Opinión
Este jueves, mientras ciudadanos, sindicatos, organizaciones sociales y sectores universitarios se concentran en la Plaza de la Democracia y otros puntos del país para manifestarse en defensa del Poder Judicial, Costa Rica vuelve a encontrarse frente a una discusión que va mucho más allá de una resolución de la Sala Constitucional, una nómina de magistrados o una disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.
Lo que está en discusión es cómo entendemos la democracia.
Al momento de redactar este artículo, ciudadanos ya se concentraban en la Plaza de la Democracia para un plantón convocado entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., cuyo objetivo declarado es respaldar la independencia del Poder Judicial y la división de poderes. También se desarrollan concentraciones en otros puntos del país.
Manifestarse es legítimo. Criticar al Gobierno también lo es. Defender al Poder Judicial es legítimo. Y expresar preocupación por cualquier comportamiento que una persona considere una amenaza contra la institucionalidad forma parte precisamente de aquello que caracteriza a una democracia.
Pero hay otra afirmación que debería resultar igualmente democrática: cuestionar una actuación del Poder Judicial también es legítimo.
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Ahí parece estar perdiéndose una parte importante de esta discusión.
Separación de poderes no significa poderes sin límites
La Constitución Política es bastante clara en su artículo 9: Costa Rica es gobernada por el pueblo y por tres poderes “distintos e independientes entre sí”: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El mismo artículo agrega una disposición fundamental: ninguno puede delegar el ejercicio de las funciones que le son propias.
Esa frase debería servir como punto de partida para todos.
La independencia del Poder Judicial no significa subordinación al Poder Ejecutivo.
Pero tampoco significa supremacía sobre el Ejecutivo o el Legislativo.
La independencia del Poder Legislativo no le permite administrar justicia. La independencia del Ejecutivo no le permite dictar sentencias. Y la independencia judicial tampoco debería interpretarse como una autorización automática para sustituir competencias que constitucionalmente correspondan a otro poder.
La división existe precisamente porque ningún actor debería concentrar todas las decisiones.
Y aquí aparece el centro de la controversia actual.
La propia Constitución establece, en su artículo 121, que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
Durante este año, el Congreso intentó en diferentes ocasiones elegir a las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional sin alcanzar el consenso requerido. Posteriormente, el Plenario acordó, mediante una votación de 29 contra 26, devolver a la Corte la nómina de 18 candidatos.
La Sala Constitucional, por su parte, había advertido que la falta de suplentes estaba afectando su funcionamiento. En junio informó que existían 87 expedientes con inhibitorias cuya resolución podía verse comprometida y pidió al Congreso completar los nombramientos.
Esos dos hechos pueden ser ciertos simultáneamente.
El Poder Legislativo tiene una atribución constitucional.
Y la Sala Constitucional tiene una necesidad real de mantenerse integrada y resolver los asuntos que llegan a su conocimiento.
La pregunta compleja aparece cuando la solución para preservar el funcionamiento de una institución roza —o, según sus críticos, invade— una atribución asignada a otra.
Eso merece discusión jurídica. No consignas.
Cuestionar una resolución no equivale a atacar la democracia
Una democracia saludable no debería obligarnos a elegir entre dos extremos: respaldar todo lo que haga el Poder Judicial o ser considerados enemigos de la institucionalidad.
Las resoluciones judiciales pueden y deben respetarse dentro del ordenamiento jurídico, pero eso no significa que sean inmunes a la crítica.
Los magistrados interpretan la Constitución. Los diputados interpretan políticamente su mandato. El Ejecutivo toma decisiones administrativas y plantea políticas públicas.
Todos pueden equivocarse.
Y todos deben estar sujetos al escrutinio ciudadano.
Por eso considero legítima la preocupación de quienes se preguntan hasta dónde puede llegar una interpretación constitucional cuando sus efectos terminan incidiendo sobre una competencia que el texto constitucional atribuye expresamente a otro poder.
Hacer esa pregunta no significa querer cerrar tribunales, eliminar la Sala Constitucional ni concentrar el poder en Casa Presidencial.
Significa precisamente discutir los límites.
Ahora bien, la misma exigencia debe aplicarse al Gobierno.
Calificar una controversia institucional como un “golpe de Estado” es una expresión de enorme peso en una democracia. La presidenta Laura Fernández utilizó esa denominación después de la resolución relacionada con las magistraturas suplentes, mientras representantes oficialistas posteriormente promovieron acciones judiciales contra los magistrados que respaldaron el voto de mayoría.
El Gobierno tiene derecho a cuestionar una resolución.
Tiene derecho a considerar que existe una extralimitación.
Tiene derecho incluso a recurrir a los mecanismos jurídicos disponibles para intentar establecer responsabilidades si considera que se cometió un delito.
Pero la firmeza política no necesita convertirse en una escalada permanente del lenguaje.
Precisamente porque las palabras pronunciadas desde la Presidencia tienen consecuencias.
Tampoco toda crítica al Poder Judicial es autoritarismo
Este punto merece especial atención.
En los últimos años hemos visto en distintos países cómo gobiernos electos democráticamente han intentado debilitar tribunales, organismos electorales, congresos, medios de comunicación y sistemas de control.
Por eso es comprensible que una parte de la ciudadanía permanezca alerta.
Pero esa experiencia internacional tampoco debería llevarnos al error contrario: interpretar automáticamente cualquier crítica hacia jueces o magistrados como una amenaza autoritaria.
Un Poder Judicial fuerte no es un Poder Judicial intocable.
Una Sala Constitucional independiente no es una Sala Constitucional incuestionable.
Y una Corte protegida contra interferencias políticas tampoco debería quedar protegida contra el escrutinio público.
La democracia exige independencia, pero también rendición de cuentas.
Lo mismo debería decirse del Ejecutivo.
Y del Congreso.
El plantón también es democracia
Quienes hoy decidieron salir a la calle tienen todo el derecho de hacerlo.
No importa si compartimos totalmente, parcialmente o absolutamente nada de lo que defienden.
La manifestación pacífica es una expresión democrática.
Costa Rica no se fortalece cuando solo escuchamos a quienes piensan como nosotros. Se fortalece cuando una persona puede marchar contra el Gobierno y otra puede defenderlo, y ambas regresan a sus casas sabiendo que mañana continuarán teniendo exactamente los mismos derechos.
El desacuerdo no es el problema.
El problema aparece cuando empezamos a considerar ilegítima la existencia del que piensa diferente.
Las personas que hoy defienden al Poder Judicial no son enemigas del Gobierno simplemente por hacerlo.
Las personas que respaldan al Gobierno no son enemigas de la democracia simplemente por cuestionar una sentencia.
Y quienes creen que ambas partes han cometido errores tampoco están obligados a escoger una trinchera.
CONARE señaló un camino que vale la pena escuchar
Un día antes de la manifestación, el Consejo Nacional de Rectores hizo un pronunciamiento que quizá debería recibir más atención de todos los sectores.
CONARE expresó preocupación por el “clima de creciente tensión institucional” e hizo un llamado para que las diferencias sean resueltas mediante las vías institucionales, respetando la Constitución, el Estado de derecho y la independencia de los poderes.
También pidió prudencia, responsabilidad, respeto recíproco y diálogo para reducir la polarización.
Hay una parte especialmente relevante de ese mensaje: defender la institucionalidad no consiste solamente en defender una institución.
Consiste en defender el sistema completo.
El Ejecutivo.
El Legislativo.
El Judicial.
El Tribunal Supremo de Elecciones.
Las instituciones de control.
La libertad de prensa.
La participación ciudadana.
Y, sobre todo, las reglas que establecen hasta dónde puede llegar cada uno.
Costa Rica tiene una reputación que cuidar
Costa Rica no puede tratar su democracia como si fuera un patrimonio indestructible.
Internacionalmente, el país continúa apareciendo entre las democracias más sólidas de la región. Freedom House calificó a Costa Rica como un país “libre” en su informe de 2026, con 91 puntos sobre 100, y destaca su larga trayectoria de estabilidad democrática, alternancia mediante elecciones creíbles, libertades de expresión y asociación y un Estado de derecho generalmente sólido.
Esa reputación no surgió porque los costarricenses nunca discutieran.
Todo lo contrario.
Costa Rica ha atravesado crisis políticas, enfrentamientos entre poderes, controversias constitucionales, protestas, huelgas y gobiernos profundamente impopulares.
La diferencia está en cómo se resuelven esas disputas.
La imagen democrática del país no se protege fingiendo que no existen diferencias. Se protege demostrando que incluso las diferencias más graves pueden resolverse mediante leyes, tribunales, elecciones, diálogo, control político y participación ciudadana.
Perder eso sí sería peligroso.
Ni obediencia ciega ni poder absoluto
Personalmente, creo que hay una idea que debería sobrevivir a esta coyuntura: ningún poder debe tener miedo de ser cuestionado y ningún poder debe considerarse por encima de los demás.
Si una resolución judicial genera dudas razonables sobre el alcance de las competencias constitucionales, debe poder discutirse.
Si una actuación del Ejecutivo pone en riesgo la independencia de otro poder, debe denunciarse.
Si el Congreso incumple durante meses una responsabilidad que afecta el funcionamiento de una institución, debe asumir el costo político y explicar sus decisiones.
Y si ciudadanos consideran que algo amenaza el equilibrio institucional, deben poder manifestarse.
Eso es democracia.
No es cómoda.
No está diseñada para que siempre gane el sector con el que simpatizamos.
A veces una institución tomará una decisión que nos parece incorrecta. A veces el Gobierno que respaldamos recibirá un revés. A veces quienes adversamos tendrán argumentos válidos. Y otras veces tendremos que aceptar que una decisión legal puede ser obligatoria aunque políticamente nos incomode.
Esa dificultad no es un defecto del sistema.
Es precisamente una de sus garantías.
La separación de poderes se defiende en ambas direcciones
Quienes hoy están en la Plaza de la Democracia tienen razón en algo esencial: Costa Rica debe proteger la independencia de sus instituciones.
Pero esa defensa debe ser completa.
Defender la independencia judicial significa impedir que un Gobierno controle a los jueces.
Defender la independencia legislativa significa impedir que otro poder sustituya las decisiones que la Constitución reservó al Congreso.
Defender al Ejecutivo significa permitirle gobernar dentro de sus competencias sin que otro órgano asuma funciones administrativas que no le corresponden.
Los límites funcionan en todas las direcciones.
Tal vez ahí exista un punto de encuentro posible entre quienes hoy marchan y quienes respaldan al Gobierno.
Nadie debería querer un presidente absoluto.
Nadie debería querer un Congreso absoluto.
Y tampoco deberíamos querer una Corte absoluta.
Lo que necesitamos son instituciones suficientemente fuertes para defender sus competencias y suficientemente prudentes para reconocer sus límites.
Costa Rica no necesita que todos pensemos igual.
Necesita que, incluso pensando radicalmente distinto, sigamos reconociendo las mismas reglas.
Porque una democracia no demuestra su fortaleza cuando no existe conflicto.
La demuestra cuando puede atravesarlo sin destruirse.
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