Daniel Ortega durante el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista.
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su país no volverá a celebrar elecciones que permitan a los partidos opositores disputar el poder, en una declaración que profundiza la incertidumbre sobre el futuro político y democrático de esa nación centroamericana.
Ortega realizó el anuncio durante un acto en Managua por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el domingo 19 de julio. En su discurso aseguró que buscará cerrar cualquier posibilidad de que las fuerzas opositoras regresen al Gobierno mediante un proceso electoral.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, manifestó el dirigente nicaragüense, quien gobierna de manera continua desde 2007 y actualmente comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo.
Ortega anuncia leyes para bloquear a la oposición
Durante su intervención, Ortega acusó a los grupos opositores de actuar bajo la influencia de Estados Unidos y de buscar el control del Gobierno para beneficiarse de los recursos públicos.
El mandatario adelantó que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar leyes que establezcan un “muro” contra quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias”.
El oficialismo mantiene un amplio control del Parlamento nicaragüense, por lo que un eventual proyecto impulsado por Ortega tendría una ruta política favorable para su aprobación. Sin embargo, el gobernante no explicó cómo se eliminarían formalmente las elecciones ni presentó un calendario para implementar la medida.
¿Nicaragua eliminó oficialmente las elecciones?
Las declaraciones suponen, en términos políticos, la cancelación de la próxima contienda presidencial y el cierre de la posibilidad de alternancia. No obstante, al momento del anuncio no se había divulgado una nueva ley, decreto o reforma constitucional que detallara el procedimiento para suprimir los procesos electorales.
La próxima elección general estaba prevista inicialmente para noviembre de 2026, pero las reformas constitucionales aprobadas en 2025 extendieron el periodo presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios debían celebrarse, en teoría, en noviembre de 2027.
Esas modificaciones también crearon la figura de la copresidencia, elevaron a Rosario Murillo al mismo nivel político que Ortega y ampliaron la capacidad del Ejecutivo para coordinar y controlar las restantes instituciones estatales.
Elecciones de 2021 fueron ampliamente cuestionadas
El último proceso presidencial nicaragüense se realizó en 2021 y fue objeto de fuertes cuestionamientos internacionales.
Antes de la votación, las autoridades detuvieron a aspirantes presidenciales, dirigentes opositores y representantes empresariales. Ortega fue declarado ganador de una nueva reelección en una contienda que distintos gobiernos y organismos internacionales consideraron carente de garantías democráticas.
Costa Rica no reconoció aquel proceso debido a la ausencia de condiciones y garantías electorales, posición que su Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a recordar tras las recientes declaraciones de Ortega.
Costa Rica exige elecciones libres
La Cancillería costarricense reaccionó al pronunciamiento y reafirmó que el país continuará defendiendo la celebración de elecciones “libres, democráticas, transparentes y plurales” en Nicaragua.
El Gobierno de Costa Rica también expresó su preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes en el país vecino.
La situación de Nicaragua tiene una relevancia especial para Costa Rica debido a la cercanía territorial y a la presencia de una amplia comunidad nicaragüense, incluyendo personas que han abandonado su país por razones políticas, económicas o de seguridad.
Análisis del editor
Las palabras de Ortega representan un cambio importante incluso dentro de un sistema que ya había limitado severamente la competencia política.
Durante años, el Gobierno nicaragüense mantuvo formalmente la celebración de elecciones, aunque bajo fuertes cuestionamientos por la exclusión de adversarios, la falta de independencia institucional y la ausencia de condiciones equitativas. El nuevo discurso abandona incluso esa apariencia electoral y plantea abiertamente impedir que la oposición pueda disputar el poder.
Sin embargo, es importante distinguir entre el anuncio político y su aplicación jurídica. Ortega anunció su intención y aseguró que impulsará nuevas leyes, pero todavía no detalló la figura legal que utilizará ni cómo quedaría estructurado el Gobierno después de 2027.
La declaración abre la posibilidad de una mayor concentración del poder en el modelo Ortega-Murillo y podría incrementar la presión internacional, el aislamiento diplomático y la persecución contra cualquier organización que promueva una transición mediante elecciones.
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