En la fotografía; Orlando Aguirre y Patricia Solano.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), Patricia Solano, descartaron de manera definitiva someterse a la prueba del polígrafo. La solicitud había sido planteada originalmente por la presidenta de la República, Laura Fernández, como parte de las medidas de control y transparencia dentro de las sesiones conjuntas de seguridad nacional.
Los jerarcas del Poder Judicial argumentaron que su rechazo responde a criterios técnicos y legales estrictos, orientados a preservar la total imparcialidad de la judicatura. Según explicaron de manera preliminar, las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia constantemente conocen y resuelven diversos recursos y gestiones legales presentados contra la aplicación del polígrafo en el sector público, por lo que someterse voluntariamente a la herramienta comprometería su criterio judicial.
Específicamente, la Sala de Casación Penal que preside Solano ha tramitado históricamente diversas impugnaciones y acciones asociadas al uso de estos mecanismos de medición. Debido a que estas resoluciones judiciales son fundamentales y de alto interés público, los altos jueces indicaron que aplicar la prueba sobre sus propias personas podría generar un conflicto de intereses o un eventual adelanto de criterio ante futuros recursos de amparo, de inconstitucionalidad o reclamos laborales.
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Contraste con el Ministerio Público y la Policía Judicial
La postura adoptada por las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia contrasta con las decisiones tomadas por los jefes de los cuerpos auxiliares del Poder Judicial. Para poder integrarse activamente a las sesiones estratégicas de seguridad impulsadas por el Poder Ejecutivo, el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, sí accedió a someterse a un examen de “detector de mentiras” respaldado con certificación internacional.
Por su parte, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, ha mantenido una posición abierta, apuntando que él se practicaría la prueba siempre y cuando el procedimiento se enmarque de manera formal dentro de los parámetros legales permitidos y vigentes en el país. Asimismo, trascendió que el OIJ se encuentra en las etapas iniciales para crear su propia Unidad de Poligrafía, la cual tendrá el objetivo de aplicar estas evaluaciones tanto al personal activo como a los nuevos oferentes que deseen ingresar a la Policía Judicial.
Este panorama se suscita en una semana compleja para el Gobierno, luego de que la mandataria Laura Fernández ordenara de forma tajante la destitución de varios jefes policiales del Poder Ejecutivo que no superaron el polígrafo. En esas evaluaciones se realizaron consultas estrictas relacionadas con el crimen organizado, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción y la supuesta filtración de información confidencial. El caso sobre el uso de esta herramienta y sus implicaciones legales continúa bajo un intenso debate en el ámbito político y judicial del país.
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