Gerald Campos, Ministro de Seguridad Publica.
El Ministerio de Seguridad Pública informó este lunes 10 de agosto que volvió a solicitar a la Fiscalía General de la República confirmación de que recibió una denuncia enviada el pasado 5 de agosto, relacionada con el manejo de un informe de inteligencia que analizó posibles actuaciones irregulares de funcionarios policiales.
Según el comunicado CP-671-2026, la gestión fue enviada originalmente a las 8:51 a. m. del 5 de agosto, y en esa misma comunicación Seguridad pidió un acuse de recibido. Cinco días después, la institución asegura que todavía no ha recibido respuesta ni confirmación de la Fiscalía.
La denuncia busca que el Ministerio Público investigue posibles acciones u omisiones de Eric Lacayo Rojas y Marlon Cubillo Hernández, quienes recibieron el informe durante la administración anterior, de acuerdo con la versión del actual Ministerio de Seguridad.
Fiscalía había dicho que no registraba la denuncia
La insistencia del Ministerio ocurre después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicara este mismo lunes que no registraba una denuncia por el presunto ocultamiento del informe, pese a que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, había anunciado públicamente desde el miércoles anterior que el caso había sido trasladado al Ministerio Público.
Esta diferencia explica el nuevo movimiento de Seguridad: el Ministerio sostiene que sí remitió formalmente la denuncia el 5 de agosto y ahora pretende obtener una constancia de que llegó a conocimiento de la autoridad competente.
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Hasta el momento de esta publicación, no se localizó un pronunciamiento posterior de la Fiscalía General que confirme públicamente la recepción después de la nueva solicitud planteada este lunes.
¿Qué dice el informe de inteligencia?
El documento que originó la controversia fue elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad y corresponde al informe MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-331-2026. Registros periodísticos que tuvieron acceso al documento señalan que se analizaron antecedentes de 122 funcionarios de la Fuerza Pública destacados en la región Brunca Sur.
Aquí existe una precisión importante: aunque distintas comunicaciones hablan de “122 policías involucrados”, una revisión del documento publicada por La Nación señala que se analizaron 122 funcionarios, pero 116 contenían antecedentes u observaciones vinculadas con posibles relaciones con organizaciones criminales u otros hechos.
Los funcionarios se encontraban destacados en delegaciones de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez, además de la Dirección Regional correspondiente. Entre los posibles vínculos descritos aparecen narcotráfico, contrabando de licor y trata de migrantes. El documento es un informe de inteligencia y no constituye por sí mismo prueba de culpabilidad ni una investigación penal concluida.
Entre los señalamientos contenidos en el informe, 27 oficiales aparecerían relacionados preliminarmente con actividades de apoyo a estructuras dedicadas al tráfico de drogas, mientras otros grupos habrían sido mencionados por posible colaboración con redes de contrabando de licor. Estos extremos deberán ser probados o descartados mediante investigaciones formales.
Gobierno cuestionó que no se investigara antes
Campos aseguró el pasado 5 de agosto que, al revisar la trazabilidad interna del documento, determinó que este había llegado a Lacayo y Cubillo en abril, pero que no se habría abierto una investigación administrativa ni se habría remitido entonces al Ministerio Público. Esa es la versión del actual jerarca y precisamente uno de los hechos que busca someter a investigación.
El Ministerio informó ahora que considera necesario esclarecer si existieron acciones u omisiones que puedan generar algún tipo de responsabilidad en relación con el tratamiento que recibió el informe.
Lacayo aparece actualmente en registros oficiales de Seguridad Pública como director de la Escuela Nacional de Policía, mientras Marlon Cubillo continúa apareciendo en el sitio institucional como director general de la Fuerza Pública.
La existencia de una denuncia o investigación no implica responsabilidad penal o administrativa de los funcionarios mencionados. Corresponderá al Ministerio Público y a las instancias administrativas competentes establecer qué ocurrió con el informe, si existieron omisiones y si los señalamientos contra los policías cuentan con respaldo probatorio.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR con información suministrada en el comunicado de Prensa CP-671-2026 del Ministerio de Seguridad Pública, fechado 10 de agosto de 2026.
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