Los diputados de Pueblo Soberano que integran la Comisión de Asuntos Sociales votaron este martes 4 de agosto en contra del proyecto de ley que pretende eliminar el régimen especial de pensiones de los expresidentes de la República.
La decisión permitió emitir un dictamen negativo de mayoría sobre el expediente 24.793. Esto significa que la comisión recomienda no aprobar la iniciativa, aunque su futuro deberá ser resuelto posteriormente por el Plenario Legislativo.
El proyecto fue presentado en enero de 2025 por el entonces diputado Jonathan Acuña y los demás integrantes de la fracción del Frente Amplio del periodo constitucional anterior.
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¿Qué pretendía modificar el proyecto?
La propuesta plantea derogar el capítulo III de la Ley 7302, en el cual se encuentra regulado actualmente el Régimen de Pensiones de los Expresidentes de la República.
De aprobarse, los futuros exmandatarios dejarían de recibir automáticamente esa pensión al concluir su periodo presidencial.
En el caso de quienes ya cuentan con el beneficio, el proyecto no ordena retirar todos los pagos de manera inmediata. En su lugar, establece varias condiciones para conservarlos.
Los beneficiarios tendrían que demostrar ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que reciben de otras fuentes ingresos mensuales inferiores a tres salarios base. Si no acreditan esa condición, la pensión sería suspendida.
Tampoco podrían mantener el beneficio quienes reciban otra pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Magisterio Nacional o del Poder Judicial.
El texto del expediente 24.793 también obliga a los beneficiarios a informar cuando su condición económica cambie y sus ingresos superen el límite establecido.
Frente Amplio cuestiona posición oficialista
El diputado frenteamplista Edgardo Araya defendió la eliminación del régimen al considerar que se trata de una pensión financiada directamente con recursos públicos, sin que los beneficiarios hayan realizado aportes específicos para recibirla.
Araya sostuvo que ocupar la Presidencia durante cuatro años no debería generar automáticamente una pensión vitalicia y acusó al oficialismo de proteger un privilegio que podría beneficiar en el futuro a figuras vinculadas con su movimiento político.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Esmeralda Britton, leyó la posición contraria al proyecto. El criterio señaló que propuestas similares han sido discutidas durante varias décadas sin ofrecer, según los diputados oficialistas, una solución novedosa al problema.
La bancada oficialista ha respaldado otra iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.786, que busca establecer un tope general para determinadas pensiones del sector público con cargo al Presupuesto Nacional.
Diputada del PLN explica voto estratégico
La liberacionista Iztarú Alfaro también votó contra la iniciativa, pero aclaró que su decisión no representa una oposición de fondo a reformar las pensiones de los expresidentes.
Según explicó, su voto buscó evitar que un empate provocara el archivo inmediato del expediente y permitir que la discusión sea trasladada al Plenario Legislativo.
Alfaro presentó recientemente otra propuesta, bajo el expediente 25.658, para que los futuros expresidentes deban esperar hasta cumplir 65 años antes de comenzar a recibir el beneficio, según informó Radio Columbia.
¿Cómo funciona actualmente la pensión?
La legislación vigente establece que los expresidentes elegidos constitucionalmente tienen derecho a una pensión mensual equivalente al ingreso de un diputado desde el mes siguiente a la conclusión de su mandato.
Los pagos se realizan con recursos del Presupuesto Nacional. Cuando el beneficiario fallece, sus causahabientes pueden recibir el 75% del monto, de acuerdo con las condiciones establecidas para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
El dictamen negativo emitido este martes no elimina definitivamente el proyecto. La propuesta será trasladada al Plenario, donde las diputaciones deberán decidir si respaldan la recomendación de rechazo o permiten que continúe su trámite.
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