Organizaciones sociales, sindicatos judiciales, asociaciones profesionales y representantes de las universidades públicas convocaron para este jueves 6 de agosto una manifestación en defensa del Poder Judicial y de la institucionalidad democrática costarricense.
La concentración principal se realizará a partir de las 4:00 p. m. en la Plaza de la Democracia, en San José. Los convocantes indicaron que el objetivo es respaldar la independencia judicial y rechazar lo que consideran ataques procedentes del Poder Ejecutivo contra ese poder de la República.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) también convocó a una marcha que saldrá a las 3:30 p. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en Montes de Oca, y avanzará hasta la concentración programada en la capital bajo la consigna de defender la institucionalidad democrática.
Organizaciones judiciales y sindicales se suman
Entre las agrupaciones que anunciaron su participación se encuentran el Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (Sitrajud), el Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu), la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
También figuran la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y otros colectivos sociales.
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El diputado del Frente Amplio Antonio Trejos confirmó que esa bancada participará en la actividad. Además, circulan convocatorias para efectuar concentraciones simultáneas frente a circuitos judiciales de otras zonas del país, entre ellas Puntarenas, Nicoya y San Carlos.
Disputa por magistrados suplentes antecede convocatoria
La movilización ocurre en medio de una confrontación entre el Gobierno, la fracción oficialista y la Sala Constitucional por el nombramiento de nueve magistraturas suplentes.
La Sala IV anuló los acuerdos mediante los cuales la Asamblea Legislativa había devuelto a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos. Además, ordenó que la lista fuera conocida nuevamente por el Plenario y prorrogó temporalmente los nombramientos anteriores para atender asuntos urgentes mientras el Congreso completa las designaciones pendientes. La decisión se tomó por mayoría de cuatro votos contra tres.
La presidenta Laura Fernández calificó la resolución como un supuesto “golpe de Estado judicial” y sostuvo que los magistrados invadieron competencias que corresponden a la Asamblea Legislativa. Posteriormente, Fernández acompañó a dirigentes oficialistas en la presentación de una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que respaldaron el voto de mayoría. La denuncia deberá ser investigada y no implica que exista responsabilidad penal de los señalados.
Gobierno rechaza intención de cerrar el Poder Judicial
Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, Fernández y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, rechazaron que el Gobierno pretenda cerrar el Poder Judicial y defendieron la necesidad de promover reformas para mejorar su funcionamiento. También justificaron las decisiones presupuestarias aplicadas a la institución por la situación fiscal del país.
Chaves cuestionó la convocatoria y calificó como un “acto de masoquismo” que ciudadanos participen en la manifestación. Según su posición, a la actividad acudirían principalmente personas beneficiadas por el funcionamiento actual del sistema judicial.
Los organizadores, por su parte, sostienen que la concentración busca proteger la separación de poderes, la independencia judicial y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
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