Orlando Aguirre Gómez.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentó ante el Ministerio de Hacienda un recurso de revocatoria para que se deje sin efecto la retención de aproximadamente ₡3.053 millones aplicada a los recursos operativos del Poder Judicial.
La acción impugna la decisión comunicada por Hacienda durante julio y solicita a la misma institución que revise y revoque la medida.
La presentación del recurso no significa que los fondos ya hayan sido restituidos. Hacienda todavía deberá estudiar los argumentos planteados y emitir una resolución.
Aguirre advirtió que mantener la reducción podría comprometer investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la realización de juicios, la atención a víctimas, el funcionamiento del Ministerio Público y la Defensa Pública, además de afectar la independencia presupuestaria del Poder Judicial.
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Hacienda ordenó retener parte del gasto disponible
La controversia se originó con el oficio MH-DGPN-DG-OF-0261-2026, remitido el pasado 13 de julio por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
En el documento, Hacienda comunicó una retención del 10% sobre las cuotas de gasto correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2026.
La programación financiera determina el flujo de recursos que una institución puede utilizar para atender sus obligaciones durante cada periodo. Aunque el dinero se encuentre incorporado en el presupuesto aprobado, la retención limita su disponibilidad para efectuar pagos.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, estimó que la medida representa aproximadamente ₡3.053 millones, equivalentes al 42,4% de las erogaciones operativas que la institución tenía previstas para lo que resta del año.
Este porcentaje no corresponde al 42,4% del presupuesto total del Poder Judicial, sino a la porción disponible para determinados gastos operativos durante el cierre de 2026.
OIJ tendría una afectación cercana a ₡944 millones
Si la reducción se distribuye proporcionalmente entre las dependencias judiciales, el OIJ enfrentaría un faltante aproximado de ₡944 millones.
Michael Soto, director general interino de la Policía Judicial, advirtió que la falta de recursos podría sentirse con mayor intensidad durante diciembre y ocasionar dificultades para comprar combustible, pagar viáticos y movilizar agentes.
Esas limitaciones podrían afectar allanamientos, inspecciones, levantamientos de cuerpos, recolección de indicios, investigaciones en comunidades alejadas y traslados de víctimas o testigos.
La advertencia no significa que el OIJ haya suspendido actualmente sus operaciones. Corresponde a una proyección sobre las consecuencias que podría tener la retención si se mantiene hasta finalizar el año.
NAICR informó anteriormente que la institución también tendría dificultades para adquirir materiales destinados al embalaje de evidencia, reparar vehículos y computadoras, contratar plataformas tecnológicas y cubrir peritajes científicos.
Juicios y atención a víctimas también podrían verse afectados
Las autoridades judiciales señalaron que la reducción podría provocar la suspensión o reprogramación de juicios y otras audiencias debido a limitaciones para trasladar personas privadas de libertad, cubrir horas extraordinarias y pagar servicios técnicos.
El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que el Ministerio Público podría tener dificultades para contratar dictámenes periciales y traducciones oficiales requeridas en investigaciones de narcotráfico, crimen organizado y legitimación de capitales.
También se han señalado posibles afectaciones en los servicios de interpretación en lengua de señas costarricense —Lesco— y lenguas indígenas.
La Defensa Pública, por su parte, podría enfrentar restricciones para movilizar defensores a comunidades alejadas, mientras que las oficinas encargadas de atender y proteger a las víctimas tendrían menos recursos para realizar giras y brindar acompañamiento a poblaciones vulnerables.
Aguirre advierte afectación a independencia judicial
Aguirre sostuvo que las restricciones presupuestarias no solo comprometen el funcionamiento operativo de la institución, sino también su capacidad para actuar con independencia frente a los demás poderes del Estado.
El magistrado considera que limitar durante la ejecución los recursos incorporados en el Presupuesto Nacional reduce la capacidad del Poder Judicial para establecer y atender sus propias prioridades.
La presentación del recurso concreta el acuerdo adoptado anteriormente por Corte Plena, que autorizó a Aguirre y a la Dirección Jurídica a determinar las acciones legales disponibles contra la medida.
El Ministerio de Hacienda denomina la decisión como una retención dentro de la programación financiera, mientras las autoridades judiciales la consideran una reducción que obliga a dejar sin ejecutar recursos aprobados.
La retención se suma al ajuste de ₡13.242 millones aprobado semanas antes por Corte Plena, después de que Hacienda solicitara una disminución mayor al presupuesto judicial de 2026.
Al cierre de esta nota, no se había informado de una resolución de Hacienda sobre el recurso ni de la liberación de los ₡3.053 millones reclamados.
Fuentes y créditos: información publicada por La Nación, antecedentes del oficio y cálculos presupuestarios divulgados por Teletica y detalle de las posibles afectaciones recopilado por El Observador.
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