Imagen con fines ilustrativos.
La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su respaldo al personal docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) y rechazó cuatro prohibiciones de la circular DM-CIR-0047-2026, al considerar que su redacción podría generar interpretaciones arbitrarias, temor a sanciones y restricciones al debate dentro de las aulas.
La posición quedó establecida mediante un acuerdo firme adoptado por el Consejo Universitario durante la sesión ordinaria n.° 7008, celebrada el 21 de julio. La institución advirtió que las consecuencias no afectarían únicamente la libertad de expresión del profesorado, sino también el derecho de la niñez y la adolescencia a recibir una educación basada en el diálogo, el pluralismo y el pensamiento crítico.
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Cuestionamientos se concentran en cuatro prohibiciones
El pronunciamiento se dirige específicamente contra las prohibiciones 1, 2, 5 y 7 de la circular emitida por el MEP el pasado 3 de julio.
Estas disposiciones impiden realizar propaganda política o actividades de “captación ideológica”; utilizar clases, evaluaciones, actos cívicos y otros recursos educativos para favorecer o descalificar partidos, candidaturas o figuras públicas; emplear la autoridad docente para beneficiar o perjudicar posiciones ideológicas; y permitir el ingreso de personas externas con fines de proselitismo o adoctrinamiento.
Para la UCR, expresiones como “captación ideológica”, “posiciones sectarias” o beneficiar y perjudicar una posición carecen de parámetros suficientemente claros para determinar cuáles conductas podrían ser sancionadas.
La Universidad reconoció que el Estado debe proteger a las personas menores de edad y evitar el proselitismo partidario en los centros educativos. Sin embargo, sostuvo que cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la libertad de expresión, el pluralismo ideológico y el debido proceso.
Temor podría limitar discusiones de interés público
El pronunciamiento advierte que la incertidumbre sobre el alcance disciplinario de la circular podría funcionar como un mecanismo indirecto de censura previa.
Como ejemplo, la UCR señaló que una persona docente podría evitar el análisis de la inversión social o del presupuesto destinado a la educación por temor a que su explicación sea interpretada como un beneficio o perjuicio para determinado partido político.
A criterio de la institución, ese escenario empobrecería el proceso educativo y debilitaría la formación de estudiantes capaces de participar de manera consciente, informada y responsable en una sociedad democrática.
MEP niega que la circular sea una “mordaza”
El MEP ha defendido que el lineamiento busca reforzar las obligaciones de neutralidad político-electoral ya existentes y prevenir el uso de estudiantes, instalaciones y recursos públicos para propaganda o proselitismo.
La circular también señala que no se prohíbe el análisis académico, histórico, cívico o crítico de asuntos políticos, sociales y económicos incluidos en el currículo, siempre que se utilicen fuentes diversas, metodologías equilibradas y respeto por la pluralidad.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, rechazó que las disposiciones pretendan silenciar al profesorado y aseguró que su objetivo es impedir la propaganda política, no la discusión curricular. La controversia también llegó a la Sala Constitucional, que admitió para estudio dos recursos de amparo contra la circular y solicitó informes a las autoridades educativas. Esa admisión todavía no representa una decisión sobre el fondo del reclamo.
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