Armando Ceballos saca el cuerpo de la madre de su amigo David de entre los escombros después de que ambos pasaran más de un mes cavando túneles en busca de sus seres queridos tras los terremotos del 24 de junio que sacudieron Venezuela, causando la muerte y el desplazamiento de miles de personas, en Caraballeda, La Guaira, el 29 de julio de 2026. Foto: Gaby Oraa/Reuters
Más de seis semanas después de los dos poderosos terremotos que golpearon el norte de Venezuela, el país todavía desconoce cuántas personas continúan desaparecidas.
El balance oficial de fallecidos ascendió el 3 de agosto a 6.125 personas, mientras cerca de 61.000 recibieron atención hospitalaria. Sin embargo, las autoridades no incorporaron una actualización sobre quienes aún no han sido localizados, pese a que únicamente se había retirado el 16,5% de los escombros generados por el desastre.
La falta de un registro público consolidado ha generado una diferencia difícil de explicar entre los datos gubernamentales y las cifras divulgadas por plataformas ciudadanas, organizaciones sociales y organismos humanitarios.
Mientras el primer balance oficial mencionó aproximadamente 156 o 157 desaparecidos, según la fuente que reprodujo la información, iniciativas independientes han llegado a registrar desde 4.418 hasta más de 40.000 nombres. Reportes recientes ubican una de esas estimaciones por encima de las 29.000 personas.
Ninguna de estas cifras puede considerarse, por ahora, un número definitivo de desaparecidos. Las diferencias en los criterios, mecanismos de verificación y fechas de actualización impiden compararlas directamente.
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Dos terremotos separados por segundos
Los sismos ocurrieron el 24 de junio de 2026 y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, con epicentros ubicados cerca de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy.
Ambos movimientos se produjeron con menos de un minuto de diferencia y causaron graves daños en La Guaira, Caracas y otros sectores del centro y norte de Venezuela. Edificios residenciales, comercios, hospitales, carreteras y servicios básicos resultaron afectados.
La magnitud de la destrucción convirtió el evento en lo que Interpol define como un “desastre abierto”: una catástrofe en la que no se conoce previamente cuántas personas estaban en los lugares afectados ni cuántas murieron o quedaron atrapadas.
En este tipo de emergencia, la recuperación e identificación de todas las víctimas puede tardar semanas o meses, especialmente cuando colapsan edificios residenciales y no existen listas confiables de sus ocupantes.
La cifra oficial quedó prácticamente congelada
El 25 de junio, un día después de los terremotos, las autoridades venezolanas informaron sobre 157 personas desaparecidas. Otras publicaciones atribuyeron al mismo balance una cifra de 156, una diferencia menor, pero que refleja las dificultades surgidas desde las primeras horas para mantener una contabilidad uniforme.
A partir de ese momento, el Gobierno actualizó progresivamente los números de fallecidos, heridos, personas rescatadas y edificios afectados, pero dejó de incluir una serie pública y periódica sobre desaparecidos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó posteriormente brindar una estimación y sostuvo que hablar de personas desaparecidas implicaba entrar en el terreno de la “especulación”. También indicó que los reportes podían tramitarse mediante el Sistema Patria, aunque no se explicó públicamente el protocolo para registrar, comprobar y cerrar cada caso.
El problema no es únicamente que la cifra oficial sea baja en comparación con las estimaciones independientes. La principal dificultad es que no existe información pública suficiente para conocer qué metodología se utilizó, cuántas denuncias formales se recibieron o cuántas personas inicialmente reportadas fueron posteriormente localizadas.
Plataformas independientes tampoco coinciden
Ante el vacío institucional, familiares, periodistas, activistas y organizaciones civiles comenzaron a crear bases de datos para buscar personas y cruzar información procedente de hospitales, refugios, morgues y comunidades afectadas.
Sin embargo, esos registros también presentan enormes diferencias.
Hasta el 21 de julio, la iniciativa Hasta Encontrarles había recibido formularios relacionados con 4.418 personas, de las cuales poco más de un centenar aparecía como localizado. La plataforma Venezuela Te Busca registraba alrededor de 17.000, mientras Venezuela Reporta superaba los 40.000 nombres.
Durante los primeros días, otra lista promovida por sectores de oposición llegó a contabilizar más de 55.000 personas sin localizar. Posteriormente, el número bajó a cerca de 50.000, luego a unos 41.000 y, según publicaciones de inicios de agosto, una plataforma ciudadana mantenía más de 29.000 reportes.
La reducción no significa necesariamente que todas las personas eliminadas de las listas hayan sido encontradas con vida. Algunas pudieron ser identificadas entre los fallecidos, ubicadas en hospitales o refugios, reunificadas con sus familias o descartadas después de comprobarse que se trataba de registros duplicados.
Tampoco existe evidencia pública que permita afirmar que las más de 29.000 personas continúan efectivamente desaparecidas. Provea ha reconocido que no hay un registro abierto que respalde y permita auditar esa cifra exacta.
“Desaparecido” no siempre significa lo mismo
Parte de la contradicción se explica porque las fuentes utilizan categorías distintas.
Una persona oficialmente desaparecida debería contar con una denuncia individual, datos de identificación y una comprobación previa en hospitales, refugios, centros de detención, morgues y registros de fallecidos.
En cambio, una persona “sin localizar” o “sin contacto” puede ser alguien cuya familia no logró comunicarse debido a fallas eléctricas, interrupciones telefónicas, desplazamientos, hospitalización o pérdida de documentos. Esa persona podría estar viva y no necesariamente atrapada bajo los escombros.
La categoría de “atrapado” corresponde a una persona cuya ubicación se presume dentro de una estructura colapsada. Los cuerpos sin identificar, por otra parte, ya forman parte del balance de fallecidos, aunque todavía no hayan sido entregados a sus familiares.
Mezclar estas categorías puede inflar o reducir considerablemente los resultados.
Las bases colaborativas enfrentan además otros riesgos: una misma persona puede ser registrada por varios familiares, el nombre puede aparecer escrito de diferentes formas y algunos casos permanecen activos aunque ya hayan sido resueltos.
Eso no invalida el esfuerzo ciudadano, pero significa que sus números deben presentarse como reportes recibidos o personas sin localizar, y no como una cifra confirmada de víctimas.
Cuerpos sin identificar agravan la incertidumbre
El 11 de julio, cuando el balance oficial alcanzaba 4.333 fallecidos, el Gobierno reconoció que había 315 cuerpos sin identificar.
Rodríguez afirmó que no había sido posible establecer su identidad mediante huellas dactilares u otros métodos iniciales. Según explicó, se tomaron muestras de ADN e impresiones dentales para continuar el proceso.
Esas 315 personas no debían sumarse nuevamente a los desaparecidos, pues ya se encontraban incluidas entre las víctimas mortales. No obstante, para sus familias seguían siendo personas cuyo paradero y destino no habían sido esclarecidos.
El caso de Cristina Margarita Ramos expuso otra dimensión del problema. La mujer fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, pero su familia perdió posteriormente su rastro. Más tarde fue reportada como fallecida y sus parientes reconocieron características suyas en registros forenses, aunque el cuerpo no había sido localizado ni entregado.
Situaciones como esta apuntan a posibles fallas en la identificación, traslado y documentación de pacientes y cuerpos durante las primeras horas de la emergencia.
Provea denuncia opacidad y una respuesta desbordada
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó problemas de coordinación, falta de personal especializado, demoras en la recuperación de cuerpos y ausencia de una plataforma independiente para reportar desaparecidos.
La organización calificó la respuesta estatal como desbordada y señaló que la opacidad de las primeras 72 horas profundizó la incertidumbre de las familias. También advirtió que todavía había estructuras colapsadas donde no se habían completado las labores de búsqueda.
Estas denuncias no demuestran por sí mismas que la cifra oficial haya sido manipulada. Sin embargo, la ausencia de una metodología pública, actualizaciones periódicas y una base de datos consolidada impide verificar de manera independiente la dimensión real del problema.
¿Qué debería existir para aclarar las cifras?
Los estándares internacionales recomiendan crear un registro centralizado que asigne un número único a cada persona reportada como desaparecida y permita cruzar sus datos con listas de sobrevivientes, pacientes, personas desplazadas y fallecidos.
La Organización Mundial de la Salud señala que cada cuerpo debe ser fotografiado, documentado y vinculado con un código único. También deben registrarse la ropa, pertenencias, características físicas y ubicación exacta donde fueron encontrados los restos.
Interpol advierte que la identificación visual rara vez es suficiente en una catástrofe masiva. El procedimiento debe comparar información previa de la persona —como registros dentales, huellas y muestras familiares de ADN— con los datos obtenidos de los restos.
Cofavic ha solicitado precisamente la creación de una base genética y una lista oficial de desaparecidos, además de apoyo técnico internacional para garantizar la cadena de custodia y una identificación científicamente confiable.
Lo que se sabe y lo que todavía no puede afirmarse
Hasta el momento, puede establecerse que los terremotos dejaron al menos 6.125 fallecidos, que miles de personas fueron trasladadas o desplazadas y que continúan pendientes amplias labores de remoción de escombros.
También está confirmado que el Gobierno no ha mantenido una cifra pública actualizada de desaparecidos y que las plataformas independientes arrojan resultados profundamente distintos.
Lo que no puede afirmarse con certeza es que Venezuela tenga exactamente 157, 17.000, 29.000, 40.000 o 50.000 desaparecidos.
La cifra real podría reducirse conforme se depuren registros duplicados y se localicen personas desplazadas. También podría aumentar si se reciben nuevas denuncias, aparecen restos bajo los escombros o se identifican cuerpos que permanecen sin nombre.
La contradicción principal no consiste solamente en que los números sean distintos. El problema de fondo es que Venezuela todavía carece de un registro único, actualizado, verificable y públicamente accesible que permita a las familias conocer qué ocurrió con sus seres queridos.
Fuentes consultadas:
Reuters, balance oficial de fallecidos, personas atendidas y remoción de escombros.
Servicio Geológico de Estados Unidos, registro de los sismos del 24 de junio.
Organización de las Naciones Unidas, respuesta inicial ante la emergencia.
Provea, evaluaciones sobre la respuesta estatal y manejo de información.
Organización Mundial de la Salud e Interpol, protocolos para desaparecidos e identificación de víctimas.
El País, testimonios de familiares, plataformas ciudadanas y cuerpos sin identificar.
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