de la información disponible, pueden plantearse cuatro escenarios principales.
Escenario A: cooperación sin tropas de combate.
Es el escenario de menor impacto político y constitucional. Costa Rica aumenta inteligencia, vigilancia, capacitación, tecnología y cooperación marítima con Estados Unidos.
Escenario B: presencia temporal de personal especializado.
Estados Unidos aporta equipos y especialistas que trabajan junto a instituciones costarricenses, sin participar directamente en operaciones de combate.
Escenario C: operación conjunta limitada.
Costa Rica autoriza una misión concreta, temporal y delimitada, con participación estadounidense bajo reglas previamente establecidas.
Escenario D: operaciones terrestres estadounidenses.
Sería el escenario de mayor impacto. Requeriría superar las barreras jurídicas y políticas, establecer reglas de enfrentamiento, definir jurisdicción y obtener la autorización legislativa correspondiente.
De los cuatro, el escenario D es actualmente el menos inmediato porque no existe una propuesta concreta en la Asamblea y la propia presidenta ha dicho que no hay un plan en marcha.
¿Qué tendría que vigilar la ciudadanía?
Para saber si la situación realmente está pasando de una declaración política a un proceso concreto, hay varias señales que deberían observarse.
La primera sería una solicitud formal del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
La segunda sería la presentación de un acuerdo o convenio específico.
La tercera sería una explicación pública sobre el número y tipo de efectivos extranjeros.
La cuarta sería conocer las reglas bajo las cuales podrían operar.
La quinta sería determinar si se trata de capacitación, inteligencia, vigilancia, operaciones marítimas u operaciones armadas terrestres.
Y la sexta sería observar qué dicen la Sala Constitucional y los diputados sobre la constitucionalidad del mecanismo.
Hasta que esos pasos no ocurran, hablar de una llegada inminente de tropas estadounidenses sería especulación.
El escenario después de una eventual autorización
Si la Asamblea aprobara una operación, probablemente vendría una fase de preparación.
Costa Rica y Estados Unidos tendrían que coordinar:
protocolos;
zonas de operación;
comunicaciones;
inteligencia;
logística;
reglas de enfrentamiento;
protección de civiles;
jurisdicción;
procedimientos de detención;
manejo de evidencia;
y duración de la misión.
Después vendría la fase operativa.
Y finalmente una tercera etapa: la evaluación.
El Gobierno tendría que demostrar si la operación realmente produjo resultados.
¿Cuántas estructuras fueron desarticuladas?
¿Cuánto dinero fue decomisado?
¿Cuántas investigaciones llegaron a juicio?
¿Se redujo el tráfico?
¿Disminuyeron los homicidios relacionados con crimen organizado?
¿Hubo denuncias de abusos?
¿Se respetaron las reglas?
Sin indicadores verificables, la operación podría convertirse simplemente en un símbolo político.
El verdadero debate no es solamente Estados Unidos sí o no
La discusión puede caer fácilmente en dos extremos.
Uno sostiene que cualquier cooperación militar estadounidense representa una pérdida de soberanía.
El otro plantea que cualquier ayuda estadounidense debe aceptarse porque Costa Rica enfrenta una amenaza demasiado grande.
La realidad es mucho más compleja.
Un Estado puede cooperar militarmente con otro y conservar su soberanía.
Pero también puede perder capacidad de decisión si delega funciones críticas sin establecer límites.
Por eso, el punto central no debería ser únicamente si Costa Rica acepta ayuda estadounidense.
La pregunta más importante es:
¿bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo, con qué objetivos, bajo qué autoridad y con qué mecanismos de control?
Ahí estará el verdadero debate.
Una decisión que cambiaría la relación de seguridad de Costa Rica
Costa Rica ya mantiene una relación estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad.
La novedad que introducen las declaraciones de Laura Fernández es que el Gobierno no descarta que esa cooperación pueda llegar a operaciones terrestres.
Eso no significa que Costa Rica esté a punto de convertirse en un país con tropas estadounidenses desplegadas.
Tampoco significa que la abolición del ejército haya sido modificada.
Pero sí significa que una línea que durante décadas parecía políticamente mucho más distante ahora forma parte de la conversación pública.
La presidenta ha dicho que no existe actualmente un plan concreto y que cualquier operación requeriría autorización legislativa.
Por su parte, Estados Unidos continúa ampliando el Escudo de las Américas y profundizando su estrategia regional contra el narcotráfico.
Por eso, el asunto merece seguimiento.
No porque las tropas estadounidenses estén por llegar.
Sino porque por primera vez en este nuevo ciclo de cooperación regional se está discutiendo públicamente qué ocurriría si Costa Rica decidiera permitirlas.
Y entre la declaración política y una operación real existe todo un proceso que tendría que pasar por la diplomacia, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el marco constitucional, las instituciones de seguridad y, eventualmente, los tribunales.
Ese proceso será el verdadero indicador de si las palabras se convierten en una política de Estado.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.
Fuentes: Reuters, Departamento de Estado de Estados Unidos, Comando Sur de Estados Unidos y cobertura internacional sobre el Escudo de las Américas, Constitución Política de Costa Rica
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