La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó este miércoles 5 de agosto una pena de 396 años de prisión contra un extesorero del Banco Nacional, de apellidos Olivas Valle, acusado por la presunta sustracción de aproximadamente ₡3.293 millones de las bóvedas de la entidad financiera.
La petición fue formulada por el fiscal Ronald Segura durante la etapa de conclusiones del juicio por el caso conocido como “Gallo Tapado”, que se desarrolla ante el Tribunal Penal de Hacienda, en los Tribunales de Goicoechea.
El Ministerio Público atribuye al imputado 33 delitos de peculado y solicitó la pena máxima de 12 años por cada uno de los hechos. La suma aritmética de esas condenas alcanza los 396 años.
Sin embargo, esa cifra no representa necesariamente el tiempo efectivo que podría permanecer en prisión. Las reglas del concurso material establecen que la pena acumulada no puede exceder el triple de la sanción más alta correspondiente al delito más grave, por lo que la solicitud tendría que ajustarse a un máximo de 36 años de cárcel.
Fiscalía sostiene que sacaba dinero en sobres
De acuerdo con la tesis fiscal, Olivas habría aprovechado su cargo como tesorero del área de Procesamiento de Efectivo para extraer fajos de billetes, colocarlos dentro de sobres amarillos de manila y trasladarlos fuera del banco.
Las presuntas extracciones se habrían realizado de forma paulatina y aprovechando debilidades en los controles internos, horarios en los que otros empleados ya habían salido y puntos que no eran cubiertos adecuadamente por las cámaras de seguridad.
Durante el debate fueron examinadas más de 700 grabaciones de seguridad. La Fiscalía sostiene que parte de esos videos muestra al acusado portando sobres abultados, guardándolos en un casillero y posteriormente atravesando los controles de salida sin que su contenido fuera revisado.
El Ministerio Público afirma que logró individualizar 33 presuntas sustracciones ocurridas entre abril y setiembre de 2023. La investigación también señala que una parte importante del dinero habría sido utilizada para comprar lotería y participar en otros juegos de azar.
En allanamientos efectuados en la vivienda del acusado, las autoridades encontraron cerca de 3.000 fracciones y comprobantes relacionados con juegos de lotería. Durante el juicio, Olivas reconoció que tuvo una adicción a este tipo de apuestas, aunque esa declaración no equivale a una aceptación de los delitos atribuidos por la Fiscalía.
Juicio entra en su etapa final
Tras las conclusiones del Ministerio Público, corresponde que la Procuraduría General de la República y los representantes del Banco Nacional expongan sus argumentos finales. Posteriormente será el turno de la defensa del imputado.
La solicitud de la Fiscalía no constituye una condena. El Tribunal deberá valorar la prueba presentada durante el debate, escuchar a todas las partes y determinar si el acusado es responsable de los hechos y, en caso afirmativo, establecer la pena correspondiente.
Fuentes consultadas: Sistema Costarricense de Información Jurídica, artículo 76 del Código Penal sobre concurso material.