La propuesta parece sencilla: sentar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial alrededor de una misma mesa, bajar el tono de una confrontación que lleva semanas escalando y buscar una salida al conflicto por los recursos destinados a la administración de justicia.
Sin embargo, la respuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, evidencia que antes de que esa mesa pueda siquiera comenzar existe una discusión más profunda: qué cosas pueden realmente negociarse entre dos poderes de la República y cuáles están delimitadas previamente por el ordenamiento jurídico.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ofreció a finales de julio facilitar un diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ante las diferencias presupuestarias. La organización argumentó que una reducción de recursos puede repercutir directamente sobre tribunales, fiscalías, Defensa Pública y otros servicios esenciales.
Días después llegó la respuesta de Aguirre.
En el oficio 275-P-2026, fechado el 5 de agosto y dirigido a la Junta Directiva del Colegio, el magistrado agradece la iniciativa y manifiesta apertura a valorar la participación del Poder Judicial si el encuentro llega a concretarse y una vez conocidos sus términos.
Unirme al Canal
Pero no ofrece un sí irrestricto.
El documento establece cinco criterios que, en la práctica, condicionan esa eventual participación y convierten la propuesta del Colegio en algo más complejo que una mediación presupuestaria.
La primera diferencia: el Colegio propone acercar posiciones; la Corte dice que hay cosas que no son posiciones
Aquí está probablemente el elemento central de la respuesta.
Una mediación normalmente presupone que existen dos partes con planteamientos distintos y que ambas pueden realizar concesiones hasta encontrar un punto intermedio.
Aguirre cuestiona parcialmente esa lógica cuando se trata del financiamiento del Poder Judicial.
Su tesis es que la conversación puede servir para establecer cómo cumplir las obligaciones financieras que establece el ordenamiento, pero no para decidir si esas obligaciones se cumplen.
En palabras del oficio, aquello que la Constitución y la ley ordenan no constituye “materia negociable ni concesión entre instituciones”.
La distinción no es menor.
La Presidencia de la Corte intenta trasladar el debate desde una lógica política —“cuánto pide uno, cuánto está dispuesto a dar el otro y dónde se encuentran”— hacia una lógica jurídica: primero debe determinarse cuál es el piso que establece el ordenamiento y, únicamente después, qué márgenes administrativos o presupuestarios pueden discutirse.
Pero la Constitución también le da facultades al Ejecutivo
Ese planteamiento requiere una precisión importante.
El artículo 177 de la Constitución Política efectivamente establece una protección presupuestaria particular para el Poder Judicial: el proyecto de presupuesto debe asignarle una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico.
Pero el mismo artículo también establece que la preparación del presupuesto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo y que el órgano especializado encargado de esa tarea puede reducir o suprimir partidas incluidas en los anteproyectos, incluso las planteadas por la Corte Suprema de Justicia.
Eso significa que ninguno de los extremos resume por sí solo todo el marco constitucional.
El Poder Judicial posee una garantía mínima de financiamiento, precisamente relacionada con su independencia y funcionamiento; pero el Ejecutivo mantiene competencias constitucionales dentro de la formulación presupuestaria.
Por ello, decir que “el presupuesto judicial no se puede tocar” sería una simplificación. También lo sería plantear que Hacienda dispone de libertad absoluta para reducir recursos sin tomar en consideración las garantías constitucionales y las funciones que esos recursos sostienen.
Ahí está uno de los posibles campos reales para una mesa de diálogo: no negociar la existencia de las competencias constitucionales de cada poder, sino discutir cómo ejercerlas sin impedir que el otro cumpla las suyas.
Dos discusiones presupuestarias que no deben confundirse
Parte del debate público de las últimas semanas puede resultar confuso porque actualmente existen, al menos, dos frentes presupuestarios diferentes relacionados con el Poder Judicial.
El primero corresponde a 2026.
Hacienda comunicó una retención de aproximadamente ₡3.053 millones en las cuotas de gasto del tercer y cuarto trimestre. Según los cálculos presentados por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, esto representa cerca del 42,4% de los recursos operativos que la institución tenía previstos para lo que restaba del año.
No significa que se haya eliminado el 42% de todo el presupuesto anual del Poder Judicial.
La cifra corresponde al impacto de esa retención sobre determinados recursos operativos disponibles para el cierre del año.
Además, ese ajuste se produjo después de que la Corte acordara previamente ceder alrededor de ₡13.242 millones, por lo que las autoridades judiciales sostienen que nuevos recortes pueden afectar combustible, viáticos, peritajes, investigaciones, juicios, atención de víctimas y otras actividades.
La segunda discusión es el presupuesto de 2027.
La Corte aprobó un anteproyecto de ₡530.183,17 millones, ajustado al límite comunicado por Hacienda. Esa cifra representa ₡11.342,51 millones menos que el presupuesto de 2026 y, según el Poder Judicial, únicamente cubre requerimientos mínimos de funcionamiento y no contempla crecimiento de nuevas plazas.
Aunque ambas situaciones están relacionadas, jurídicamente y presupuestariamente no son lo mismo.
Una mesa de diálogo útil tendría que separar claramente ambas discusiones.
El Colegio de Abogados tampoco llega como un mediador sin posición
Hay otro aspecto que merece atención.
El Colegio de Abogados se ofreció como facilitador, pero antes de proponer la mesa ya había fijado públicamente una posición sobre el conflicto.
La organización cuestionó los recortes y advirtió que desfinanciar al Poder Judicial podría afectar la tutela judicial efectiva, el acceso oportuno a la justicia, la seguridad jurídica y la protección de derechos.
Por eso, sería más preciso entender su participación como la de un facilitador institucional preocupado por el funcionamiento del sistema de justicia, y no necesariamente como la de un tercero completamente ajeno a la controversia.
Eso no invalida la iniciativa.
De hecho, el Colegio reúne a profesionales que interactúan diariamente con tribunales, fiscalías y despachos judiciales, por lo que posee experiencia directa sobre las consecuencias prácticas de una eventual reducción de servicios.
Pero sí supone que los términos de la mesa deberán estar bien definidos para evitar que alguna de las partes considere que el mecanismo comienza inclinado hacia una posición determinada.
Aguirre rechaza otra idea: que exista un “pulso” entre poderes
El segundo elemento político relevante de la carta aparece cuando Aguirre cuestiona describir la relación actual como un enfrentamiento en el que uno de los poderes debe imponerse sobre el otro.
Para el presidente de la Corte, hablar de un “pulso” desplaza la discusión desde las reglas jurídicas hacia el terreno de las voluntades y los intereses políticos.
La argumentación es consistente con el papel que Aguirre intenta asignar a una eventual mesa.
El Poder Judicial no acudiría, según su planteamiento, como un sector que busca obtener una concesión del Gobierno, sino como uno de los poderes constitucionales reclamando las condiciones que considera necesarias para cumplir las competencias que tiene asignadas.
Por el otro lado, el Ejecutivo sostiene que sus decisiones responden a criterios de austeridad, sostenibilidad fiscal y contención del gasto estatal. El Gobierno ha defendido públicamente que la situación de las finanzas públicas obliga a aplicar restricciones presupuestarias, mientras las autoridades judiciales consideran que determinados ajustes ya ponen en riesgo funciones esenciales.
La diferencia, por tanto, no es solamente sobre números.
También es sobre la interpretación de hasta dónde puede llegar la disciplina fiscal cuando afecta a un poder constitucional independiente.
La tercera condición: demostrar qué se afecta realmente
Aquí aparece un punto donde una mesa podría generar resultados verificables.
El Poder Judicial afirma que los recortes comprometen investigaciones, combustible del OIJ, peritajes, juicios, horas extraordinarias, protección de víctimas y otros servicios.
Hacienda, por su parte, sostiene una política de contención del gasto.
Una conversación técnica podría obligar a ambas partes a abandonar parcialmente el terreno discursivo y colocar sobre la mesa datos concretos:
¿Cuánto dinero está efectivamente disponible?
¿Cuánto se ha ejecutado?
¿Cuáles partidas pueden ajustarse sin afectar servicios?
¿Cuáles operaciones desaparecerían o se reducirían?
¿Cuál es el costo real de mantenerlas?
¿Existen recursos subejecutados?
¿Qué necesidades son nuevas y cuáles corresponden al funcionamiento ordinario?
Ese tipo de discusión sería sustancialmente diferente a plantear simplemente que uno de los poderes “quiere más presupuesto” y el otro “quiere recortarlo”.
La propia Corte ha publicado documentación del presupuesto 2027 y sostiene que el monto de ₡530.183 millones ya fue elaborado bajo las restricciones comunicadas por Hacienda.
Una mesa con información pública y comparable podría permitir verificar esas afirmaciones.
Transparencia: una condición poco mencionada, pero relevante
Aguirre incluye además un elemento que puede convertirse en una de las claves de cualquier eventual diálogo: pide que quede constancia clara y verificable de las posiciones y argumentos de cada participante.
Esto significa que la conversación no debería producir únicamente un comunicado final anunciando que hubo “acercamientos”.
La ciudadanía debería poder conocer qué solicitó el Poder Judicial, qué respondió el Ejecutivo, cuáles datos presentó cada uno y por qué se alcanzó —o no— un acuerdo.
Ese planteamiento tiene una importancia especial debido al nivel de confrontación política actual.
Cuando la confianza entre instituciones disminuye, una negociación completamente privada puede alimentar posteriormente versiones contradictorias sobre lo sucedido.
Documentar el proceso reduce ese margen.
La mesa llegaría en un momento mucho más amplio que una disputa presupuestaria
Aunque la iniciativa nació alrededor de los recursos del Poder Judicial, sería difícil aislarla del contexto institucional actual.
En las últimas semanas se han acumulado controversias por el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, resoluciones judiciales cuestionadas por el oficialismo, acciones legales contra magistrados, fuertes declaraciones desde el Ejecutivo y manifestaciones ciudadanas en defensa de la independencia judicial.
La movilización de este jueves en la Plaza de la Democracia demostró que el conflicto ya trascendió las oficinas gubernamentales y judiciales y llegó al debate público.
Por eso, una eventual mesa podría convertirse en algo más que una discusión financiera.
Podría funcionar como un mecanismo para reducir la confrontación institucional, siempre que no se utilice para negociar competencias constitucionales, procesos judiciales concretos o decisiones que corresponden exclusivamente a alguno de los poderes.
Ese es probablemente el límite más importante.
El diálogo entre poderes es normal y necesario en una democracia. La subordinación de uno frente al otro no lo es.
¿Aceptó realmente Orlando Aguirre la propuesta?
No completamente.
La lectura precisa del oficio muestra que Aguirre no confirmó todavía su asistencia a una reunión con fecha, formato y participantes definidos.
Lo que hizo fue recibir favorablemente el ofrecimiento y manifestar apertura a valorar la participación del Poder Judicial una vez que se conozcan los términos generales.
Después estableció las condiciones bajo las cuales considera que ese diálogo debería producirse.
Esto convierte su respuesta en un sí condicionado, más que en una aceptación definitiva.
Tampoco existe, entre las fuentes públicas revisadas por NAICR al cierre de este análisis, una confirmación posterior de Casa Presidencial aceptando formalmente la mesa. Cuando el Colegio presentó públicamente la propuesta el 28 de julio, Teletica consultó al Ejecutivo y no obtuvo respuesta al cierre de aquella publicación.
El verdadero reto no es sentarse: es definir para qué
La propuesta del Colegio de Abogados puede ayudar a reducir tensiones, pero su éxito no dependerá simplemente de conseguir una fotografía de representantes del Gobierno y de la Corte sentados alrededor de una mesa.
El desafío será definir previamente qué puede discutirse, qué datos deben presentarse, qué decisiones corresponden a cada institución y cuáles límites no pueden cruzarse.
La respuesta de Orlando Aguirre deja claro que el Poder Judicial está dispuesto a conversar, pero no entiende esa conversación como una negociación política convencional.
El Ejecutivo, por su parte, tiene atribuciones constitucionales reales dentro del proceso presupuestario y responsabilidades relacionadas con la sostenibilidad fiscal.
Precisamente por eso el eventual diálogo no debería partir de la idea de que una parte tiene que derrotar a la otra.
La pregunta de fondo es diferente:
¿cómo puede el Estado contener y administrar responsablemente el gasto público sin comprometer las condiciones materiales necesarias para que uno de sus poderes constitucionales ejerza sus funciones?
Si una mesa consigue responder esa pregunta con cifras, reglas claras y decisiones verificables, la propuesta del Colegio podría tener utilidad.
Si se convierte únicamente en otro escenario para trasladar la confrontación política, probablemente terminará confirmando aquello que precisamente pretende resolver.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.
Compartir esta noticia
Sobre el autor
