Cuatro bancadas de oposición rechazaron este viernes 31 de julio las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien calificó como un “golpe de Estado” la resolución mediante la cual la Sala Constitucional prorrogó provisionalmente los nombramientos vencidos de sus magistraturas suplentes.
Representantes del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consideraron peligrosas las acusaciones y responsabilizaron al oficialista Partido Pueblo Soberano por el estancamiento de las designaciones en la Asamblea Legislativa.
Las reacciones surgieron después de que Fernández acusara a cuatro magistrados de invadir las competencias del Congreso. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció además que el lunes presentará una querella por presunto prevaricato contra quienes respaldaron el fallo.
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PLN responsabiliza a Pueblo Soberano
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, calificó las declaraciones emitidas desde Casa Presidencial como “peligrosas e irresponsables”.
Ramírez sostuvo que el partido oficialista ha impedido reiteradamente avanzar con la elección de las magistraturas suplentes y defendió la resolución como una medida para garantizar la continuidad de la justicia constitucional.
El legislador afirmó que cumplir la Constitución no puede considerarse un golpe de Estado, sino una forma de impedir que ocurra una ruptura del orden democrático.
También señaló que mantener incompleta la integración de la Sala afecta directamente a las personas cuyos recursos no pueden resolverse cuando uno o varios magistrados propietarios deben apartarse de un expediente.
“El intento por cerrar la Sala Constitucional es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”, manifestó Ramírez, según las declaraciones recopiladas por Monumental.
Frente Amplio acusa intento de paralizar al Poder Judicial
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, también rechazó la posición del Gobierno y cuestionó: “¿Cómo va a hablar el Gobierno de un golpe de Estado?”.
Villalta aseguró que el oficialismo ha intentado paralizar y “sabotear” al Poder Judicial al impedir el nombramiento de las personas suplentes que necesita la Sala Constitucional para funcionar.
El frenteamplista argumentó que la falta de estas designaciones no solo afecta los recursos de amparo y otros asuntos constitucionales, sino también expedientes de Corte Plena en los que magistrados propietarios deben inhibirse.
Según la posición del diputado, permitir provisionalmente que las anteriores magistraturas suplentes intervengan evita un vacío mientras la Asamblea completa las elecciones. Sus declaraciones fueron divulgadas por La Nación.
Dobles advierte sobre enfrentamiento entre poderes
La diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, describió las palabras de Fernández como “temerarias y absolutamente irresponsables”.
Dobles señaló que la controversia ocurre en medio de lo que considera una “guerra abierta” del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y advirtió que desconocer la autoridad de la Sala Constitucional debilitaría los controles democráticos.
Por su parte, la diputada socialcristiana Abril Gordienko calificó como inadmisible que un poder de la República provoque la paralización de otro.
Gordienko defendió la competencia de la Sala para resolver diferencias relacionadas con la interpretación constitucional y repudió que el Gobierno llamara “golpistas” a los cuatro magistrados que integraron la mayoría.
Fallo fue aprobado por cuatro votos contra tres
La controversia se originó por la resolución 2026-13498, aprobada por cuatro votos contra tres.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la falta de magistraturas suplentes y anuló los acuerdos legislativos dirigidos a devolver la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, ordenó a Yara Jiménez coordinar las actuaciones necesarias para que la lista sea conocida por el Plenario en la próxima oportunidad posible.
Como medida provisional, el tribunal extendió los nombramientos que vencieron el 16 de diciembre de 2025. La decisión no autoriza una integración irrestricta: las personas suplentes podrán participar únicamente en asuntos urgentes e indispensables cuando una magistratura propietaria se encuentre legalmente imposibilitada para votar.
Al 14 de julio existían 123 expedientes pendientes debido a inhibitorias o recusaciones que impedían completar la integración del tribunal, según los datos recopilados por Delfino.
Congreso realizó once rondas sin efectuar nombramientos
La Corte Plena remitió en octubre de 2025 una nómina de 18 candidatos para llenar nueve plazas suplentes. Después de once rondas de votación, ninguna persona alcanzó los 38 votos requeridos para ser elegida.
Durante la actual legislatura, la lista fue sometida a votación en seis ocasiones y los diputados oficialistas dejaron sus papeletas en blanco, de acuerdo con el recuento publicado por El Observador.
Aunque Pueblo Soberano cuenta con 31 diputados y no puede realizar los nombramientos por sí solo, las bancadas opositoras lo responsabilizan por impulsar la devolución y posterior archivo de la nómina en lugar de negociar las designaciones.
Querella todavía no ha sido presentada
Jiménez anunció que la querella por presunto prevaricato se dirigirá contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes conformaron la mayoría.
La presentación de esa acción no implica que ya exista una causa penal admitida ni que se haya determinado responsabilidad contra alguno de los señalados.
Mientras continúa el enfrentamiento político, la Asamblea Legislativa deberá retomar el conocimiento de la nómina. La resolución de la Sala no sustituye la elección legislativa: la prórroga permanecerá vigente provisionalmente hasta que el Congreso efectúe los nombramientos correspondientes.
Fuentes: Monumental, La Nación, Delfino, El Observador y declaraciones públicas de representantes legislativos.
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