El Poder Ejecutivo presentó este miércoles 12 de agosto ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende eliminar el régimen especial de pensiones de los expresidentes de la República, con un alcance que no se limitaría a futuros mandatarios: el texto propone suspender también los pagos que actualmente reciben exgobernantes y causahabientes amparados por esa legislación.
La iniciativa, denominada “Cero tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes de la República”, fue remitida al Congreso mediante el oficio MP-DM-OF-0189-2026 y está firmada por la presidenta Laura Fernández Delgado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla. Chaves ejerce actualmente de forma simultánea los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, según el gabinete oficial del Gobierno.
La propuesta contiene dos artículos y una derogatoria amplia. Su punto central establece que quienes hayan ejercido la Presidencia y sus causahabientes que actualmente sean beneficiarios del régimen especial “dejarán de percibirla a partir de la entrada en vigor” de la eventual ley.
En adelante, esas personas únicamente podrían recibir una pensión proveniente del régimen público al que efectivamente hayan contribuido, siempre que cumplan los requisitos de edad, número de cuotas y demás condiciones exigidas por ese sistema.
El proyecto no solo afectaría a futuros expresidentes
La legislación vigente reconoce a los expresidentes electos constitucionalmente una pensión mensual equivalente al ingreso de una diputación. El beneficio está regulado principalmente en el capítulo III de la Ley N.° 7302, Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional.
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La propuesta del Ejecutivo pretende derogar ese capítulo y, además, la Ley N.° 313, Ley de Pensiones para Expresidentes, del 23 de agosto de 1939 y sus reformas.
Esto constituye uno de los elementos más relevantes del nuevo proyecto: el Gobierno no plantea únicamente cerrar el régimen para quienes ocupen la Presidencia en el futuro, sino detener también las prestaciones periódicas de quienes ya tienen reconocido el beneficio.
El documento aclara, sin embargo, que no se exigiría devolver el dinero recibido anteriormente. La reforma se aplicaría hacia adelante: se conservarían las prestaciones ya pagadas y cesarían las que se devenguen después de la entrada en vigencia de la eventual ley.
Ese punto previsiblemente será uno de los principales asuntos del debate jurídico. En la exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que la pensión no constituye un derecho absolutamente inmutable y cita jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha reconocido la posibilidad de introducir limitaciones o modificaciones a regímenes de pensiones cuando existan razones de sostenibilidad, proporcionalidad e interés público. La Sala ha señalado en resoluciones sobre esta materia que el derecho a la pensión no es absoluto y que el Estado conserva potestades de regulación.
No obstante, las sentencias citadas por el propio proyecto han abordado, entre otros temas, contribuciones especiales, límites y modificaciones a condiciones de los regímenes. Por ello, la exposición de motivos constituye el argumento jurídico del Poder Ejecutivo, pero no equivale por sí misma a una determinación definitiva de constitucionalidad sobre eliminar por completo una prestación ya reconocida.
Ejecutivo cifra en ₡5.469 millones los pagos acumulados
Como parte de su justificación, el Gobierno incorporó información que atribuye a Contabilidad Nacional sobre el dinero recibido por expresidentes que actualmente se encuentran con vida.
Según el documento, siete exmandatarios —sin contabilizar a Carlos Alvarado Quesada ni a Rodrigo Chaves Robles, a quienes asigna ₡0 en la tabla— han recibido en conjunto ₡5.469.130.949,85 netos por concepto de esta pensión. La suma de los montos individuales incluidos en el cuadro coincide con esa cifra.
La tabla reporta aproximadamente ₡972 millones recibidos por Rafael Ángel Calderón; ₡936 millones por José María Figueres Olsen; ₡906 millones por Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; ₡830 millones por Abel Pacheco de la Espriella; ₡869 millones por Óscar Arias Sánchez; ₡578 millones por Laura Chinchilla Miranda y ₡376 millones por Luis Guillermo Solís Rivera.
El proyecto señala además que la pensión presidencial utilizada en sus cálculos asciende actualmente a ₡3.952.475,09 mensuales y cuestiona que algunos exmandatarios puedan recibir simultáneamente prestaciones provenientes de otros regímenes públicos.
Como ejemplos, el documento sostiene que Miguel Ángel Rodríguez recibe, además de la pensión de expresidente, ₡781.000 de JUPEMA y ₡1.602.238,80 del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, para un total mensual de ₡6.335.713,89. Para Abel Pacheco señala una pensión de IVM de ₡2.395.813,80 que, sumada al beneficio presidencial, alcanzaría ₡6.348.288,89 mensuales.
Ya existe otro proyecto en la Asamblea Legislativa
La propuesta llega cuando el Congreso ya tramita otra iniciativa para modificar este régimen.
El expediente 24.793, presentado en enero de 2025 por diputados del Frente Amplio del periodo legislativo anterior, también busca eliminar el régimen especial. La Comisión de Asuntos Sociales le dio un dictamen negativo de mayoría el pasado 4 de agosto, aunque el resultado permite la presentación de un dictamen afirmativo de minoría y, por tanto, el expediente todavía puede continuar su recorrido legislativo.
Existe, sin embargo, una diferencia sustancial entre ambos planteamientos.
El expediente 24.793 proponía conservar el beneficio para determinados pensionados actuales bajo condiciones económicas específicas, por ejemplo cuando sus ingresos provenientes de otras fuentes fueran inferiores a tres salarios base y no recibieran determinadas pensiones contributivas.
El nuevo proyecto del Ejecutivo va más lejos: su artículo primero ordenaría directamente que los beneficiarios actuales del régimen especial dejen de percibirlo y los remitiría únicamente a las pensiones contributivas para las que hayan cotizado.
La discusión sobre estas pensiones se intensificó durante la última semana después de que la mayoría oficialista en la Comisión de Asuntos Sociales rechazara el proyecto anterior y el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya cuestionara posteriormente a Fernández durante el control político del Plenario.
Ahora el nuevo texto deberá iniciar su propio recorrido en la Asamblea Legislativa y será en ese proceso donde se determinará si obtiene los votos necesarios y cómo se resuelven las interrogantes jurídicas relacionadas con los beneficios ya concedidos.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR. Fuentes: Proyecto de ley “Cero tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes de la República”, remitido por el Poder Ejecutivo el 12 de agosto de 2026. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI), Ley N.° 7302 y Ley N.° 313. Poder Judicial, jurisprudencia de la Sala Constitucional relacionada con regulación de pensiones.
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