Costa Rica's president-elect Laura Fernandez attends a press conference by President Rodrigo Chaves after his final State of the Nation address at the Legislative Assembly in San Jose on May 4, 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, resolvió este lunes 21 de septiembre dos casos administrativos de interés público: uno relacionado con el proceso disciplinario que enfrenta el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, y otro presentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre Gómez.
Las decisiones fueron comunicadas por Casa Presidencial mediante el comunicado MCE-DIC-CP-0012-2026.
En el primer caso, correspondiente a la resolución administrativa DP-R-005-2026, Fernández rechazó la recusación presentada por Miranda contra el Concejo Municipal de San José.
Miranda había solicitado apartar a los integrantes del Concejo del proceso debido a una supuesta falta de objetividad, argumentando que ese mismo órgano municipal ya había intervenido anteriormente en una sanción en su contra.
La resolución de la Presidencia señala que los hechos que dieron origen a aquella sanción son distintos de los que se analizan en el procedimiento actual. Por esa razón, concluye que no existe fundamento para separar al Concejo Municipal del conocimiento del caso.
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Con la decisión, el Concejo mantiene su competencia para continuar con el procedimiento administrativo y adoptar la resolución que corresponda.
El conflicto se suma a una serie de actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con procesos disciplinarios contra el alcalde josefino. En abril, el Tribunal Contencioso Administrativo había suspendido provisionalmente una sanción de 15 días sin goce de salario impuesta por el Concejo Municipal, mientras se resuelve el proceso de fondo.
Presidencia también rechaza planteamiento del presidente de la Corte
El segundo caso corresponde a la resolución administrativa DP-R-016-2026 y está relacionado con un conflicto constitucional planteado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre Gómez.
Según la resolución comunicada por Casa Presidencial, el planteamiento estaba relacionado con un proyecto de presupuesto extraordinario.
La Presidencia determinó que el conflicto era inadmisible debido a que la norma constitucional invocada se refiere específicamente a proyectos de presupuesto ordinario y no resulta aplicable al tipo de presupuesto que motivó la gestión presentada por el jerarca judicial.
La decisión se conoce después de que Aguirre planteara objeciones relacionadas con ajustes presupuestarios que afectarían al Poder Judicial. En una actuación anterior, el jerarca judicial había solicitado medidas para impedir que determinados recortes fueran incorporados al proyecto de presupuesto extraordinario.
Las dos resoluciones fueron adoptadas por la presidenta Fernández este lunes y corresponden a procedimientos administrativos distintos. La documentación divulgada por Casa Presidencial no establece que ambos casos estén vinculados entre sí.
Esta nota fue elaborada por Luis Artavia para NAICR. Fuente: Casa Presidencial, comunicado MCE-DIC-CP-0012-2026.
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