La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció el lunes 1.º de junio los primeros acuerdos alcanzados por Fuerza Élite, un espacio de coordinación semanal creado para articular las acciones de las instituciones responsables de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Las medidas fueron comunicadas después de la segunda sesión de trabajo del equipo, en la que participaron autoridades de Seguridad Pública, Justicia, inteligencia y diferentes cuerpos policiales.
Prepararon proyecto contra pistas clandestinas
Uno de los principales acuerdos consistió en preparar un proyecto de ley para aumentar las sanciones relacionadas con la construcción y utilización de pistas clandestinas.
Fernández aseguró que en Costa Rica existían alrededor de 200 pistas de aterrizaje y que muchas operaban clandestinamente, sin que hubiera sanciones suficientemente fuertes contra quienes facilitaran su funcionamiento.
La propuesta fue presentada posteriormente ante la Asamblea Legislativa, el 15 de junio, bajo el expediente 25.618.
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El proyecto busca sancionar a propietarios, arrendatarios, poseedores o administradores de terrenos que faciliten, permitan o toleren el uso de estas estructuras para actividades ilícitas. También contempla la inmovilización registral de las propiedades y el comiso de bienes vinculados con estas operaciones.
Hasta el 4 de agosto, la iniciativa permanecía en estudio de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sin votaciones registradas.
Reforzarían controles en aeropuertos
El Gobierno también acordó mejorar los protocolos utilizados para detectar drogas y precursores químicos en los aeropuertos.
Estas acciones serían desarrolladas por el Servicio de Vigilancia Aérea en coordinación con el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
Durante la reunión se analizó además el manejo de vehículos decomisados por la Policía de Control de Drogas. El Ejecutivo anunció gestiones ante el Ministerio Público y otras autoridades judiciales para que esos automotores sean trasladados bajo procedimientos adecuados de custodia y conservación de las evidencias.
Revisarían protocolos penitenciarios
En materia carcelaria, Fernández ordenó revisar los protocolos que, según el Gobierno, estaban generando condiciones de insalubridad y riesgos innecesarios dentro de los centros penitenciarios.
La mandataria mencionó específicamente la necesidad de establecer reglas más estrictas para el ingreso y manejo de encomiendas. No se brindaron detalles sobre los cambios concretos ni el plazo para aplicarlos.
Ministros serían sometidos al polígrafo
Fernández también instruyó que los ministros de Comunicación y Enlace, Justicia y Paz, y Seguridad Pública fueran los primeros integrantes de Fuerza Élite en someterse a pruebas de polígrafo.
El 8 de junio, Casa Presidencial informó que los jerarcas de Justicia y Comunicación, junto con el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), habían superado las evaluaciones.
Posteriormente, el 22 de junio, el Gobierno comunicó que 33 funcionarios fueron examinados y que siete no superaron la prueba. Estas personas fueron separadas de Fuerza Élite y cesadas de los puestos directivos de confianza que ocupaban.
La Presidencia no reveló sus nombres, cargos específicos ni cuerpos policiales de procedencia. También ordenó abrir una investigación preliminar, sin informar que existieran acusaciones penales contra los funcionarios.
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