La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 5 de noviembre, en primer debate, el Presupuesto Nacional para 2027, un plan de gastos que contempla reducciones en distintas instituciones públicas y que generó fuertes cuestionamientos de las bancadas de oposición por los recursos asignados a la educación superior y al Poder Judicial.
El proyecto, correspondiente al expediente 25.754, recibió 31 votos a favor y 23 en contra. El monto total asciende a aproximadamente ₡12,4 billones, una disminución cercana al 3,2 % en comparación con el presupuesto aprobado para 2026.
La votación fue respaldada por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que las representaciones opositoras presentes rechazaron la iniciativa.
Uno de los puntos más discutidos fue el ajuste aplicado al presupuesto del Poder Judicial. La propuesta contempla una reducción directa de ₡10.500 millones y mantiene congelados otros ₡29.844 millones, distribuidos en distintas partidas de gasto.
Estos últimos recursos quedaron sujetos a una serie de condiciones y controles establecidos mediante normas de ejecución presupuestaria. Entre las restricciones figuran requisitos para realizar movimientos entre partidas y utilizar determinadas plazas vacantes.
Las disposiciones han generado preocupación por sus posibles efectos en el funcionamiento de los tribunales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
El tema también llegó a la Sala Constitucional. Diputados del Partido Liberación Nacional presentaron una consulta para que se analice la legalidad de las normas presupuestarias que condicionan el uso de esos recursos.
Universidades recibirán menos recursos
El presupuesto también incorpora una reducción de ₡8.048 millones en los recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), destinados al financiamiento de las universidades públicas.
Se trata de fondos que habían quedado pendientes de asignación para el ejercicio económico de 2027, correspondientes a acuerdos anteriores entre el Gobierno y las universidades. Además, el FEES fue presentado sin crecimiento nominal para el próximo año.
La disminución fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el financiamiento de la educación superior estatal y las oportunidades de acceso para la población estudiantil.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y representantes de las universidades públicas también habían manifestado su rechazo a la reducción antes de la votación legislativa.
Gobierno defiende el ajuste por la situación fiscal
Durante la discusión, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, reconoció que el presupuesto contempla reducciones respecto al año anterior y atribuyó la decisión a una caída en la recaudación del Gobierno.
«El presupuesto se recorta, efectivamente, versus el de 2026, pero eso es por una caída de la recaudación», manifestó el legislador, quien defendió la necesidad de ajustar los gastos a los ingresos disponibles.
Desde la oposición, las críticas se concentraron en la distribución de los recursos y en las consecuencias que podrían tener las reducciones para instituciones encargadas de brindar servicios públicos.
El plan también contempla modificaciones en partidas de programas sociales y reducciones presupuestarias en otras entidades, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, los Cen-Cinai y el Banco Hipotecario de la Vivienda.
Con la aprobación en primer debate, el proyecto todavía no se convierte en ley. La discusión del segundo debate está prevista para iniciar el 9 de noviembre, mientras que la Asamblea deberá completar la votación definitiva antes de finalizar ese mes.
La resolución de las consultas presentadas ante la Sala Constitucional también será relevante para determinar el curso de las disposiciones cuestionadas del expediente.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




