La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, declaró este jueves 19 de noviembre que Myanmar es responsable internacionalmente por cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Se trata de la primera vez en los 80 años de historia de este tribunal que un Estado es hallado culpable bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
La sentencia, aprobada por nueve votos contra seis, concluyó que las operaciones militares ejecutadas por el ejército birmano en 2017 en el estado de Rajine tuvieron la intención específica de destruir, total o parcialmente, a esta población. Según detalla el informe oficial de Noticias ONU sobre la resolución, el tribunal acreditó matanzas masivas, violencia sexual generalizada, destrucción sistemática de aldeas y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Como consecuencia del fallo, los jueces ordenaron al Estado de Myanmar cesar cualquier acto violatorio contra esta comunidad, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las atrocidades, garantizar el retorno seguro y digno de los desplazados y otorgar reparaciones e indemnizaciones integrales a las víctimas y a sus familiares.
Siete años de litigio liderado por Gambia
El proceso judicial se inició en noviembre de 2019, cuando Gambia —una pequeña nación de África Occidental— presentó la demanda contra Myanmar con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica. Durante las audiencias celebradas entre enero y febrero de 2026, la defensa birmana negó las acusaciones argumentando que sus fuerzas armadas únicamente ejecutaron operaciones legítimas de contrainsurgencia contra grupos armados locales, postura que fue rechazada por la mayoría del tribunal, conforme reseñó CNN en Español en su cobertura desde La Haya.
En 2017, la ofensiva militar obligó a más de 740.000 integrantes de la etnia rohinyá a huir hacia la vecina Bangladés, donde hoy más de un millón de refugiados sobreviven en campamentos superpoblados y dependientes de la ayuda humanitaria. En una votación unánime adicional dentro del mismo fallo, la Corte determinó que Myanmar también incumplió las medidas provisionales dictadas en enero de 2020 que le exigían proteger a los pobladores que permanecieron dentro de su territorio.
Un precedente para otros conflictos globales
Juristas y organizaciones de derechos humanos destacaron que el veredicto sienta un precedente vinculante de enorme peso para el derecho internacional. Al tratarse de un fallo definitivo e inapelable de la CIJ, establece criterios probatorios clave para otras causas abiertas actualmente ante el mismo tribunal, entre ellas la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la guerra en Gaza y el litigio de Ucrania contra Rusia.
Aunque la Corte Internacional de Justicia carece de una fuerza policial propia para ejecutar directamente sus sentencias, el dictamen obliga jurídicamente a Myanmar y traslada la presión diplomática al Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar el cumplimiento de las indemnizaciones y garantías de no repetición, según subrayó el análisis difundido por Vatican News sobre el impacto de la condena.
Esta nota fue elaborada por Luis Artavia para NAICR.




