Captura de video, cadena nacional/Presidencia
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, utilizó su más reciente cadena nacional para enviar un mensaje que combinó un llamado al diálogo institucional con nuevas críticas al funcionamiento del Poder Judicial, en momentos en que las relaciones entre ambos poderes atraviesan una etapa de alta tensión.
Bajo el título “¡Quiero Paz!”, el mensaje fue transmitido la noche del domingo 9 de agosto y tuvo como eje central la seguridad ciudadana. Fernández afirmó que recuperar la tranquilidad constituye su principal prioridad y abrió el discurso señalando que levantaba la voz en nombre de las personas que la eligieron para atender lo que describió como la mayor preocupación del país.
Sin embargo, el discurso fue más allá de las políticas policiales.
La mandataria reconoció expresamente que Costa Rica atraviesa una “tensa situación” y que existe una tensión entre los poderes del Estado. Frente a ese escenario, anunció que buscará retomar las conversaciones directas entre los máximos jerarcas institucionales.
Fernández convocará nuevamente a los presidentes de los poderes
Uno de los principales anuncios fue la intención de convocar nuevamente a los presidentes de los Supremos Poderes para establecer objetivos y plazos conjuntos.
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Fernández sostuvo que la situación actual debe conducir a una reflexión y planteó que recuperar la paz requerirá coordinación entre instituciones. La presidenta no anunció durante la cadena una fecha concreta para el encuentro.
La propuesta ocurre después de semanas de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por asuntos como seguridad, presupuesto, decisiones judiciales y el conflicto alrededor de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
El pasado 20 de julio, representantes del Poder Judicial no participaron en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad convocada por el Ejecutivo. Fernández cuestionó entonces la ausencia, mientras desde el Poder Judicial se señaló que la convocatoria coincidía con la sesión de Corte Plena de los lunes.
A esto se sumó el conflicto presupuestario: Hacienda planteó una reducción de ₡27.000 millones para el Poder Judicial durante 2026 y de ₡26.500 millones para 2027, otro de los puntos que ha elevado el tono de la discusión institucional.
“Quiero paz”, pero con críticas directas a la justicia
Aunque el mensaje presentó el diálogo como una de las vías para reducir la confrontación, Fernández no retiró sus cuestionamientos hacia el Poder Judicial.
La presidenta planteó que la discusión no debería entenderse únicamente como una “pelea entre instituciones”, sino en función de un problema que, a su criterio, afecta directamente a la ciudadanía: la inseguridad y la capacidad del Estado para responder frente al delito.
Durante la cadena cuestionó que algunos procesos judiciales puedan tardar años en resolverse y contrastó esa situación con casos en los que personas sospechosas recuperan rápidamente la libertad.
También afirmó que el Poder Judicial debe mejorar sus resultados, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Fernández incluso sostuvo que percibe a magistrados en una “zona de confort” y los cuestionó por lo que considera falta de supervisión y fiscalización.
Se trata de afirmaciones políticas de la mandataria y no de conclusiones independientes sobre el desempeño del Poder Judicial. La prisión preventiva y otras medidas cautelares, además, deben resolverse judicialmente según las circunstancias particulares de cada expediente y los requisitos establecidos en la legislación.
Gobierno destacó cifras de seguridad
La cadena también funcionó como una rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas por el Ejecutivo en materia de seguridad.
En la producción oficial difundida por Presidencia aparecen, entre otros datos, 659 nuevos policías, una reducción de 67 homicidios, 469 asaltos menos y una disminución general de 2.433 casos de delitos contra la propiedad.
La comparación de esas cifras requiere observar los periodos utilizados por el Gobierno para evitar interpretarlas como reducciones absolutas permanentes. En publicaciones oficiales relacionadas, Casa Presidencial ha señalado, por ejemplo, que el dato de 67 homicidios menos corresponde a una comparación específica entre periodos.
El mensaje político de Fernández fue que el Ejecutivo considera que ya está ejecutando medidas para enfrentar la criminalidad, pero que esos esfuerzos deben complementarse con respuestas de otras instituciones.
La mandataria sostuvo que su administración ha presentado 11 iniciativas legislativas que, según su planteamiento, buscan facilitar una respuesta más rápida de los jueces frente al delito.
Seguridad y choque institucional se entrelazan
La cadena ocurre en un contexto particularmente sensible.
En las últimas semanas, la relación entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial se ha deteriorado por discusiones que ya no se limitan al combate de la criminalidad.
El conflicto por las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional generó fuertes críticas desde el Ejecutivo después de que la Sala IV adoptara una resolución para mantener temporalmente la integración necesaria del tribunal mientras la Asamblea Legislativa completa las designaciones.
A ello se añadieron los señalamientos del Gobierno sobre el presupuesto judicial y las críticas públicas a decisiones de jueces.
Precisamente en este contexto, un grupo de 54 docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica difundió esta semana un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial y cuestionó el uso del término “golpe de Estado” por parte de figuras del Ejecutivo para referirse a la controversia constitucional.
El mensaje “Quiero paz” marca, por tanto, un cambio parcial en el tono presidencial al introducir explícitamente la necesidad de retomar el diálogo, pero no implica que hayan desaparecido las diferencias de fondo.
Orlando Aguirre acepta diálogo, pero pone una condición
La convocatoria anunciada por Fernández recibió posteriormente una respuesta positiva del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.
Aguirre consideró positiva la posibilidad de reactivar las reuniones entre jerarcas institucionales y recordó que este tipo de encuentros se realizaban tradicionalmente cada tres meses. No obstante, enfatizó que cualquier diálogo debe partir del respeto a las competencias de cada poder.
Su planteamiento fue que las instituciones pueden coordinar, pero ninguna debe colocarse jerárquicamente sobre las demás.
También propuso que las futuras reuniones tengan una agenda previamente conocida para permitir que cada poder se prepare y aporte dentro de sus propias responsabilidades.
Ese posicionamiento abre una posibilidad de reactivar el canal institucional entre Casa Presidencial y la Corte, aunque las diferencias sobre presupuesto, seguridad y funcionamiento judicial continúan sin resolverse.
Fernández promete rendir cuentas cada tres meses
Otro de los compromisos expresados durante el mensaje fue realizar ejercicios de rendición de cuentas cada tres meses, mientras su administración avanza con las medidas que considera necesarias para recuperar la seguridad.
De esta forma, el “Quiero paz” de Fernández tuvo dos dimensiones: una dirigida directamente a la preocupación ciudadana por la violencia y otra relacionada con la confrontación institucional que se ha intensificado en las últimas semanas.
La próxima convocatoria a los jerarcas de los poderes será el primer indicador para determinar si el mensaje del domingo logra trasladarse a una nueva etapa de diálogo o si las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial continúan escalando.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.
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