La aplicación de pruebas de polígrafo a funcionarios vinculados con la seguridad pública continúa generando repercusiones en Costa Rica, luego de que trascendiera que siete jefes policiales fueron separados de sus cargos tras los resultados obtenidos en dichas evaluaciones.
La medida forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta de la República, Laura Fernández, quien semanas atrás ordenó la realización de pruebas de confianza a jerarcas y mandos policiales como parte de los esfuerzos para reforzar los controles internos frente al crimen organizado, la corrupción y posibles filtraciones de información sensible.
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Las evaluaciones incluyen consultas relacionadas con eventuales vínculos con el narcotráfico, grupos criminales, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y manejo de información confidencial. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
La decisión ha provocado reacciones diversas debido a que el polígrafo no es considerado una prueba judicial y su efectividad ha sido ampliamente debatida. La legislación costarricense establece que los resultados de estas pruebas no pueden utilizarse como evidencia en procesos judiciales ni como fundamento directo para sanciones disciplinarias.
En las últimas semanas, varios jerarcas de seguridad y altos funcionarios han informado públicamente que se sometieron voluntariamente a estas evaluaciones, entre ellos el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien aseguró haber aprobado la prueba.
Hasta el momento no se han divulgado oficialmente las identidades de los funcionarios separados ni los detalles específicos que motivaron cada decisión. Las autoridades continúan defendiendo la medida como una herramienta adicional dentro de la lucha contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
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