El primer informe de observación de la desinformación electoral aplicado en Costa Rica documentó 257 incidentes durante el proceso de 2026. El dato más preocupante no es únicamente cuántos contenidos falsos circularon, sino la velocidad con la que evolucionó un ecosistema capaz de cuestionar instituciones, manipular imágenes y trasladar la disputa política al terreno de la información.
Costa Rica votó el 1 de febrero de 2026. Meses después, una investigación del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI-UCR), en alianza con el Observatorio Complutense de Desinformación, permite mirar aquella campaña desde un ángulo distinto: no solamente quién ganó o perdió las elecciones, sino qué ocurrió con la información que recibió la ciudadanía mientras tomaba sus decisiones.
El informe, presentado este 6 de octubre, documentó 257 incidentes de interferencia y manipulación de la información (IMI) entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026. La muestra fue construida mediante monitoreo de redes sociales, medios digitales y contenidos identificados por Doble Check, y fue analizada por un equipo de siete estudiantes de la UCR bajo la metodología desarrollada por el Observatorio Complutense.
El resultado ofrece una primera conclusión incómoda: la desinformación electoral ya no puede entenderse como una colección de “noticias falsas” aisladas.
Es un fenómeno más amplio.
Unirme al Canal
Incluye contenidos fabricados, imágenes manipuladas, contextos falsos, conexiones engañosas, acoso digital y otras formas de alterar la percepción pública. La metodología utilizada por el equipo permitió estudiar no solamente el contenido, sino también sus objetivos, actores, canales de circulación, destinatarios, vulnerabilidades y respuestas.
La mayoría no salió de canales estatales
Uno de los datos que más atención merece es que 255 de los 257 incidentes fueron clasificados como provenientes de canales no atribuidos directamente al Estado.
Eso incluye perfiles personales, páginas de difusión política, cuentas anónimas, generadores de contenido y otros espacios cuya propiedad o administración no pudo establecerse de manera verificable. Solo dos incidentes fueron clasificados como provenientes de canales vinculados al Estado, según los criterios utilizados por la investigación.
La distinción es fundamental.
El informe señala que las narrativas observadas en esos espacios no estatales mostraron una notable afinidad con el discurso del oficialismo saliente. Pero ese hallazgo no significa que la investigación haya establecido que todos esos actores fueran parte de una estructura coordinada con el Gobierno.
Lo que evidencia es algo diferente y quizá más complejo: un ecosistema descentralizado puede reproducir, amplificar y transformar determinadas narrativas políticas sin que exista necesariamente una estructura formal única detrás.
Eso dificulta la atribución de responsabilidades.
Y también cambia la naturaleza del problema.
La discusión ya no consiste solamente en preguntarse quién creó una pieza falsa, sino cómo una narrativa consigue encontrar múltiples canales para reproducirse, quién la amplifica, qué actores la legitiman y por qué determinadas audiencias están dispuestas a creerla o compartirla.
El TSE se convirtió en uno de los principales objetivos
El Tribunal Supremo de Elecciones aparece entre los principales blancos identificados por la investigación.
Durante la campaña circularon contenidos que cuestionaban su legitimidad, planteaban versiones sobre un supuesto fraude y buscaban desacreditar al órgano electoral y a figuras de oposición. Después de la votación, el fenómeno adquirió otra dimensión: aumentaron los contenidos que ponían en duda el conteo de votos y la legitimidad de los resultados durante la revisión definitiva.
Esto resulta especialmente relevante porque atacar la credibilidad del árbitro electoral no es equivalente a atacar a una candidatura.
Cuando la desinformación consigue instalar dudas sobre el organismo encargado de organizar, contar y declarar los resultados, la discusión deja de centrarse exclusivamente en quién debe gobernar y comienza a cuestionar las reglas mediante las cuales se determina quién ganó.
El informe identifica precisamente esa etapa poselectoral como una fase diferenciada y de alta intensidad.
La elección, en otras palabras, no terminó informativamente cuando cerraron las urnas.
La inteligencia artificial cambió la apariencia del engaño
Hay otro dato que probablemente tendrá cada vez más importancia en las próximas elecciones: 55 de los 257 incidentes identificados utilizaron inteligencia artificial generativa para producir imágenes, videos o audios.
La investigación no encontró que la IA hubiera creado necesariamente nuevas ideas políticas. En muchos casos, hizo algo diferente: permitió dotar de apariencia visual o sonora a narrativas que ya circulaban.
Entre los contenidos observados hubo imágenes que vinculaban candidaturas costarricenses con figuras como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Fidel Castro o Hugo Chávez, con el propósito de establecer asociaciones políticas mediante materiales fabricados. Uno de los videos falsos atribuidos a Nicolás Maduro acumuló 298.000 visualizaciones en Facebook, según el informe.
Esto plantea un cambio importante para el periodismo y para la ciudadanía.
Antes, identificar una manipulación podía depender de encontrar una fuente original, comparar fotografías o comprobar una declaración. Con herramientas generativas capaces de producir imágenes, voces y videos cada vez más convincentes, la apariencia de autenticidad pierde valor como criterio de verificación.
Una fotografía ya no demuestra por sí misma que algo ocurrió.
Un audio tampoco necesariamente demuestra que una persona dijo algo.
Y un video puede mostrar un acontecimiento que nunca sucedió.
La consecuencia es que la verificación tendrá que depender cada vez más del contexto, la procedencia, la trazabilidad y la corroboración independiente.
El problema no fue solamente la existencia de desinformación
Quizá uno de los datos más importantes del informe se encuentre en otro apartado: 199 de los 257 incidentes no registraron ninguna reacción o medida visible.
El estudio calcula que el 77,4 % de los incidentes no recibió una respuesta, corrección o medida correctiva visible. Las declaraciones de refutación fueron la segunda respuesta más frecuente, con 36 casos, mientras que las acciones de las plataformas fueron muy limitadas.
Pero aquí también es necesario evitar una interpretación simplista.
El informe aclara que ese porcentaje no significa que el TSE simplemente permaneciera pasivo.
La investigación señala que el Tribunal enfrentó limitaciones legales: la difusión de desinformación electoral no constituye por sí misma un delito o una falta electoral y sus potestades para ordenar retiros de contenido están delimitadas por el Código Electoral. También señala que las plataformas tuvieron una intervención limitada.
Al mismo tiempo, el informe documenta una respuesta institucional considerable por parte del TSE: nueve conferencias de prensa, más de 50 comunicados, tres cadenas nacionales, el micrositio “¡Que no lo engañen!”, más de 40 contenidos publicados el día de las elecciones y otras iniciativas de información y prevención.
La conclusión, por tanto, no es que una institución simplemente “no hizo nada”.
El problema identificado es más amplio: la capacidad de respuesta del ecosistema completo fue menor que la velocidad de circulación de los contenidos manipulados.
Costa Rica ya tenía una advertencia antes de votar
Los hallazgos tampoco aparecieron en un vacío.
Investigaciones anteriores de PROLEDI ya habían identificado una preocupación considerable de la ciudadanía frente a la desinformación y su posible impacto electoral. Una encuesta publicada por el programa encontró que el 87,2 % de las personas consultadas estaba preocupado porque la desinformación afectara de alguna manera las elecciones.
También existía un acuerdo nacional impulsado antes de las elecciones para promover un entorno informativo responsable, plural y compatible con la libertad de expresión.
Es decir, el país sabía que el problema existía.
La elección de 2026 permitió observar cómo se comportó en condiciones reales.
Y el informe sugiere que el siguiente paso no puede ser esperar hasta la próxima campaña para volver a prepararse.
La próxima elección debería comenzar a prepararse ahora
Una de las principales lecciones señaladas por la investigación es precisamente que la respuesta frente a la desinformación debe ser permanente.
El informe plantea que el fenómeno es una responsabilidad compartida y estructural: involucra al organismo electoral, partidos y candidaturas, plataformas digitales, instituciones públicas, medios, verificadores, academia y ciudadanía.
También reconoce que la desinformación se desarrolla sobre condiciones previas de polarización, desconfianza institucional y fragmentación del ecosistema político y mediático.
Esto obliga a cambiar el calendario mental con el que tradicionalmente se aborda una elección.
No debería comenzar todo cuando se convoca oficialmente a votar.
Las capacidades de escucha social, verificación, alfabetización mediática y comunicación institucional necesitan existir antes de que aparezca la primera crisis.
También resulta relevante que el informe plantee actualizar las reglas relacionadas con propaganda digital, inteligencia artificial y transparencia de la publicidad electoral en plataformas. El comunicado de PROLEDI resume además la necesidad de fortalecer la detección temprana y los protocolos de comunicación antes, durante y después de los comicios.
La respuesta tampoco puede convertirse en censura
Aquí aparece una de las discusiones más delicadas.
Combatir la desinformación no significa otorgar a una institución, partido, plataforma o gobierno la capacidad de decidir arbitrariamente qué opiniones pueden circular.
El propio informe insiste en que las respuestas deben ser compatibles con la libertad de expresión y el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información.
Ese equilibrio será cada vez más difícil.
Una democracia necesita mecanismos para responder a contenidos fabricados que buscan engañar deliberadamente, pero también necesita proteger la crítica, la sátira, la opinión política y el debate incómodo.
El desafío institucional consiste precisamente en no confundir esas categorías.
Por eso, las soluciones planteadas en el informe no se reducen a retirar publicaciones. Incluyen alfabetización mediática, monitoreo, transparencia, protocolos de respuesta, cooperación entre instituciones y actualización de reglas para un entorno tecnológico que cambió más rápido que buena parte de las normas que lo regulan.
La elección de 2026 deja una pregunta para 2030
El valor de este informe no está únicamente en contar 257 incidentes.
Su mayor utilidad está en mostrar cómo se comportó el ecosistema informativo costarricense durante una elección concreta y qué vulnerabilidades quedaron expuestas.
La investigación concluye que las instituciones democráticas, y particularmente el TSE, lograron preservar la integridad del proceso pese a las presiones identificadas. Pero también advierte que la capacidad de respuesta fue desigual y que buena parte de los contenidos circularon sin una reacción visible.
La pregunta que queda para Costa Rica no debería ser únicamente cómo desmentir una falsedad cuando ya se volvió viral.
Debería ser cómo construir un ecosistema en el que una falsedad tenga menos posibilidades de convertirse en viral antes de ser detectada.
Eso implica ciudadanos con mejores herramientas para verificar, medios capaces de investigar con rapidez, instituciones preparadas para comunicar durante una crisis, plataformas transparentes sobre sus mecanismos de distribución y actores políticos conscientes de que la disputa electoral no termina justificando cualquier forma de manipulación.
La inteligencia artificial hará que distinguir lo real de lo fabricado sea cada vez más difícil. Las redes sociales seguirán acelerando la circulación. Y las elecciones continuarán siendo momentos particularmente sensibles para explotar las divisiones políticas existentes.
Costa Rica ya tiene una fotografía de lo ocurrido en 2026.
El verdadero desafío será decidir qué hace con ella.
Porque si una democracia solamente aprende a detectar la desinformación después de que una elección termina, llega tarde.
La próxima defensa de la integridad informativa no debería empezar el día que se abran las urnas.
Debería empezar mucho antes.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR. Fuentes: Informe de Observación de la Desinformación Electoral: Elecciones Presidenciales Costa Rica 2026, elaborado por PROLEDI-UCR y el Observatorio Complutense de Desinformación; comunicado CPOCI-65-2026 de la Universidad de Costa Rica. El comunicado fue emitido el 6 de octubre de 2026.
Compartir esta noticia
Sobre el autor
