La Fiscalía General de la República abrió una investigación penal por el presunto delito de prevaricato en perjuicio de los deberes de la función pública vinculada con la tramitación del Presupuesto Nacional de 2027, y solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa una copia certificada completa del proyecto de ley.
Según consta en el oficio FGR-675-2026 —fechado el lunes 16 de noviembre y dirigido a Alejandra Bolaños Guevara, directora ejecutiva del Congreso—, el fiscal general, Carlo Díaz, requirió la documentación correspondiente al expediente legislativo N.º 25.754 (Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027) dentro de la causa penal N.º 26-000115-0033-PE.
El documento judicial, divulgado inicialmente por el medio Noticias Trivisión, establece un plazo perentorio de cinco días hábiles contados a partir de la notificación para que la administración legislativa entregue la certificación solicitada. Díaz fundamentó el requerimiento en el artículo 226 y en los numerales 391 y concordantes del Código Procesal Penal, normas que facultan al Ministerio Público para recabar documentación pública indispensable dentro de las pesquisas preliminares contra miembros de los Supremos Poderes.
De acuerdo con la legislación penal costarricense, el delito de prevaricato sanciona al funcionario público o autoridad que dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha detallado quiénes figuran como personas investigadas dentro de este expediente penal ni cuál acto específico del trámite legislativo motivó la apertura de la causa.
Un presupuesto frenado por disputas constitucionales
El requerimiento de la Fiscalía se suma a la compleja batalla institucional que rodea al plan de gastos de 2027, el cual asciende a ¢12,419 billones y fue aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo el pasado 5 de noviembre en medio de fuertes cuestionamientos por recortes y bloqueos de recursos contra el Poder Judicial y las universidades públicas.
Actualmente, el avance definitivo del proyecto permanece detenido. El 9 de noviembre, la Sala Constitucional ordenó suspender la discusión y votación en segundo debate del expediente 25.754 al menos hasta el próximo 29 de noviembre, tras acoger medidas cautelares urgentísimas vinculadas con las consultas de constitucionalidad presentadas por la Corte Suprema de Justicia y un grupo de diputados.
Entre los principales puntos bajo cuestionamiento constitucional destacan las normas de ejecución presupuestaria incorporadas al texto, las cuales someten el desbloqueo de casi ¢30.000 millones del Poder Judicial al aval posterior de una comisión legislativa de control político y restringen la cobertura de plazas vacantes. Asimismo, el pulso político entre el Legislativo y la cúpula judicial escaló esta misma semana luego de que el Plenario aprobara una moción impulsada por la fracción oficialista para pedir la renuncia del propio fiscal general Carlo Díaz tras su visita sorpresiva al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
Con la solicitud formal ya remitida a la Dirección Ejecutiva del Congreso, el Ministerio Público deberá analizar las actas, mociones y votaciones contenidas en el expediente 25.754 una vez que reciba la certificación dentro del plazo legal establecido.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




