Foto: Isaac Villalta / Wilbert Hernández (Diario Extra)
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) determinar y compensar los montos cobrados en exceso a las personas usuarias mediante las tarifas de acueducto, alcantarillado e hidrantes.
El órgano contralor estimó preliminarmente en ₡65.401 millones los cargos improcedentes detectados durante una auditoría sobre la gestión financiera del AyA y la regulación tarifaria ejercida por la ARESEP.
El informe DFOE-SOS-IAD-00003-2026, publicado este lunes 3 de agosto, concluyó que ambas instituciones incumplieron de manera generalizada aspectos normativos, técnicos y de control relacionados con la formulación, actualización y fiscalización de las tarifas.
Las deficiencias impiden garantizar que las personas paguen únicamente los costos necesarios y debidamente justificados para recibir los servicios públicos, según determinó la CGR.
Unirme al Canal
Usuarios pagaron por activos cuya inversión ya se recuperó
La mayor parte de los cobros cuestionados corresponde al servicio de alcantarillado. La auditoría identificó 5.909 activos completamente depreciados, cuya inversión ya había sido recuperada por el AyA mediante tarifas anteriores, pero que continuaban incluidos en los cálculos cobrados a los abonados.
La afectación estimada por este concepto asciende a ₡38.816 millones.
En el servicio de hidrantes se encontraron otros 9.012 bienes depreciados que continuaban generando cargos dentro de la tarifa. En este caso, el monto calculado alcanza aproximadamente ₡511 millones.
Un activo completamente depreciado es aquel cuya inversión ya fue cubierta durante su vida útil. Por esa razón, debería dejar de generar cobros por desgaste y rentabilidad dentro de la tarifa.
En cuanto al servicio de acueducto, la CGR identificó 9.435 activos que agotaron su vida útil, pero permanecieron dentro de la base utilizada para calcular las tarifas.
La distorsión provocó cobros acumulados por aproximadamente ₡26.074 millones desde 2023, relacionados con gastos de depreciación y el componente denominado rédito para el desarrollo.
Algunos activos aumentaron su valor más de un 14.000%
La auditoría también cuestionó la forma en que el AyA revaluó parte de su infraestructura.
Al revisar 3.761 bienes incorporados a procesos de revaluación desde 2019, la CGR determinó que el 75,7% duplicó su costo original y un 63,1% incrementó su valor en más de un 1.000%.
Uno de los casos analizados corresponde a un activo cuyo costo histórico era de ₡24 millones, pero que llegó a registrar una revaluación acumulada superior a ₡3.562 millones, equivalente a un aumento del 14.446%.
Los mayores incrementos se concentraron en redes de distribución de la región Huetar Caribe, donde se registra un 70% de agua no contabilizada por fugas, errores de medición y otros consumos que no generan ingresos.
La ARESEP rechazó en 2023 incorporar parte de esas revaluaciones dentro de la tarifa al considerar que no reflejaban las condiciones físicas de la infraestructura ni generaban beneficios para los usuarios. No obstante, la Contraloría advirtió que el problema podría repetirse si no se corrigen los procedimientos empleados por el AyA.
¿Cuándo recibirán la compensación?
La orden de la CGR no implica una devolución inmediata ni establece todavía una cantidad específica para cada abonado.
El AyA y la ARESEP deberán identificar los montos definitivos cobrados en exceso y escoger los mecanismos regulatorios mediante los cuales serán compensados los usuarios.
Ambas instituciones tendrán que certificar el cumplimiento de esa primera etapa a más tardar el 30 de junio de 2027.
Posteriormente, las nuevas fijaciones tarifarias deberán publicarse en el diario oficial La Gaceta antes del 31 de diciembre de 2027.
El informe no determina todavía la modalidad concreta de compensación ni la cantidad de cuentas que resultarán beneficiadas. El mecanismo deberá tomar en consideración los montos pagados, la sostenibilidad financiera del servicio y los demás costos e inversiones debidamente justificados.
Tarifas acumulan hasta 21 años sin actualizarse
La Contraloría encontró que cuatro de las cinco categorías examinadas mantienen rezagos tarifarios.
El AyA acumula ocho años sin presentar un estudio ordinario para el servicio de acueducto, nueve años para alcantarillado, 11 para hidrantes y hasta 21 años en algunos servicios conexos.
Aunque la ARESEP intentó realizar fijaciones de oficio, varios procedimientos fueron archivados porque, según el ente regulador, el AyA no proporcionó información confiable.
La situación presenta una aparente contradicción: mientras los usuarios han pagado cobros que no correspondían, el servicio de acueducto enfrenta un deterioro financiero.
Las proyecciones del propio AyA indican que ese servicio podría registrar en 2027 un déficit superior a ₡34.000 millones. Incluso con un incremento tarifario del 15%, las pérdidas superarían los ₡12.000 millones.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias amenazan la continuidad de los servicios y podrían afectar el financiamiento de proyectos como la quinta etapa del Acueducto Metropolitano y el Programa de Saneamiento en Zonas Urbanas.
Fuentes:
Contraloría General de la República: servicios de agua en riesgo por gestión y regulación tarifaria deficiente. Informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00003-2026.
Compartir esta noticia
Sobre el autor
