La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, interpondrá acciones legales contra los recortes aplicados al presupuesto del Poder Judicial correspondiente a 2026, luego de recibir el respaldo unánime de la Corte Plena durante una sesión extraordinaria celebrada la tarde de este miércoles 18 de noviembre.
Los magistrados que integran la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la votación —una práctica habitual cuando un asunto podría escalar posteriormente a conocimiento de ese tribunal—, mientras que el resto del órgano avaló la autorización sin precisar todavía qué recursos jurídicos específicos se presentarán.
El acuerdo judicial llega en la antesala de la reunión de presidentas de los Supremos Poderes convocada para este viernes 20 de noviembre en la sede del Poder Judicial, encuentro en el que coincidirán la propia Patricia Vargas, la presidenta de la República, Laura Fernández, y la jerarca de la Asamblea Legislativa.
El trasfondo de la disputa por los recursos
El conflicto presupuestario entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la cúpula judicial se arrastra desde mediados de año y abarca tanto el ejercicio vigente como el plan de gastos del próximo periodo. Según el recuento institucional publicado por el Poder Judicial, aunque la Corte Plena había cedido voluntariamente ¢13.042 millones en junio para contribuir con la sostenibilidad fiscal, el Ministerio de Hacienda impulsó una rebaja mayor mediante el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026 (expediente N.º 25.803).
La cúpula judicial ha advertido reiteradamente que las reducciones y el congelamiento de plazas vacantes golpean directamente la operatividad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la atención a víctimas y la tramitación de procesos sensibles como pensiones alimentarias y materia laboral.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández ha defendido las rebajas y la incorporación de normas de ejecución presupuestaria en el Congreso, argumentando que buscan dotar al Legislativo de herramientas para fiscalizar la eficiencia del gasto público en el Poder Judicial, postura que ha sostenido en sus intervenciones públicas.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




