AP Photo/Ariana Cubillos - Ariana Cubillos
Venezuela enfrenta una nueva etapa de la emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Mientras disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros, las autoridades y los organismos internacionales concentran ahora sus esfuerzos en atender a las familias desplazadas, retirar estructuras colapsadas y comenzar una reconstrucción que se anticipa larga y costosa.
El más reciente reporte de situación de Naciones Unidas, correspondiente al 21 de julio, contabilizaba 5.208 personas fallecidas y 16.740 heridas. Desde los sismos también se habían registrado al menos 1.405 réplicas, lo que mantiene el riesgo alrededor de edificios debilitados y complica el regreso de algunas comunidades. Las cifras continúan sujetas a actualizaciones conforme avanzan la identificación de víctimas y la limpieza de las zonas afectadas.
Dos terremotos con apenas segundos de diferencia
La emergencia comenzó la tarde del 24 de junio, cuando un terremoto de magnitud 7,2 golpeó el norte de Venezuela. Apenas 39 segundos después, se produjo un segundo movimiento de magnitud 7,5, considerado el evento principal de la secuencia.
Los epicentros se localizaron al oeste de Caracas, cerca de los estados de Yaracuy y Falcón, pero las ondas sísmicas impactaron áreas densamente pobladas de Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo y Aragua. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió desde las primeras horas sobre un elevado riesgo de víctimas, daños económicos y deslizamientos provocados por el movimiento del terreno.
Miles de personas continúan desplazadas
La emergencia habitacional permanece entre los problemas más urgentes. Reportes de Naciones Unidas y de agencias humanitarias señalan que más de 17.900 personas perdieron su vivienda, mientras decenas de miles han pasado por campamentos y sitios de alojamiento temporal.
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A mediados de julio, las autoridades reportaban 107 espacios transitorios habilitados en La Guaira, Caracas y otros sectores afectados. Más de 23.000 personas recibían alojamiento o asistencia en estos sitios, donde las organizaciones humanitarias trabajan en agua potable, saneamiento, alimentación, atención médica y protección de familias vulnerables.
La cantidad de personas presentes en los campamentos puede superar el número de viviendas destruidas porque algunas familias abandonaron preventivamente inmuebles que permanecen en pie, pero presentan grietas o no han recibido una evaluación estructural.
La reconstrucción comienza retirando escombros
Uno de los mayores desafíos es retirar los restos de edificios, viviendas, comercios y pertenencias acumulados en las zonas más golpeadas.
Una evaluación inicial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que solamente en las áreas más afectadas de La Guaira se generaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros. De esa cantidad, unas 915.000 toneladas corresponderían a estructuras dañadas y otras 332.000 a muebles, electrodomésticos y pertenencias de las familias.
Las mayores concentraciones fueron identificadas en Catia La Mar, Caraballeda y Urimare. La remoción resulta indispensable para abrir carreteras, recuperar el acceso a centros médicos y escuelas, restablecer servicios y permitir que los equipos técnicos evalúen los terrenos antes de levantar nuevas construcciones.
El PNUD también plantea separar, reciclar o reutilizar parte de los materiales cuando sea posible, además de generar empleos temporales para los habitantes afectados durante las labores de limpieza.
Daños podrían superar ampliamente los $6.700 millones
El impacto económico también representa un serio obstáculo. Una primera evaluación digital del PNUD calculó alrededor de $6.700 millones en daños físicos directos, equivalentes aproximadamente al 6 % de la producción anual del país.
Ese cálculo incluye principalmente daños en viviendas y activos económicos, pero no incorpora por completo la interrupción de servicios, la pérdida de ingresos, el deterioro de carreteras y redes públicas ni el costo final de reconstruir con mejores normas de seguridad.
El organismo estima que el impacto total de una catástrofe de esta magnitud puede alcanzar entre 1,5 y tres veces el valor de los daños directos, por lo que el costo definitivo podría elevarse considerablemente.
Comunidades costeras permanecen parcialmente aisladas
La destrucción no se limita a las zonas urbanas más visibles. Comunidades costeras como Puerto Cruz, Puerto Maya, Cepe y Chichiriviche de la Costa enfrentan problemas de abastecimiento, telecomunicaciones y transporte.
Aunque estos pueblos no registraron una cantidad de víctimas comparable con La Guaira, varias viviendas y comercios sufrieron daños. El acceso limitado a combustible dificulta el transporte de alimentos en lancha y afecta la pesca, una de las principales fuentes de ingreso de sus habitantes.
En algunos sectores, los residentes también reportan cambios en el fondo marino, mayor temor al oleaje y una reducción de visitantes, lo que complica la recuperación de la actividad turística.
Naciones Unidas solicita nuevos recursos
La Organización de las Naciones Unidas calcula que cerca de 1,3 millones de personas podrían necesitar algún tipo de asistencia durante los próximos seis meses.
Para ampliar la respuesta humanitaria, se lanzó un llamado adicional por aproximadamente $299 millones, destinados a alojamiento, salud, alimentación, agua, saneamiento, protección y recuperación temprana.
El apoyo internacional también comienza a orientarse hacia la reconstrucción. Corea del Sur, por ejemplo, aprobó una contribución de $3 millones para apoyar al PNUD en la remoción de escombros y la atención de emergencia en las comunidades afectadas.
El riesgo no termina con las réplicas
Aunque la frecuencia de los movimientos disminuya, los edificios dañados pueden continuar representando un peligro. Una réplica de menor magnitud, lluvias intensas o un deslizamiento podrían provocar el colapso de estructuras que ya perdieron estabilidad.
Por esa razón, el retorno de las familias no depende únicamente de que una vivienda permanezca en pie. Primero debe existir una inspección técnica que determine si puede ser reparada, si debe demolerse o si la zona completa necesita ser reubicada.
La reconstrucción también deberá considerar que el USGS identificó una alta probabilidad de deslizamientos en áreas montañosas afectadas por los terremotos, lo que obliga a revisar cuidadosamente los sitios donde se pretenda construir nuevamente.
Análisis del Contexto Actual
La emergencia venezolana todavía se encuentra entre dos etapas. La búsqueda y recuperación de víctimas no ha terminado completamente, pero al mismo tiempo ya comenzó la presión para reconstruir viviendas, reabrir comercios y recuperar la economía.
El principal riesgo sería confundir rapidez con recuperación. Levantar casas sin estudios geológicos, reconstruir en los mismos terrenos vulnerables o reutilizar estructuras seriamente dañadas podría reproducir las condiciones que agravaron la tragedia.
La reconstrucción deberá incluir mejores normas antisísmicas, supervisión independiente de las obras, transparencia en el manejo de los recursos y participación de las comunidades afectadas. También será necesario recuperar los medios de vida: una familia no supera la emergencia únicamente al recibir un techo, sino cuando vuelve a tener acceso a empleo, educación, salud, transporte y servicios básicos.
Venezuela enfrenta además esta catástrofe sobre una infraestructura que ya presentaba deterioro y limitaciones. Por eso, el proceso no consistirá simplemente en reemplazar lo destruido, sino en decidir qué zonas pueden reconstruirse, cuáles deben abandonarse y cómo evitar que una futura emergencia produzca nuevamente pérdidas tan elevadas.
La atención internacional será decisiva, pero la recuperación podría tomar años. Por ahora, miles de personas continúan viviendo entre campamentos, viviendas dañadas y comunidades parcialmente aisladas, mientras el país intenta medir el verdadero tamaño de una tragedia que todavía no termina.
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