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Siete funcionarios fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José, luego de que presuntamente intentaran introducir varios artículos prohibidos a la cárcel de San Sebastián, conocida oficialmente como Centro de Atención Institucional San José.
El caso ocurrió la mañana del lunes 29 de junio, cuando oficiales de la Policía Penitenciaria realizaron una revisión entre las personas que ingresaban a trabajar al establecimiento.
Durante el procedimiento fueron localizados cuatro chips para teléfonos celulares, un cable USB, una tarjeta de memoria y una llave maya, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.
Los artículos fueron decomisados antes de que ingresaran a las instalaciones penitenciarias.
Cinco agentes y dos administrativos
El Ministerio detalló que entre los funcionarios detenidos se encuentran cinco agentes policiales y dos trabajadores administrativos.
Tras el hallazgo, las siete personas fueron trasladadas ante la Fiscalía de Flagrancia para que se determine su situación jurídica y se establezca si corresponde solicitar medidas cautelares o continuar el proceso mediante otra vía.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los artículos estaban destinados a alguna persona privada de libertad ni si existe una investigación previa relacionada con el caso.
Tampoco se informó si los funcionarios actuaron de manera coordinada o si los objetos fueron encontrados en posesión de distintas personas.
Justicia promete fortalecer controles internos
El director de la Policía Penitenciaria, comisario Pablo Bertozzi, afirmó que la institución mantendrá una posición firme ante cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad de los centros penales.
“El orden y la disciplina también empiezan por casa. La Policía Penitenciaria seguirá fortaleciendo sus controles internos y actuará con absoluta firmeza frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los centros penales. La corrupción no tiene cabida en esta institución”, manifestó.
El ingreso de teléfonos, chips, memorias y otros dispositivos electrónicos a las cárceles representa un riesgo para la seguridad penitenciaria, debido a que estos objetos pueden utilizarse para mantener comunicaciones no autorizadas o facilitar otras actividades ilegales.
La investigación deberá determinar la eventual responsabilidad individual de cada funcionario. Mientras no exista una sentencia firme, las personas involucradas deben ser consideradas inocentes.
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