Fotografía: Monumental
Un grupo de 54 docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su respaldo a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre el nombramiento de magistraturas suplentes y manifestó un rechazo categórico al uso del concepto de “golpe de Estado” para referirse a la actuación del tribunal.
La posición está contenida en un pronunciamiento denominado En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense, firmado por profesores, profesoras y docentes eméritos y jubilados vinculados con la Facultad de Derecho. La UCR divulgó además un comunicado de prensa para contextualizar el documento y recoger declaraciones de algunos de sus firmantes.
El pronunciamiento surge en medio de la controversia institucional generada por la resolución de la Sala IV que prorrogó provisionalmente los nombramientos de magistraturas suplentes vencidos y dejó sin efecto las decisiones legislativas mediante las cuales se pretendía devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos. El tribunal también ordenó que esa lista vuelva a ser conocida por el Plenario Legislativo.
Docentes respaldan actuación de la Sala Constitucional
Las personas firmantes consideran que la actuación de la Sala representa el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas al tribunal y sostienen que la medida protege elementos esenciales como la tutela de derechos fundamentales y la independencia judicial.
Para los académicos, la democracia constitucional no puede reducirse únicamente a la regla de las mayorías o al resultado de una elección.
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El documento sostiene que también requiere autoridades sometidas a la Constitución, controles institucionales independientes, separación efectiva de poderes y mecanismos capaces de garantizar los derechos fundamentales de las personas.
“Ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho”, plantea el pronunciamiento al defender que cada poder del Estado debe respetar las competencias constitucionales atribuidas a los demás.
El texto no constituye un acuerdo formal del Consejo Universitario ni una posición institucional adoptada por toda la Universidad, sino un pronunciamiento suscrito por las personas docentes firmantes y posteriormente divulgado por los canales informativos de la UCR.
También reconocen el derecho a cuestionar a los tribunales
Uno de los puntos relevantes del documento es que los firmantes no plantean que las decisiones judiciales estén exentas de crítica.
Por el contrario, reconocen expresamente que los fallos de los tribunales, al igual que las decisiones de cualquier órgano estatal, pueden ser analizados, discutidos y cuestionados públicamente.
La diferencia, según su planteamiento, está en que esas discrepancias deben tramitarse respetando el orden constitucional y mediante los mecanismos institucionales disponibles.
Mientras una resolución judicial permanezca vigente, sostienen, corresponde respetarla y acatarla, sin perjuicio de utilizar las vías previstas para cuestionarla, revisarla o procurar su modificación.
Rechazan expresión de “golpe de Estado”
El pronunciamiento dedica una parte específica a las reacciones surgidas desde el Poder Ejecutivo.
Los docentes manifestaron un “categórico rechazo” al uso de la expresión “golpe de Estado” para describir el conflicto relacionado con las magistraturas suplentes. A criterio de los firmantes, aplicar ese concepto a una controversia institucional dentro del funcionamiento de una democracia desvirtúa su significado histórico y jurídico y puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
La reacción académica ocurre después de que la presidenta de la República, Laura Fernández, junto con diputados oficialistas, calificara como un “golpe de Estado” la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Constitucional y anunciara acciones judiciales contra los cuatro magistrados que respaldaron el fallo.
La resolución fue adoptada por cuatro votos contra tres. La mayoría estuvo integrada por Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera, mientras Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto.
Conflicto comenzó por falta de acuerdo en el Congreso
La controversia se origina en el proceso para elegir nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
La Corte Plena remitió en octubre de 2025 una nómina de 18 candidaturas a la Asamblea Legislativa. Después de 11 rondas de votación, ninguno de los aspirantes alcanzó los votos requeridos para ser designado.
Posteriormente, la Asamblea tomó decisiones encaminadas a devolver la nómina y solicitar nuevos nombres, pero la Sala Constitucional dejó esos acuerdos sin efecto al resolver un recurso de amparo presentado por una persona cuyos expedientes no podían ser resueltos debido a la falta de suplentes.
La Sala dispuso que las anteriores magistraturas suplentes puedan integrarse temporalmente únicamente en asuntos urgentes e indispensables, mientras el Congreso completa las designaciones. A mediados de julio, 123 expedientes permanecían sin resolución por inhibitorias o recusaciones que impedían conformar el tribunal.
Académicos advierten sobre una posible erosión institucional
Alejandro Guevara, uno de los profesores firmantes, explicó que la decisión de emitir el pronunciamiento responde a lo que considera un deber de la academia de observar y defender las condiciones necesarias para una República democrática y un Estado de Derecho.
Guevara mencionó entre sus preocupaciones recientes el conflicto presupuestario relacionado con el Poder Judicial y la falta de nombramiento de magistraturas suplentes.
Rosaura Chinchilla, también firmante, cuestionó el uso reiterado de conceptos como “golpe de Estado” y “dictadura”, al considerar que pueden contribuir a deslegitimar instituciones y normalizar expresiones vinculadas con escenarios autoritarios.
El pronunciamiento concluye con un llamado dirigido a la comunidad jurídica, académica y a la ciudadanía para reafirmar su compromiso con la República democrática, el Estado Constitucional de Derecho y las instituciones encargadas de garantizarlo.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR con información suministrada en el Pronunciamiento En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense, suscrito por docentes de Derecho de la UCR. Ademas del comunicado CPOCI-52-2026 divulgado por la Universidad de Costa Rica sobre el pronunciamiento y declaraciones de Alejandro Guevara y Rosaura Chinchilla.
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