El Poder Ejecutivo anunció un cambio de rumbo en la discusión sobre las pensiones de los expresidentes de la República y presentará este miércoles 12 de agosto un proyecto de ley propio para eliminar ese régimen especial, apenas días después de que la presidenta Laura Fernández defendiera públicamente las razones para mantener este tipo de beneficio.
Según la información comunicada este miércoles, el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, tenía previsto acudir a las 3:00 p. m. a la Asamblea Legislativa para presentar formalmente la iniciativa.
El anuncio representa un giro relevante en la posición más reciente del Gobierno.
La semana anterior, Fernández sostuvo que no estaba en contra de que un expresidente que necesitara el beneficio pudiera recibir una pensión y explicó que históricamente el mecanismo buscaba garantizar independencia económica a quienes abandonaban la Presidencia.
Ahora, el Ejecutivo anuncia que llevará al Congreso su propia propuesta para eliminar las pensiones de expresidentes.
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Fernández había defendido el beneficio días atrás
La controversia comenzó después de que la mandataria fuera consultada sobre la pensión especial que reciben los exjefes de Estado.
Fernández explicó inicialmente que ejercer la Presidencia tiene características distintas a otros cargos públicos y sostuvo que el beneficio buscaba permitir al exmandatario mantener ingresos una vez terminado su periodo, particularmente ante dificultades de seguridad o de reincorporación laboral.
Posteriormente amplió su posición y argumentó que históricamente estas pensiones también buscaban reducir el riesgo de que un presidente utilizara su cargo pensando en obtener empleo o favores de determinados grupos una vez terminara su gestión.
Al mismo tiempo, Fernández insistió en que mantiene su oposición a las denominadas pensiones de lujo, particularmente aquellas que alcanzan montos considerablemente superiores.
La diferencia generó cuestionamientos políticos porque durante su discurso de toma de posesión la mandataria había prometido impulsar acciones contra las pensiones consideradas privilegiadas.
Con el proyecto anunciado este miércoles, el Ejecutivo vuelve ahora hacia una posición favorable a la eliminación del régimen especial para exmandatarios.
Oficialismo había rechazado otro proyecto hace apenas una semana
El cambio ocurre además después de que diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaran contra un proyecto que ya buscaba precisamente eliminar estas pensiones.
El pasado 4 de agosto, la Comisión de Asuntos Sociales rechazó el expediente 24.793, presentado originalmente por el Frente Amplio.
Cinco diputados votaron en contra del proyecto y tres a favor. Entre quienes lo rechazaron estuvieron los oficialistas Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Robert Junior Barrantes y Royner Mora, además de la liberacionista Iztarú Alfaro.
No obstante, Alfaro explicó que su voto respondió a una estrategia legislativa para evitar que un empate provocara el archivo definitivo de la iniciativa.
Gracias a ese resultado, el expediente pudo continuar mediante un dictamen afirmativo de minoría.
Los diputados oficialistas justificaron entonces su rechazo señalando problemas técnicos y jurídicos en la propuesta. Britton cuestionó, entre otros aspectos, los parámetros utilizados por el proyecto para determinar quién podría conservar el beneficio y sostuvo que el eventual ahorro fiscal sería reducido.
Por ello, el nuevo movimiento del Gobierno no necesariamente significa que el oficialismo acepte el texto elaborado por el Frente Amplio: el Ejecutivo pretende presentar una propuesta propia, cuyo contenido será determinante para conocer cuáles diferencias plantea respecto del expediente anterior.
¿Cómo funciona actualmente la pensión de expresidentes?
Costa Rica mantiene un régimen especial para quienes hayan sido electos constitucionalmente como presidentes de la República.
La legislación reconoce una pensión financiada con recursos del Presupuesto Nacional, sin que para adquirir específicamente ese beneficio sea necesario haber realizado cotizaciones al régimen durante el ejercicio presidencial. La normativa original está contenida en la Ley de Pensiones para Expresidentes y posteriormente fue incorporada dentro del régimen general de pensiones con cargo al Presupuesto.
Actualmente, el monto está vinculado al ingreso mensual de una diputación y ronda los ₡4 millones mensuales.
Siete expresidentes reciben actualmente ese beneficio: Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Óscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla Miranda y Luis Guillermo Solís Rivera.
Carlos Alvarado Quesada decidió no cobrarla, mientras Rodrigo Chaves Robles no puede percibirla mientras ejerza otro cargo público remunerado, situación relevante porque actualmente ocupa funciones dentro del Gobierno de Fernández.
Ya existen otras propuestas en el Congreso
El proyecto que presentará el Ejecutivo llegará a una Asamblea Legislativa donde la pensión presidencial ya es objeto de varias iniciativas.
Además del expediente 24.793 que busca eliminar el régimen, la diputada liberacionista Iztarú Alfaro presentó recientemente el expediente 25.658, que plantea mantener la pensión pero establecer los 65 años como edad mínima para comenzar a recibirla.
Actualmente, un presidente adquiere el derecho al beneficio desde el mes siguiente a la finalización de su periodo constitucional, independientemente de su edad.
El proyecto de Alfaro pretende equiparar esa condición con la edad ordinaria utilizada como referencia en otros regímenes de jubilación.
Por tanto, con la iniciativa anunciada por Casa Presidencial habría al menos tres enfoques recientes sobre la mesa: eliminar completamente el régimen, mantenerlo solamente en determinadas condiciones o conservarlo pero retrasar su acceso hasta los 65 años.
Falta conocer qué ocurrirá con quienes ya reciben la pensión
Uno de los elementos centrales del nuevo proyecto será determinar qué pretende hacer el Ejecutivo con las pensiones actualmente otorgadas.
Hasta conocerse formalmente el texto presentado por Barrantes, no es posible establecer si la propuesta eliminará únicamente el beneficio para futuros presidentes o si intentará modificar también los derechos de quienes ya lo reciben.
Tampoco se conoce todavía si habrá disposiciones transitorias, algún mecanismo especial para expresidentes que no cuenten con otros ingresos o una alternativa asistencial para casos excepcionales.
Este punto resulta particularmente relevante porque el proyecto del Frente Amplio no proponía simplemente eliminar todos los pagos existentes de manera inmediata: contemplaba que actuales beneficiarios pudieran conservar una ayuda si demostraban ingresos inferiores a tres salarios base y no recibían otra pensión contributiva.
El contenido del nuevo proyecto permitirá determinar si el Ejecutivo adopta un modelo similar o propone una eliminación más amplia.
Un giro político en cuestión de días
La presentación coloca nuevamente el tema de la coherencia del discurso oficialista en el centro de la discusión.
En menos de dos semanas, cuatro diputados del PPSO rechazaron un proyecto para eliminar el régimen, Fernández explicó públicamente las razones por las que consideraba justificable que los exmandatarios recibieran una pensión y, ahora, el Ejecutivo anuncia una iniciativa propia para suprimir ese mismo beneficio.
La diferencia que deberá aclarar el Gobierno es si considera que cambió de criterio sobre el fondo del asunto o si sus objeciones estaban dirigidas únicamente al diseño técnico de los proyectos existentes.
Por ahora, el anuncio sí marca un cambio respecto de la posición expresada públicamente por Fernández durante los últimos días.
El siguiente paso será conocer el texto exacto que entregue Alejandro Barrantes a la Asamblea Legislativa, cuáles expresidentes quedarían afectados, cuál sería el ahorro estimado y qué tratamiento propone para quienes actualmente reciben el beneficio.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo, para NAICR. Fuente: Información comunicada este miércoles 12 de agosto sobre la presentación del nuevo proyecto por parte del viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes.
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