El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, manifestó la apertura del Poder Judicial a valorar su participación en el espacio de diálogo planteado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aunque estableció una serie de condiciones que, a su criterio, deberán orientar cualquier eventual conversación.
En el oficio 275-P-2026, fechado el 5 de agosto y dirigido a la Junta Directiva del Colegio, Aguirre agradeció la propuesta para facilitar un espacio en el que se analicen las condiciones que enfrenta actualmente la administración de justicia.
Sin embargo, el documento no constituye todavía una aceptación incondicional de una reunión. El presidente de la Corte señala específicamente que existe disposición a “valorar la participación del Poder Judicial” si la iniciativa llega a concretarse y una vez que sean conocidos sus términos generales.
El planteamiento ocurre en medio de una discusión más amplia sobre el financiamiento del Poder Judicial y las crecientes tensiones institucionales registradas durante las últimas semanas.
Financiamiento no puede convertirse en una negociación, dice Aguirre
Uno de los principales puntos expuestos por el magistrado corresponde al presupuesto destinado a la administración de justicia.
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Aguirre sostiene que cualquier diálogo debe partir del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Constitución Política y la legislación vigente en materia de financiamiento judicial.
Según el presidente de la Corte, una conversación puede servir para determinar cómo garantizar esos recursos, pero no para decidir si deben o no cumplirse las obligaciones legales.
En ese sentido, afirmó que aquello que ordena el marco jurídico “no constituye materia negociable ni concesión entre instituciones”, sino un deber jurídico cuyo cumplimiento permite sostener el funcionamiento del Estado.
El señalamiento tiene especial relevancia debido a que precisamente el tema presupuestario originó la propuesta del Colegio de Abogados.
El pasado 28 de julio, esa organización profesional ofreció funcionar como facilitadora de un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ante las diferencias relacionadas con los recursos destinados al sistema judicial. El Colegio había advertido que una reducción presupuestaria podría afectar tribunales, fiscalías, Defensa Pública y otros servicios.
“No es un pulso” entre poderes
Aguirre también estableció cómo considera que debe entenderse la participación del Poder Judicial dentro de una eventual mesa de conversación.
En el documento sostiene que la institución acudiría en su condición de poder del Estado, encargado de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a la ley y en condiciones de igualdad.
El magistrado reconoce que los diferentes poderes comparten el objetivo de procurar el bienestar general, pero recordó que cada uno desempeña funciones distintas.
En términos generales, plantea que un poder establece reglas vinculantes para la colectividad, otro define el rumbo de gobierno y otro debe garantizar que las actuaciones se mantengan ajustadas al derecho.
A partir de esa diferenciación, Aguirre cuestiona que la actual relación institucional sea presentada como una confrontación o competencia política.
“Describir la relación entre poderes como un pulso establece una equivalencia improcedente”, señaló en la comunicación.
Según su planteamiento, presentar el conflicto de esa manera trasladaría la discusión desde el terreno de las normas jurídicas hacia el de los intereses y voluntades políticas.
Justicia debe tener condiciones para perseguir delitos y proteger derechos
Un tercer criterio establecido por la Presidencia de la Corte se refiere al objetivo concreto que debería tener cualquier eventual conversación.
Para Aguirre, el diálogo debe orientarse a preservar las condiciones materiales necesarias para que la administración de justicia pueda cumplir sus funciones.
Entre ellas menciona expresamente la capacidad para perseguir el delito, proteger a las personas que recurren al sistema en busca de amparo y mantener los servicios judiciales en todo el territorio nacional.
Este punto coincide con los argumentos planteados previamente por el Colegio de Abogados, que ha expresado preocupación por las consecuencias que una reducción de recursos podría generar sobre el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.
La discusión presupuestaria se produce, además, mientras el Poder Judicial enfrenta otros debates públicos relacionados con mora judicial, capacidad operativa, seguridad, nombramiento de magistraturas suplentes e independencia entre poderes.
Aguirre pide que las conversaciones sean transparentes
El presidente de la Corte incorporó otro requisito: cualquier espacio de diálogo debería dejar constancia clara y verificable de las posiciones de los participantes.
La intención, según explicó, es que la ciudadanía tenga acceso a los argumentos utilizados por cada institución y pueda evaluar sus fundamentos.
El planteamiento supone que una eventual negociación o mesa de trabajo no debería desarrollarse únicamente mediante conversaciones privadas sin registro de las razones expuestas por cada parte.
Aguirre también sostiene que el diálogo debe realizarse bajo condiciones de buena fe, imparcialidad, equilibrio y confianza, acompañadas de una disposición real de los participantes para escuchar y comprender las posiciones contrarias.
El objetivo final, señaló, debe ser mejorar la prestación del servicio público de justicia y proteger la vigencia del Estado de derecho.
Colegio ya ha promovido espacios de discusión sobre reforma judicial
La participación del Colegio de Abogados en discusiones relacionadas con la justicia no comenzó con la actual controversia presupuestaria.
NAICR verificó que, en abril de este año, la Junta Directiva de la organización aprobó colaborar con una propuesta denominada “Diálogos propositivos hacia una reforma judicial profunda, democrática y viable”, promovida por el Foro de Justicia.
La iniciativa buscaba reunir diferentes actores para identificar desafíos del sistema judicial y desarrollar propuestas de reforma. El acta del Colegio señala que el espacio contemplaba participación de organizaciones jurídicas, académicas y del Programa Estado de la Nación.
Además, existen antecedentes de cooperación directa entre el Colegio y la Corte. Ambas instituciones han trabajado anteriormente mediante una comisión mixta para analizar acciones dirigidas a disminuir la mora judicial en diferentes jurisdicciones.
El ofrecimiento actual, sin embargo, se presenta en un contexto político considerablemente más tenso.
Respuesta llega después del plantón en defensa del Poder Judicial
Aunque el oficio de Aguirre fue firmado el 5 de agosto, su contenido se conoce públicamente después de la multitudinaria movilización realizada este jueves 6 de agosto en San José y otros puntos del país en defensa de la independencia judicial y la separación de poderes.
Este viernes, el propio Aguirre agradeció públicamente la participación ciudadana y sostuvo que el Poder Judicial continuará defendiendo los derechos de las personas y resguardando la Constitución y la ley, al tiempo que destacó nuevamente el diálogo y el consenso como herramientas necesarias.
La carta enviada al Colegio de Abogados muestra con mayor detalle qué entiende la Presidencia de la Corte por ese diálogo.
No se trata, según el documento, de una negativa a conversar, pero tampoco de plantear que todas las materias puedan ser objeto de negociación.
La posición institucional expresada por Aguirre puede resumirse en cinco condiciones: respeto a las obligaciones legales sobre financiamiento, reconocimiento de las funciones diferenciadas de cada poder, garantía de recursos para mantener la administración de justicia, transparencia de las conversaciones y un diálogo desarrollado de buena fe y en condiciones de equilibrio.
La concreción de una eventual reunión dependerá ahora de los términos que defina el Colegio de Abogados y de la respuesta de los demás actores a los que haya extendido su propuesta.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR con información del Oficio 275-P-2026 de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, firmado por Orlando Aguirre Gómez el 5 de agosto de 2026 y dirigido a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, difundido primeramente por Trivision mediante Facebook.
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