La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impulsará una investigación parlamentaria sobre la atención que recibieron las denuncias presentadas por el periodista Camilo Rodríguez Chaverri antes de ser asesinado el pasado lunes 16 de noviembre.
El anuncio lo realizó este miércoles el jefe de la bancada oficialista, Nogui Acosta Jaén, durante el espacio de control político de la Asamblea Legislativa. El oficialismo presentará una moción ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para convocar al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez; al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas; y al fiscal adjunto Mauricio Boraschi Hernández.
Acosta señaló que la intención es conocer qué actuaciones realizaron las autoridades judiciales frente a las denuncias que el comunicador presentó y cuáles fueron los procedimientos aplicados para atender su situación.
«Hemos convenido como partido la necesidad de hacer una investigación de qué hace el Poder Judicial con las denuncias, con las denuncias de Camilo que le llevaron a la muerte, y hoy tenemos que empezar a pedirle cuentas no solamente al fiscal sino al OIJ», manifestó el legislador, según la publicación de ese medio.
La convocatoria todavía debe tramitarse en la comisión legislativa. Por tanto, los jerarcas judiciales no han sido citados formalmente mediante esta iniciativa.
Las denuncias y las medidas de protección
La propuesta del oficialismo surge luego de que trascendiera que Rodríguez había presentado múltiples denuncias por amenazas contra su integridad física.
El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, confirmó que el periodista se había acercado en distintas ocasiones a denunciar amenazas. Por su parte, CR Hoy reportó que el comunicador interpuso al menos 10 denuncias en los últimos meses.
El Ministerio Público también confirmó que Rodríguez fue referido a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, pero no aceptó incorporarse al programa de protección, cuya participación es voluntaria.
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que las autoridades revisarán las denuncias y las publicaciones del comunicador como parte de las distintas líneas de investigación para esclarecer el homicidio. En declaraciones a Teletica, indicó que la investigación contempla examinar a las personas que Rodríguez había señalado públicamente.
Díaz también ha señalado que se mantienen abiertas distintas hipótesis sobre el móvil del crimen, incluidas posibles conexiones con narcotráfico, política y actividades empresariales, sin que hasta ahora se haya confirmado una causa.
Oficialismo plantea revisar la respuesta institucional
De acuerdo con lo anunciado por Acosta, la investigación legislativa no se limitaría al caso particular del periodista. La bancada también pretende examinar los mecanismos institucionales disponibles para atender denuncias y proteger a personas que reciben amenazas por sus publicaciones o manifestaciones públicas, incluso cuando no trabajan para medios de comunicación tradicionales.
La iniciativa se produce dos días después del asesinato de Rodríguez, ocurrido en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, cuando fue atacado a tiros mientras transitaba por la ruta 32.
La eventual comparecencia permitiría a los diputados consultar a las autoridades sobre el seguimiento dado a las denuncias, las decisiones adoptadas y los procedimientos de protección disponibles.
La investigación parlamentaria anunciada por el PPSO es independiente de la causa penal que llevan la Fiscalía y el OIJ para determinar quiénes participaron en el homicidio y esclarecer sus posibles móviles. La eventual comparecencia tampoco implica, por sí misma, que exista una responsabilidad acreditada de los funcionarios judiciales.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




