La Fiscalía General de la República abrió una causa penal contra la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, relacionada con el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal (PCF).
El expediente fue registrado con el número 26-000076-0033-PE y busca determinar si existió alguna actuación contraria al ordenamiento jurídico durante el proceso que permitió la designación de Tenorio, según información confirmada por el Ministerio Público a CR Hoy.
La apertura de una causa penal no significa que Fernández o Chaves hayan cometido un delito ni constituye una acusación formal. Se trata del inicio de una investigación en la que la Fiscalía deberá recopilar y valorar los elementos relacionados con el nombramiento.
El punto de discusión se encuentra en los requisitos que debe cumplir quien dirige un cuerpo policial y en una modificación reglamentaria aprobada por el Poder Ejecutivo apenas días antes de que Tenorio asumiera la jefatura de la PCF.
Tenorio asumió el cargo el 22 de junio
El Ministerio de Hacienda anunció oficialmente el 22 de junio de 2026 que Katherine Tenorio Ruiz asumía la Dirección de la Policía de Control Fiscal.
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En ese comunicado, Hacienda destacó que Tenorio es abogada, notaria y criminóloga, cuenta con una maestría en Derecho y Negocios Internacionales y posee experiencia en investigaciones relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, hacendarios y penales.
También había trabajado anteriormente como investigadora fiscal dentro de la propia PCF, como criminóloga en investigaciones relacionadas con Panamá Papers y fraude complejo y como asesora jurídica en otras instituciones públicas.
El cuestionamiento que dio origen a la controversia no se centra, por tanto, en esos títulos académicos o experiencia profesional, sino en si Tenorio debía contar además con un grado policial de comisionada antes de poder ocupar la Dirección.
La ley establece un requisito para directores policiales
NAICR revisó la Ley General de Policía N.° 7410.
Su artículo 65 establece que todo cuerpo policial debe contar con un director y un subdirector y dispone expresamente que los directores deben ostentar, como mínimo, el grado de comisionado de policía, mientras que los subdirectores deben poseer al menos el grado de comandante.
La Policía de Control Fiscal está expresamente reconocida por esa misma legislación como uno de los cuerpos policiales del Estado y tiene entre sus funciones proteger los intereses tributarios, combatir la evasión y perseguir delitos de naturaleza fiscal.
La controversia aparece porque, antes del nombramiento de Tenorio, el Gobierno modificó el reglamento específico de la Policía de Control Fiscal.
Gobierno modificó reglamento cuatro días antes
El Decreto Ejecutivo N.° 45832-H fue firmado por Laura Fernández y Rodrigo Chaves el 9 de junio y publicado en La Gaceta el 18 de junio de 2026.
La norma agregó dos artículos al Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de la Policía de Control Fiscal para establecer nuevos requisitos para quienes ocupen la Dirección y Subdirección.
Para la Dirección, el decreto establece que se trata de un puesto de libre nombramiento y remoción del ministro de Hacienda y señala como requisito una licenciatura en un área relacionada con las funciones o, alternativamente, demostrar idoneidad técnica y cumplir el Manual Descriptivo de Puestos.
Pero la modificación agregó una disposición que se convirtió en el centro del cuestionamiento:
“Este nombramiento no requerirá la posesión de grados policiales”.
La misma disposición fue incorporada para la Subdirección.
Cuatro días después de la publicación del decreto, el 22 de junio, Hacienda anunció oficialmente que Tenorio asumía la Dirección de la Policía de Control Fiscal.
Es precisamente la relación entre la ley, la reforma reglamentaria y el posterior nombramiento la que ahora deberá analizar el Ministerio Público.
Procuraduría ya había estudiado el tema en 2021
Hay un antecedente relevante.
En junio de 2021, el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, consultó a la Procuraduría General de la República sobre los requisitos aplicables a la Dirección y Subdirección de cuerpos policiales.
En el dictamen C-171-2021, la Procuraduría concluyó que los directores y subdirectores de los distintos cuerpos policiales dependientes del Poder Ejecutivo debían ostentar, respectivamente, los grados mínimos de comisionado y comandante.
El criterio fue más allá.
La Procuraduría explicó que, aunque esos puestos sean de confianza y de libre nombramiento y remoción, deben respetarse los requisitos establecidos mediante ley.
También sostuvo que la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo tiene límites: un reglamento puede desarrollar una ley, pero no puede modificar, ampliar, eliminar o dejar sin efecto requisitos que el legislador haya establecido.
Ese criterio es particularmente relevante frente al decreto de junio de 2026, pues la nueva disposición reglamentaria establece expresamente que para dirigir la PCF no se requiere poseer grados policiales.
Será ahora la Fiscalía la que determine si esa actuación puede tener consecuencias dentro del ámbito penal.
No es la primera vez que surge esta discusión en la PCF
El requisito del grado policial ya había generado una controversia dentro de la Policía de Control Fiscal años atrás.
En 2021, el nombramiento de Jacqueline Soto como directora de ese cuerpo también fue cuestionado porque inicialmente no contaba con el grado de comisionada.
En aquel momento, luego del criterio de la Procuraduría, Hacienda informó que otorgó formalmente los grados correspondientes a la directora y subdirectora mediante acuerdos administrativos.
El caso actual presenta una diferencia importante: en lugar de otorgar previamente el grado policial requerido, el nuevo decreto aprobado por Fernández y Chaves estableció que la Dirección y Subdirección no necesitarían poseer grados policiales.
Chaves ocupa actualmente Hacienda y Presidencia
Rodrigo Chaves, quien fue presidente de Costa Rica entre 2022 y 2026, forma actualmente parte del Gobierno de Laura Fernández.
La propia Presidencia de la República confirma que desde mayo de 2026 fue nombrado ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, por lo que aparece como uno de los firmantes del Decreto Ejecutivo 45832-H junto con Fernández.
La investigación deberá determinar qué participación tuvo cada uno en las actuaciones cuestionadas y si estas se mantuvieron dentro de las facultades legales del Poder Ejecutivo.
¿Qué significa que la Fiscalía haya abierto una causa?
Por ahora, el elemento confirmado es la existencia del expediente penal.
No se ha informado públicamente que exista una acusación, una solicitud de medidas judiciales o una conclusión de que el nombramiento sea efectivamente ilegal.
La Fiscalía deberá analizar, entre otros elementos, la Ley General de Policía, el Decreto Ejecutivo 45832-H, los criterios de la Procuraduría, el expediente administrativo del nombramiento y los atestados de Tenorio.
También deberá establecer si una eventual contradicción entre una ley y un reglamento representa únicamente una discusión de legalidad administrativa o si existen elementos suficientes para configurar algún delito.
Por esa razón, aunque la denuncia cuestiona el nombramiento como ilegal, esa conclusión todavía no ha sido determinada judicialmente.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.
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