El exmandatario venezolano Nicolás Maduro compareció este miércoles ante un tribunal federal de Manhattan como parte del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y uso de armas.
Maduro acudió junto con su esposa, Cilia Flores, a una audiencia previa al juicio ante el juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa uno de los procesos criminales de mayor impacto político y diplomático de los últimos años en Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos en una cárcel federal de Brooklyn y se han declarado inocentes.
Juicio podría comenzar en junio de 2027
La principal novedad surgió de un documento presentado conjuntamente por los fiscales del Departamento de Justicia y los abogados de la defensa.
Las partes propusieron que el juicio comience en junio de 2027, casi un año después de esta nueva comparecencia. Sin embargo, el calendario todavía no es definitivo, debido a que corresponde al juez Hellerstein aprobarlo o realizar los cambios que considere necesarios.
La extensión del proceso responde a la complejidad del expediente, la cantidad de evidencia, la existencia de material clasificado y los recursos que la defensa pretende presentar antes de que el caso llegue ante un jurado.
Unirme al Canal
Defensa alegará inmunidad como jefe de Estado
El primer grupo de solicitudes para intentar desestimar la acusación podría ser presentado antes del 2 de septiembre de 2026.
Entre los principales argumentos estaría que Maduro no podía ser procesado por tribunales estadounidenses debido a la inmunidad que, según sus abogados, le correspondía como presidente de un Estado soberano al momento de su captura.
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, también pretende cuestionar la legalidad del operativo mediante el cual fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en Caracas el pasado 3 de enero y los trasladaron a Nueva York.
Pollack ha descrito la operación como una “captura militar” ilegal, mientras que Maduro sostiene que fue secuestrado y se considera un “prisionero de guerra”. El Gobierno de Donald Trump, por su parte, defiende el procedimiento como una operación destinada a ejecutar una orden judicial relacionada con una causa penal abierta desde 2020.
Evidencia clasificada retrasará el proceso
El calendario propuesto contempla una segunda ronda de recursos para el 11 de enero de 2027, una vez que la Fiscalía entregue a los abogados parte de la información clasificada que podría utilizarse durante el proceso.
La revisión de estos documentos deberá realizarse bajo procedimientos especiales, debido a que podrían contener información de inteligencia, detalles operativos o material considerado sensible para la seguridad nacional estadounidense.
Después de resolver esos reclamos, el tribunal podrá determinar qué pruebas serán admitidas, cuáles argumentos continuarán vigentes y si el expediente cuenta con las condiciones necesarias para pasar a juicio.
¿De qué acusa Estados Unidos a Maduro?
La acusación original fue presentada por el Departamento de Justicia en marzo de 2020.
Según la Fiscalía estadounidense, Maduro y otros funcionarios venezolanos presuntamente participaron durante años en una conspiración para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando estructuras estatales y manteniendo vínculos con integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los cargos incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con la utilización o posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Se trata de acusaciones que podrían conllevar una condena de cadena perpetua en caso de que un jurado los declare culpables.
La Fiscalía sostiene que la estructura habría colaborado con organizaciones del narcotráfico para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y todavía deberán probarse durante el proceso judicial.
Maduro insiste en que es inocente
Durante su primera comparecencia, celebrada el 5 de enero, Maduro se declaró inocente y sostuvo que seguía siendo el presidente constitucional de Venezuela.
Cilia Flores también rechazó los cargos. Ninguno de los dos ha solicitado formalmente quedar en libertad bajo fianza, por lo que continúan recluidos mientras avanza el proceso.
Esta fue la tercera ocasión en que Maduro compareció ante el tribunal desde su traslado a Estados Unidos. La segunda audiencia, efectuada el 26 de marzo, estuvo centrada principalmente en una disputa sobre el pago de su equipo legal, después de que las sanciones estadounidenses impidieran inicialmente que el Gobierno venezolano cubriera los honorarios de la defensa.
Ese conflicto fue resuelto posteriormente mediante una modificación de las restricciones financieras, permitiendo que los abogados recibieran el pago correspondiente.
No existe todavía una fecha definitiva
Aunque se ha difundido que el juicio comenzaría en junio de 2027, por ahora se trata únicamente de una propuesta conjunta entre la Fiscalía y la defensa.
El juez puede aceptarla, modificarla o retrasarla dependiendo de los recursos sobre inmunidad, jurisdicción, legalidad de la captura y tratamiento de la evidencia clasificada.
Tampoco se ha iniciado la selección del jurado ni la presentación formal de pruebas. La audiencia de este miércoles tuvo carácter procesal y buscó organizar los próximos pasos del expediente.
La estrategia de la defensa parece concentrarse primero en impedir que el juicio llegue a celebrarse.
Antes de discutir si Maduro participó o no en los hechos atribuidos por la Fiscalía, sus abogados intentarán demostrar que Estados Unidos carecía de autoridad para capturarlo y procesarlo. Para ello combinarán dos argumentos de enorme complejidad: la inmunidad de un jefe de Estado y la legalidad de una operación militar realizada dentro del territorio de otro país.
El Gobierno estadounidense deberá justificar no solo la acusación penal, sino también el procedimiento utilizado para poner a Maduro bajo la jurisdicción de un tribunal de Nueva York.
El caso podría convertirse así en un precedente sobre los límites de la justicia estadounidense para procesar a antiguos gobernantes extranjeros y sobre las consecuencias legales de capturar a una figura política en otro Estado sin un procedimiento tradicional de extradición.
La propuesta de iniciar el juicio en junio de 2027 demuestra que todavía queda un extenso recorrido judicial. Antes de escuchar testigos o valorar la supuesta participación de Maduro en el narcotráfico, el juez tendrá que resolver disputas que podrían definir si el proceso continúa, se modifica o enfrenta nuevos retrasos.
Maduro y Cilia Flores mantienen su condición de inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra.
Compartir esta noticia
Sobre el autor
