Creditos fotografía: Casa Presidencial
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y las 31 diputaciones del oficialista Partido Pueblo Soberano presentaron este lunes 3 de agosto una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La acción se dirige contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes conformaron la mayoría que prorrogó provisionalmente los nombramientos vencidos de las magistraturas suplentes de la Sala IV.
Jiménez entregó la gestión ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia acompañada por la presidenta de la República, Laura Fernández; el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, y varios integrantes del gabinete.
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Aunque Fernández respaldó públicamente la acción y acompañó su presentación, la querella fue formalmente interpuesta por Jiménez y lleva las firmas de las diputaciones de Pueblo Soberano, según las informaciones divulgadas hasta el momento.
Oficialismo alega una usurpación de competencias
La presidenta legislativa sostuvo que los cuatro magistrados asumieron atribuciones que la Constitución Política reserva a la Asamblea Legislativa, encargada de elegir a las magistraturas suplentes.
“Esta ha sido una clara usurpación de competencias de los magistrados de la Sala Constitucional ante las competencias de la Asamblea Legislativa”, manifestó Jiménez después de entregar el documento.
La legisladora aseguró que el oficialismo confía en obtener una resolución favorable. Sin embargo, el contenido íntegro de la querella no fue entregado a los medios de comunicación, por lo que todavía se desconoce la totalidad de los argumentos jurídicos y pruebas incluidas.
Laura Fernández calificó a los cuatro magistrados como “usurpadores” y pidió al Poder Judicial darle un trámite inmediato a la gestión.
La mandataria sostuvo que la resolución representa un ataque contra la división de poderes y afirmó que cuatro integrantes de la Sala no pueden imponerse a las 31 diputaciones oficialistas. El pasado viernes, Fernández había descrito el fallo como un supuesto “golpe de Estado” contra el Congreso.
Rodrigo Chaves también cuestionó a los magistrados y los calificó de “filibusteros” y “traidores de la patria”, al considerar que interpretaron la Constitución más allá de sus competencias.
Las manifestaciones corresponden a la posición política del oficialismo. Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha determinado que los magistrados cometieran un delito.
¿Qué resolvió la Sala Constitucional?
La controversia se originó en el recurso de amparo tramitado bajo el expediente 26-013498-0007-CO, presentado por una persona cuyos asuntos no podían resolverse debido a impedimentos de magistraturas propietarias y a la ausencia de suplentes disponibles.
El 30 de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso mediante una votación dividida de cuatro contra tres.
La mayoría dejó sin efecto los acuerdos mediante los cuales la Asamblea Legislativa devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidaturas para elegir nueve magistraturas suplentes.
También ordenó a Yara Jiménez coordinar lo necesario para que la lista sea conocida nuevamente por el Plenario legislativo en la próxima oportunidad posible.
Como medida transitoria, el tribunal prorrogó provisionalmente los nombramientos de las anteriores magistraturas suplentes, cuyos periodos vencieron el 16 de diciembre de 2025.
La extensión únicamente permite su participación en casos urgentes e indispensables, cuando alguna magistratura propietaria se encuentre legalmente imposibilitada para votar. La medida se mantendrá hasta que el Congreso realice los nuevos nombramientos.
La resolución no nombró definitivamente a nuevas personas ni eliminó la potestad constitucional de la Asamblea Legislativa para efectuar la elección.
La decisión mayoritaria fue respaldada por Cruz, Rueda, Hess y Araya. Los magistrados Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso.
Nueve puestos permanecen vacantes desde diciembre
La Corte Plena remitió desde octubre de 2025 una lista de 18 aspirantes para ocupar las nueve plazas suplentes de la Sala Constitucional.
Después de múltiples rondas de votación, ninguna candidatura obtuvo los 38 votos requeridos. Pueblo Soberano votó en blanco y promovió en dos ocasiones la devolución de la nómina, al argumentar que las personas incluidas no lograban el consenso necesario.
La Corte rechazó elaborar una nueva lista y sostuvo que le correspondía al Congreso continuar con la elección entre las candidaturas remitidas.
La falta de suplentes provocó que algunos recursos de amparo quedaran sin resolver cuando una o varias magistraturas propietarias debían inhibirse de participar.
La Sala defendió posteriormente su fallo y señaló que la medida buscaba garantizar la continuidad de la justicia constitucional. También calificó de “desproporcionadas” las declaraciones emitidas por el Gobierno.
¿Qué es el prevaricato?
El artículo 357 del Código Penal de Costa Rica establece que incurre en prevaricato el funcionario judicial o administrativo que dicte una resolución contraria a la ley o la fundamente en hechos falsos.
El delito contempla una pena de entre dos y seis años de prisión. No obstante, para establecer responsabilidad penal no basta con que una parte se encuentre inconforme con la interpretación realizada por un tribunal: debe acreditarse la conducta prevista por la legislación.
Los cuatro magistrados mantienen su presunción de inocencia y corresponderá a las autoridades competentes determinar si la gestión cumple los requisitos para abrir un procedimiento.
Falta de suplentes podría dificultar el trámite
Especialistas en derecho penal y constitucional advirtieron que la misma ausencia de magistraturas suplentes podría convertirse en un obstáculo para el avance de la querella.
Si el procedimiento llega a la Corte Plena, los cuatro magistrados denunciados tendrían que inhibirse de conocerlo. Sus lugares deberían ser ocupados por suplentes para completar la integración del tribunal.
La prórroga dictada por la Sala IV permite a las anteriores magistraturas suplentes intervenir únicamente en asuntos urgentes de ese tribunal constitucional, pero no necesariamente integrar la Corte Plena.
Por esta razón, juristas consultados por AmeliaRueda.com consideran que la causa podría quedar paralizada si alcanza esa etapa mientras la Asamblea no efectúe los nombramientos pendientes.
La presentación de la querella abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno, la mayoría oficialista del Congreso y el Poder Judicial, mientras permanece pendiente la elección de las nueve magistraturas suplentes.
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