Costa Rica se acostumbró durante décadas a reconocerse como un país relativamente seguro dentro de una región marcada por la violencia. Esa percepción, construida sobre instituciones democráticas, estabilidad política y una tradición de convivencia, forma parte de la identidad nacional.
Sin embargo, esa imagen ha sufrido un deterioro considerable. Los homicidios, los enfrentamientos entre organizaciones criminales, las disputas territoriales y la presencia cada vez más visible del narcotráfico han cambiado la conversación sobre seguridad pública.
El problema ya no se limita a determinados barrios o comunidades. La violencia aparece en distintos puntos del territorio, alcanza a personas que no necesariamente participan en actividades criminales y genera una sensación de vulnerabilidad que se extiende mucho más allá de las estadísticas policiales.
La pregunta no es únicamente cuántos delitos se cometen o cuántas personas mueren cada año. La discusión de fondo es si el Estado costarricense conserva la capacidad de anticiparse a la criminalidad, desarticular sus estructuras y evitar que la violencia termine condicionando la vida cotidiana de la población.
La violencia dejó de ser un fenómeno que pueda explicarse con una sola cifra
Los datos disponibles permiten dimensionar el desafío.
De acuerdo con el registro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recopilado por el Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica contabilizó 658 homicidios dolosos entre enero y octubre de 2026.
La cifra no es un indicador aislado. Su composición revela una característica particularmente preocupante: 434 homicidios fueron clasificados como ajustes de cuentas o venganzas. Es decir, aproximadamente dos de cada tres asesinatos registrados durante esos diez meses estuvieron asociados con esa categoría de móvil.
Otros 79 casos permanecían sin móvil determinado, mientras que 74 correspondieron a discusiones o riñas y 44 a hechos relacionados con la comisión de otro delito.
El predominio de los ajustes de cuentas permite observar una violencia que no responde únicamente a conflictos espontáneos entre personas. También refleja disputas, represalias y enfrentamientos vinculados con dinámicas criminales que pueden mantenerse activas incluso después de que las autoridades capturan a determinados integrantes de una organización.
El uso de armas de fuego y la concentración territorial de los homicidios agravan ese escenario. Los registros oficiales muestran que la violencia no está distribuida de manera uniforme y que existen zonas donde las comunidades enfrentan una exposición considerablemente mayor.
No obstante, sería un error reducir toda la inseguridad nacional a los homicidios. Los asaltos, robos, hurtos, fraudes y delitos contra la propiedad también afectan la vida cotidiana, modifican las rutinas de las personas y deterioran la confianza en los espacios públicos.
El país necesita comprender ambas dimensiones: la violencia letal asociada con estructuras criminales y los delitos que afectan directamente la percepción de seguridad de la población.
Los datos completos pueden consultarse en el registro de ocurrencia de delitos de enero a octubre de 2026 del Observatorio de la Violencia.
El narcotráfico no solo introduce drogas: también disputa territorio y capacidad de control
Uno de los errores más frecuentes al hablar de inseguridad es tratar el narcotráfico como un problema separado de la violencia que experimentan las comunidades.
En realidad, ambos fenómenos pueden estar profundamente relacionados.
Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas necesitan rutas, puntos de distribución, contactos, recursos financieros y capacidad para proteger sus operaciones. Cuando diferentes estructuras buscan controlar esos espacios, aparecen disputas que pueden traducirse en amenazas, asesinatos, intimidación y reclutamiento de personas para actividades criminales.
La captura de un líder no necesariamente significa la desaparición de la organización. En algunos casos, la detención o muerte de una figura importante puede provocar disputas internas, intentos de reorganización y enfrentamientos por el control de las actividades que quedaron vacantes.
El OIJ ha advertido sobre esa dinámica. En octubre, el subdirector interino de la institución, Vladimir Muñoz, explicó que las detenciones de figuras vinculadas con estructuras criminales y la muerte de otros integrantes habían provocado reacomodos y disputas por liderazgos y territorios.
El análisis publicado por CR Hoy sobre las pugnas entre organizaciones criminales expuso cómo esos movimientos pueden generar nuevos episodios de violencia, incluso después de importantes operativos policiales.
Esto obliga a revisar una idea que suele dominar el debate público: detener a un narcotraficante es un resultado importante, pero no equivale necesariamente a desarticular toda la estructura que lo sostiene.
Una organización puede perder a su principal dirigente y conservar recursos, contactos, mecanismos de distribución, colaboradores y capacidad para reclutar nuevos integrantes.
Por eso, la respuesta estatal debe ir más allá de las capturas. Investigar los flujos financieros, identificar a quienes facilitan las operaciones, perseguir el lavado de dinero, controlar las rutas de ingreso y salida de drogas y fortalecer la inteligencia criminal son componentes indispensables.
La violencia no se combate únicamente retirando personas de las calles. También hay que impedir que las estructuras que las reemplazan sigan funcionando.
La inseguridad también se mide en la confianza que pierde la ciudadanía
Hay otra dimensión que merece atención: la percepción de inseguridad.
La encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada el 9 de setiembre de 2026, ubicó nuevamente la inseguridad y la delincuencia como el principal problema señalado por la población.
Un 39,1 % de las personas consultadas mencionó ese tema como la principal preocupación nacional. Aunque representa una reducción frente al 49,5 % registrado en mayo, continúa ocupando el primer lugar.
La misma encuesta encontró que un 46 % consideraba que la seguridad había empeorado respecto de los doce meses anteriores. Un 34 % opinaba que había mejorado y un 20 % consideraba que permanecía igual.
El estudio se realizó mediante 994 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad con acceso a teléfono celular, con un margen de error máximo de ±3,1 puntos porcentuales al 95 % de confianza.
Estos resultados no sustituyen las estadísticas criminales ni demuestran por sí solos que todos los delitos hayan aumentado. Su valor está en mostrar cómo la población interpreta su entorno y qué lugar ocupa la seguridad dentro de sus preocupaciones.
La percepción también tiene consecuencias concretas.
Cuando una persona modifica sus horarios para evitar determinados lugares, deja de utilizar espacios públicos, limita las actividades de sus hijos o siente temor de transitar por su propia comunidad, la inseguridad ya está afectando su calidad de vida, incluso si nunca ha sido víctima directa de un delito.
Una sociedad no debería acostumbrarse a vivir bajo esa lógica.
Los resultados completos están disponibles en el informe de opinión pública del CIEP-UCR de setiembre de 2026.
Más cárceles no significan, por sí solas, menos criminalidad
La política de seguridad también debe examinarse desde el sistema penitenciario.
Costa Rica enfrenta una sobrepoblación carcelaria que limita la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de custodia, control y rehabilitación.
Un informe del Ministerio de Justicia, con datos al 11 de setiembre de 2026, contabilizó 21.153 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario cerrado, pese a que la capacidad disponible era de 13.289 espacios. La diferencia representa una sobrepoblación del 59,18 %.
En términos prácticos, el sistema alberga casi 8.000 personas por encima de su capacidad.
La situación no es un asunto exclusivamente administrativo. El hacinamiento presiona los servicios penitenciarios, complica la separación de poblaciones, aumenta las dificultades de vigilancia y plantea desafíos para mantener el control institucional dentro de los centros.
Además, la prisión no garantiza automáticamente que una persona abandone las actividades criminales.
Si el Estado pierde capacidad de control sobre sus establecimientos penitenciarios, las cárceles pueden convertirse en espacios donde se mantienen contactos, se coordinan actividades ilícitas o se fortalecen redes criminales.
La discusión sobre la construcción de nuevos espacios debe ir acompañada de otras preguntas: ¿cómo se evitará que las organizaciones continúen operando desde prisión?, ¿qué mecanismos existen para reducir la reincidencia?, ¿cuál es la capacidad real de los programas de reinserción? y ¿cómo se garantizará que las medidas de contención no terminen agravando el problema?
La sobrepoblación documentada por el Ministerio de Justicia, y reseñada por La Nación en su informe sobre la crisis penitenciaria, demuestra que el sistema necesita más que infraestructura.
Una cárcel puede mantener a una persona fuera de las calles, pero no necesariamente desmantela la red criminal a la que pertenece.
El discurso de seguridad debe coincidir con las decisiones del Estado
La seguridad se ha convertido en uno de los principales ejes de la discusión política nacional. El Gobierno ha impulsado iniciativas legislativas, reformas y medidas orientadas a endurecer la respuesta contra la criminalidad.
Es legítimo que el Poder Ejecutivo busque herramientas para enfrentar organizaciones que representan una amenaza para la población. Sin embargo, la efectividad de una política pública no se determina por la cantidad de anuncios, proyectos presentados o declaraciones de mano dura.
También debe evaluarse por los recursos disponibles, la coordinación entre instituciones y los resultados que produce.
En ese punto aparece una contradicción que merece seguimiento.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla reducciones en las asignaciones de varias instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia, según el análisis publicado por El Financiero sobre las partidas presupuestarias.
La propuesta plantea disminuciones respecto de 2026 para el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Gobernación y Policía.
El presupuesto recibió aprobación en primer debate el 5 de noviembre, pero su discusión en segundo debate fue suspendida por una medida cautelar de la Sala Constitucional, que ordenó al Congreso abstenerse de continuar el trámite antes del 29 de noviembre mientras se resuelven las consultas planteadas.
Por tanto, al momento de este análisis, el plan todavía no cuenta con aprobación definitiva.
La discusión no consiste en afirmar que cualquier reducción presupuestaria producirá automáticamente un aumento de la criminalidad. Esa relación no puede establecerse de manera directa sin examinar la ejecución, las prioridades y el impacto de cada partida.
La pregunta relevante es otra: ¿cómo pretende el Estado fortalecer su capacidad de investigación, prevención, vigilancia y persecución penal si las instituciones encargadas de esas tareas deben operar con recursos más limitados?
No basta con exigir resultados a la Policía, al OIJ o al Ministerio Público. También hay que garantizarles las condiciones para realizar su trabajo.
La seguridad requiere una institucionalidad que funcione, no solamente una política de comunicación que prometa resultados.
La prevención no puede seguir siendo el componente secundario
La respuesta frente al crimen organizado necesita operativos, investigación, inteligencia y sanciones. Negar esa necesidad sería desconocer la dimensión del problema.
Pero una política que se concentre exclusivamente en la represión llegará tarde a muchos de los escenarios que pretende evitar.
El reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales, la exclusión social, el abandono educativo, la falta de oportunidades y la presencia territorial de organizaciones que ofrecen dinero, protección o pertenencia son factores que deben formar parte de cualquier estrategia de largo plazo.
No significa que la pobreza explique automáticamente la delincuencia ni que las personas que viven en comunidades vulnerables estén destinadas a involucrarse en actividades criminales. Esa sería una simplificación injusta.
Significa reconocer que las organizaciones criminales necesitan personas y que el Estado debe disputarles esa capacidad de reclutamiento mediante oportunidades reales, instituciones presentes y comunidades con mayores mecanismos de protección.
La prevención tampoco puede medirse únicamente por la cantidad de programas anunciados. Debe contar con objetivos, cobertura, presupuesto, evaluación y continuidad.
Una intervención que llega después de que una comunidad ha perdido espacios públicos, oportunidades educativas y confianza institucional difícilmente tendrá el mismo alcance que una política sostenida desde antes.
La seguridad ciudadana comienza mucho antes de que una patrulla atienda una emergencia.
El verdadero desafío es recuperar la capacidad de anticiparse
Costa Rica todavía cuenta con instituciones con experiencia y capacidades importantes para enfrentar la criminalidad. Los resultados de las investigaciones, los decomisos, las capturas y los operativos demuestran que el Estado conserva herramientas para actuar.
Pero el tamaño del desafío exige algo más que respuestas individuales.
El país necesita una estrategia nacional que articule a los cuerpos policiales, el OIJ, el Ministerio Público, los tribunales, el sistema penitenciario, las instituciones educativas, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias.
Esa coordinación debe traducirse en objetivos medibles: reducir los homicidios, desarticular estructuras completas, perseguir el dinero del narcotráfico, disminuir el reclutamiento de menores, recuperar espacios públicos, mejorar la investigación criminal y evitar que las cárceles reproduzcan las mismas redes que el Estado intenta combatir.
También requiere transparencia. La ciudadanía debe poder conocer qué se está haciendo, cuánto cuesta, qué resultados produce y dónde están las principales debilidades.
La discusión sobre inseguridad no debería convertirse en una competencia política por demostrar quién tiene el discurso más severo. Tampoco puede reducirse a responsabilizar a una sola institución o administración por un fenómeno que se ha desarrollado durante años.
Las responsabilidades deben examinarse con datos, decisiones documentadas y resultados.
Costa Rica enfrenta una transformación de su realidad criminal. Ignorarla sería irresponsable, pero también lo sería responder con medidas aisladas que no atiendan sus causas ni sus mecanismos de reproducción.
El país no necesita acostumbrarse a convivir con la violencia. Necesita recuperar la capacidad de prevenirla, investigarla y contenerla sin debilitar las instituciones que sostienen su democracia.
La pregunta que debería orientar la discusión nacional no es quién promete más seguridad, sino quién puede demostrar que está construyendo un Estado capaz de garantizarla.
Este artículo de Análisis fue elaborado por Gabriel Angulo para la sección especial de A fondo de NAICR.




