El despacho de la presidenta Laura Fernández Delgado respondió este miércoles 12 de agosto al magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya García y reafirmó la afirmación de la mandataria de que el crimen organizado y el narcotráfico han penetrado estructuras del Poder Judicial, utilizando como sustento una serie de investigaciones y casos conocidos públicamente durante los últimos años.
La contestación está contenida en el oficio PR-DP-OF-0448-2026, firmado por Alexander Astorga Monge, director del Despacho Presidencial, quien señala que responde siguiendo instrucciones de Fernández. El documento fue emitido después de que Araya solicitara información sobre las declaraciones públicas de la presidenta relacionadas con la presencia del crimen organizado dentro del aparato judicial.
Fernández había asegurado el pasado 1 de julio que el crimen organizado y el narcotráfico se estaban filtrando en el Poder Judicial y utilizó la frase de que el fenómeno se estaba metiendo “hasta en los tuétanos” de esa institución. La declaración provocó posteriormente un rechazo de Corte Plena, que pidió a la mandataria presentar las denuncias correspondientes si contaba con información sobre hechos irregulares.
Presidencia cita siete antecedentes para defender afirmación
En su respuesta, Presidencia sostiene que la expresión utilizada por Fernández significa que “el crimen organizado ha permeado instancias del aparato judicial” y asegura que esa posición puede constatarse a partir de antecedentes y casos de gravedad conocidos públicamente.
El primer caso mencionado es Talamanca, ocurrido en 2021, en el que el oficio señala la detención de un juez y fiscales por hechos relacionados con narcotráfico. Según la versión incluida por Presidencia, entre las conductas investigadas figuraban supuestas resoluciones irregulares para devolver bienes decomisados y filtraciones sobre intervenciones telefónicas.
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También cita el caso denominado Corruptela en Limón, relacionado con investigaciones contra técnicos judiciales, defensores públicos y una exjueza entre 2022 y 2023. El documento atribuye a ese expediente sospechas sobre pagos a cambio de favorecer causas, alertar sobre allanamientos o modificar información relacionada con medidas cautelares.
El oficio incorpora además los casos Paso Canoas y Sartra, de 2022 y 2023, relacionados —según Presidencia— con filtraciones de información desde el OIJ y tribunales de justicia, así como la presunta venta de claves de acceso a sistemas confidenciales, información sobre personas investigadas y alertas anticipadas a organizaciones vinculadas con tráfico internacional de cocaína.
Otro de los antecedentes mencionados es el caso La Unión, de 2024. Presidencia afirma que involucró investigaciones contra tres fiscales y tres jueces por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y violación de secretos, entre otras conductas. Todas estas referencias corresponden a la exposición realizada por el Poder Ejecutivo y no implican que cada persona investigada haya sido declarada culpable mediante sentencia firme.
Celso Gamboa y Madre Patria también aparecen en respuesta
Presidencia dedica parte del documento al caso del exmagistrado de la Sala Tercera y exfiscal general Celso Gamboa Sánchez, quien fue extraditado junto con Edwin López Vega desde Costa Rica hacia Estados Unidos el 20 de marzo de 2026 para enfrentar cargos federales relacionados con tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia estadounidense ha aclarado que las acusaciones constituyen alegatos y que los imputados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista condena.
Para el Ejecutivo, el caso Gamboa representa uno de los principales antecedentes que respaldan la preocupación expresada por Fernández sobre la penetración de organizaciones criminales en estructuras estatales. El oficio recuerda que el exmagistrado ocupó diferentes posiciones dentro del aparato público antes de enfrentar el proceso de extradición.
Finalmente, se menciona Madre Patria, investigación sobre una presunta estructura dedicada a fraude registral, legitimación de capitales y otros delitos, en la que las autoridades han investigado la posible participación de funcionarios vinculados con el sistema judicial.
En este punto existe una diferencia importante entre citar casos concretos de funcionarios investigados y demostrar una infiltración generalizada del Poder Judicial. El oficio de tres páginas revisado por NAICR no adjunta expedientes, informes de inteligencia, estadísticas ni pruebas documentales nuevas; la Presidencia sustenta la afirmación de Fernández en la acumulación de casos públicos que enumera en su respuesta.
Presidencia dice a Araya que solicite informes dentro del Poder Judicial
El tono de la respuesta aumenta hacia el cierre del documento.
Presidencia señala a Araya que, debido a su condición de integrante de Corte Plena y a su interés en la materia, puede solicitar al Ministerio Público y a la Sala Tercera un informe pormenorizado sobre el estado de las investigaciones mencionadas.
Además, sostiene que es desde la “cúpula del Poder Judicial” donde existen potestades de fiscalización, control y acceso a información sobre expedientes contra funcionarios judiciales, y afirma que considera necesario un papel “más activo” en la depuración interna frente a posibles amenazas provenientes del crimen organizado.
El Ejecutivo también reprochó que autoridades del Poder Judicial no participaran en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cuya agenda —según la respuesta— habían sido incluidos asuntos relacionados con seguridad nacional y las preocupaciones planteadas por Fernández.
Las autoridades judiciales habían informado previamente que rechazaron participar en la reunión convocada para el 20 de julio porque parte de los temas incluidos en la agenda involucraban actuaciones y decisiones que consideraban propias de la función jurisdiccional y que su participación podía comprometer la independencia de criterio de quienes posteriormente debieran resolver procesos judiciales.
Respuesta llega tras reclamo público del magistrado
Araya había presentado su solicitud el 28 de julio, según explicó públicamente este miércoles. El magistrado aseguró que pidió a Fernández las pruebas que respaldaban sus declaraciones y reclamó que había transcurrido el plazo legal sin recibir contestación.
El derecho de petición está reconocido en el artículo 27 de la Constitución Política, mientras que el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece, para este tipo de solicitudes, un plazo de diez días hábiles cuando no exista otro término aplicable.
Araya sostuvo durante su pronunciamiento de este miércoles que el plazo había vencido el martes 11 de agosto y calificó el silencio que existía hasta entonces como una ofensa para las personas funcionarias judiciales. Horas después se conoció el oficio fechado este 12 de agosto con la respuesta del despacho presidencial.
La controversia se mantiene así abierta: Fernández no retira su afirmación y Presidencia considera que los casos enumerados justifican hablar de penetración del crimen organizado en instancias judiciales, mientras Corte Plena ha sostenido que se trata de hechos puntuales que la propia institución ha investigado y ha rechazado que esas situaciones permitan generalizar sobre sus más de 13.800 funcionarios.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR. Fuente: Oficio PR-DP-OF-0448-2026 del Despacho de la Presidencia de la República, fechado 12 de agosto de 2026 y suministrado a NAICR.
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