El Tribunal Penal de Limón declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa de Gilberth Hernán Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, contra la aplicación de un criterio de oportunidad dentro del proceso penal que enfrenta en Costa Rica.
La decisión mantiene vigente la suspensión de la causa relacionada con un presunto robo de combustible y permite que continúen las gestiones para una eventual entrega del costarricense a las autoridades de Estados Unidos.
El país norteamericano requiere a Bell Fernández para que enfrente un proceso por supuestos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.
Defensa cuestionó suspensión de causa nacional
El criterio de oportunidad fue solicitado por el Ministerio Público y aprobado por el Juzgado Penal de Limón.
Esta figura permitió suspender el procedimiento correspondiente al expediente en el que Bell Fernández es investigado por una presunta organización dedicada al robo de combustible en oleoductos ubicados en Limón.
La decisión buscaba resolver el obstáculo generado por esa causa nacional, debido a que la extradición había sido autorizada inicialmente de manera diferida: antes de entregar al requerido, debía resolverse definitivamente el proceso abierto en Costa Rica.
La defensa apeló al considerar que no correspondía suspender temporalmente la acción penal para permitir la salida inmediata del imputado.
Según el abogado Manrique González, el criterio de oportunidad debía conducir eventualmente al cierre de la causa local y no únicamente a su suspensión mientras Bell Fernández afronta el proceso estadounidense.
Sin embargo, el Tribunal declaró inadmisible el recurso, por lo que la resolución anterior permanece vigente.
Extradición fue autorizada en junio
El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José autorizó el pasado 2 de junio la extradición de “Macho Coca” hacia Estados Unidos.
Con esa resolución, el órgano de alzada revocó una decisión previa del Tribunal Penal de Limón, que había rechazado la entrega al considerar que los hechos atribuidos eran anteriores a la reforma constitucional que permitió extraditar costarricenses por narcotráfico y terrorismo.
El Tribunal de Apelación acogió los argumentos del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República y determinó que el proceso podía continuar.
La entrega quedó condicionada al cumplimiento de varias garantías por parte del Gobierno estadounidense.
Estados Unidos debe respetar condiciones
Antes de concretarse la extradición, Estados Unidos deberá asegurar formalmente que Bell Fernández no será procesado por hechos distintos a los contemplados en la solicitud.
También deberá garantizar que no enfrentará la pena de muerte ni una condena de prisión perpetua.
En caso de recibir una pena de cárcel, esta no podrá superar los 50 años, límite máximo establecido por la legislación costarricense.
Las autoridades estadounidenses ya remitieron las garantías solicitadas y ahora corresponde al Tribunal Penal de San José analizarlas para determinar si cumplen con las condiciones fijadas.
¿Por qué lo requiere Estados Unidos?
Bell Fernández es requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Las autoridades estadounidenses sostienen que presuntamente formó parte de una organización dedicada al acopio y distribución de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos entre marzo de 2022 y agosto de 2023.
Según la investigación, el costarricense habría ejercido funciones de liderazgo y habría negociado con agentes encubiertos el eventual envío de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York.
Estas acusaciones deberán ser discutidas ante la justicia estadounidense y no constituyen una condena.
Extradición aún no se concreta
El rechazo de la apelación no significa que Bell Fernández vaya a ser trasladado inmediatamente.
Todavía debe completarse el análisis de las garantías diplomáticas, emitirse las resoluciones correspondientes y coordinarse el procedimiento de entrega entre las autoridades de ambos países.
La decisión sí representa un nuevo avance para el Ministerio Público, porque mantiene suspendida la causa costarricense que impedía ejecutar la extradición de forma inmediata.
Bell Fernández permanece privado de libertad mientras continúa el trámite judicial y debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra.