El caso conocido como Madre Patria registró este martes 11 de agosto un nuevo giro judicial, luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, rechazara la solicitud del Ministerio Público para prorrogar la prisión preventiva de 17 imputados y ordenara tramitar de manera inmediata su libertad.
La decisión consta en el voto N.° 2026-1415, correspondiente al expediente 22-005018-0042-PE. El Tribunal indicó que las personas deberán ser puestas en libertad siempre que no exista alguna otra causa judicial que impida su salida.
La resolución no significa que las personas hayan sido absueltas ni que la investigación penal haya terminado. Lo que cambia es su situación cautelar mientras continúa el proceso.
Además, los jueces dejaron expresamente abierta la posibilidad de que la Fiscalía solicite otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva.
¿Quiénes recuperarán la libertad?
La resolución alcanza a Fernando Gómez González, Unai León Muñoz, Jonathan Chaves Arias, Danilo Loaiza Bolandi, Edgar Prendas Matarrita, Josué Barrientos Campos, Jonathan Herrera González, Nicole Herrera Vega, Allen Pérez Barboza, Cristóbal Marín Ramírez, Andrea Jiménez Arias, Karina García Núñez, Sandra González Pinto, Johnny Rojas Rojas, Luis Venegas Marín, Osman González Araya y Rafael Barrientos Campos.
Unirme al Canal
Entre ellos se encuentra el exjuez Luis Alberto Venegas Marín, uno de los imputados que mayor atención ha generado dentro del expediente.
El Tribunal también abordó la situación de Julio Rodríguez Hidalgo. En su caso, las autoridades no lograron ubicarlo y, a solicitud del representante del Ministerio Público, se tuvo por desistida la petición de prórroga de prisión preventiva presentada contra él.
Caso había dado otro giro apenas dos semanas atrás
La resolución de este martes ocurre después de una compleja secuencia de decisiones sobre las medidas cautelares.
El 20 de febrero de 2026, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José había sustituido la prisión preventiva de 18 imputados por medidas menos gravosas, entre ellas firma periódica, impedimento de salida del país, mantener domicilio y trabajo, entrega del pasaporte y prohibición de contactar a otros imputados o testigos.
El Ministerio Público apeló esa decisión.
A finales de julio, el Tribunal declaró con lugar la apelación, anuló aquella resolución y ordenó que los 18 imputados regresaran a prisión para terminar de cumplir cinco días que quedaban pendientes del plazo anterior de prisión preventiva.
La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada anunció entonces que solicitaría una nueva prórroga durante ese periodo.
Esa es precisamente la solicitud que ahora fue rechazada para 17 de los investigados.
Tribunal también se declaró incompetente
Otro elemento relevante de la resolución es que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal declaró su incompetencia para disponer cambios en las medidas cautelares de los imputados.
Esto implica que cualquier nueva gestión sobre medidas diferentes a la prisión preventiva deberá tramitarse ante la instancia judicial competente.
Por esa razón, aunque la decisión representa un revés procesal para la pretensión de la Fiscalía de mantenerlos encarcelados, sería impreciso afirmar sin más que los 17 imputados fueron liberados “por errores de la Fiscalía”. La información disponible confirma el rechazo de la solicitud y el problema de competencia judicial, pero no atribuye en la parte dispositiva conocida la decisión a un error específico cometido por el Ministerio Público.
¿Qué es el caso Madre Patria?
Madre Patria corresponde a una amplia investigación judicial iniciada públicamente en junio de 2024 sobre una presunta estructura vinculada con fraudes registrales, falsedad ideológica, legitimación de capitales y otras conductas relacionadas con propiedades de alto valor.
En su fase inicial se realizaron decenas de allanamientos y fueron investigadas más de 50 personas, entre ellas empresarios, abogados, funcionarios públicos y personas vinculadas al ámbito judicial.
La tesis de las autoridades sostiene que la estructura habría utilizado diferentes mecanismos para apropiarse o realizar operaciones con propiedades, posteriormente introducirlas al mercado y obtener beneficios económicos.
Estas imputaciones permanecen bajo investigación y ninguna de las personas mencionadas puede considerarse culpable mientras no exista una sentencia firme en su contra.
Con la resolución de este martes, el proceso penal continuará, pero los 17 imputados señalados dejarán la prisión preventiva una vez completados los trámites correspondientes y siempre que no exista otra orden judicial que impida su liberación. La Fiscalía conserva la posibilidad de gestionar medidas cautelares diferentes ante la autoridad competente.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.
Compartir esta noticia
Sobre el autor
