El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José rechazó la solicitud presentada por el Estado para establecer un plan de servicios básicos en los centros educativos públicos durante la huelga de educadores del pasado 11 de noviembre.
La decisión quedó establecida en la sentencia de primera instancia N.° 2026003052, dictada el 17 de noviembre por el juez Irving Mauricio Vargas Rodríguez. El fallo determinó que la gestión de la Procuraduría General de la República (PGR) fue presentada de manera extemporánea, cuando ya no existía tiempo suficiente para cumplir los plazos judiciales antes de la protesta.
Según el expediente, el procurador general, Iván Vincenti Rojas, presentó la solicitud a las 4:03 p. m. del lunes 9 de noviembre, apenas dos días antes del movimiento convocado por organizaciones sindicales del sector educativo.
El Gobierno pretendía que el juzgado aprobara un plan para garantizar condiciones básicas de aseo y seguridad en los centros educativos, así como la atención requerida para estudiantes de educación especial.
El MEP conocía la convocatoria desde el 2 de noviembre
Uno de los elementos centrales de la resolución fue el momento en que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tuvo conocimiento de la huelga.
La sentencia señala que las organizaciones sindicales comunicaron la convocatoria entre el 2 y el 4 de noviembre. APSE, Sinapro y Sinpae notificaron el movimiento el 2 de noviembre; ANDE lo hizo el día 3 y el SEC el 4 de noviembre.
Sin embargo, el juzgado no encontró pruebas de que el MEP hubiera convocado a los sindicatos para negociar un acuerdo sobre los servicios que debían mantenerse durante la protesta. Tampoco encontró evidencia de que las organizaciones sindicales solicitaran formalmente ese acercamiento.
Fue hasta el 6 de noviembre cuando el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez Hernández, remitió un oficio a la Procuraduría para solicitar que acudiera a los tribunales. En esa comunicación pidió agilizar el trámite para que el plan pudiera quedar aprobado antes del inicio de la huelga.
El juez consideró que el tiempo disponible hacía materialmente imposible resolver la solicitud antes del movimiento. El artículo 376 quinquies del Código de Trabajo establece una audiencia previa para que los sindicatos se pronuncien, con un plazo de 24 horas, y posteriormente concede al juzgado hasta tres días para resolver.
Por esa razón, cuando se presentó la gestión el 9 de noviembre, no existía margen suficiente para completar el procedimiento antes del 11 de noviembre.
El fallo también señala falta de diálogo de los sindicatos
La resolución no atribuyó exclusivamente al Gobierno la ausencia de negociaciones. El juez concluyó que tanto la Administración como las organizaciones sindicales incumplieron la obligación de procurar canales de comunicación para definir el plan de servicios básicos.
El juzgador indicó que la legislación no establece expresamente cuál de las partes debe tomar la iniciativa para convocar a una negociación. No obstante, consideró que cualquiera podía hacerlo y que ninguna acreditó haber promovido ese diálogo.
El artículo 376 quinquies dispone que el plan debe definirse previamente mediante un acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales. Si no existe consenso, cualquiera de las partes puede solicitar la intervención del Juzgado de Trabajo.
La sentencia también aclaró que el proceso no tenía como objetivo determinar si la huelga del 11 de noviembre fue una protesta contra políticas públicas o establecer su legalidad.
Finalmente, el juzgado rechazó la solicitud estatal y resolvió sin especial condena en costas. Esto significa que el Estado no deberá asumir el pago de los gastos procesales de la parte contraria, pues el juez consideró que acudió a la vía judicial de buena fe ante la inexistencia de un acuerdo.
La resolución admite recurso de apelación, que debe presentarse ante el mismo juzgado dentro de las 24 horas siguientes, según lo establecido en el fallo.
La decisión, por tanto, se limita al plan de servicios básicos solicitado para esa jornada de huelga y no constituye una resolución sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




