La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades delictivas.
La propuesta, denominada por el Gobierno como un conjunto de iniciativas de “mano dura contra el crimen”, incluye reformas relacionadas con la reincidencia delictiva, la protección de los cuerpos policiales, el combate a las organizaciones criminales, el funcionamiento del sistema penitenciario, la lucha contra el narcotráfico y la conservación de antecedentes judiciales.
Durante la presentación, la mandataria hizo un llamado directo a los diputados para que analicen y aprueben las iniciativas con prontitud.
“Este Gobierno está del lado de las víctimas, de las familias honestas y de los policías que todos los días arriesgan su vida por Costa Rica. No vamos a seguir tolerando una puerta giratoria que devuelve delincuentes a las calles”, manifestó Fernández.
Protección a policías y víctimas
Uno de los proyectos lleva el nombre de “Ley Gerson Rosales: Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial” y busca fortalecer el respaldo legal a los cuerpos policiales.
La iniciativa ampliaría el concepto de legítima defensa para incluir la protección de familiares y terceros, además de establecer una presunción de que el uso de la fuerza por parte de un oficial se encuentra justificado cuando actúe en defensa propia o de otras personas.
Asimismo, plantea sanciones para quienes se resistan a una detención policial y restringe beneficios como la libertad condicional cuando los delitos hayan sido cometidos contra oficiales en ejercicio de sus funciones.
Nuevas penas para organizaciones criminales
Otra de las iniciativas pretende castigar la pertenencia a organizaciones criminales con penas de entre uno y seis años de prisión.
Sin embargo, las sanciones aumentarían de seis a veinte años cuando dichas agrupaciones estén relacionadas con delitos como narcotráfico nacional o internacional, terrorismo, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas o tráfico de órganos.
Además, se contemplan agravantes para quienes promuevan, organicen, dirijan o recluten personas para integrar estas estructuras delictivas.
Más restricciones para delincuentes reincidentes
El proyecto denominado “Mano Firme contra la Reincidencia” busca endurecer las medidas cautelares contra personas que acumulan antecedentes o múltiples causas penales.
La propuesta pretende limitar la posibilidad de que jueces otorguen medidas distintas a la prisión preventiva cuando existan condenas previas, incumplimientos de medidas cautelares, antecedentes de delincuencia habitual o dos o más procesos penales en trámite.
Según el Gobierno, el objetivo es evitar que personas con historial delictivo regresen rápidamente a las calles mientras enfrentan nuevos procesos judiciales.
Trabajo obligatorio en centros penitenciarios
El paquete también contempla la denominada Ley de “Cero Ocio en las Cárceles”.
La iniciativa busca fortalecer los programas laborales dentro de los centros penitenciarios y establecer mecanismos para que los ingresos generados por los privados de libertad sean distribuidos entre el apoyo a sus familias, ahorro personal, mantenimiento del sistema penitenciario y reparación económica a las víctimas.
Golpe a las pistas clandestinas del narcotráfico
Otra de las propuestas está enfocada en combatir el uso de pistas clandestinas utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El proyecto permitiría aumentar las penas de prisión de cinco a diez años para propietarios, administradores o poseedores de terrenos utilizados para actividades ilícitas relacionadas con aeronaves.
Además, contempla la inmovilización registral de propiedades utilizadas para este fin, impidiendo que puedan ser vendidas, alquiladas o traspasadas mientras se desarrollan los procesos correspondientes.
También autorizaría la confiscación definitiva de maquinaria, vehículos y equipos empleados en la construcción de estas infraestructuras ilegales.
Cambios en los antecedentes judiciales
La sexta iniciativa propone modificar las reglas relacionadas con los antecedentes penales y registros judiciales.
Actualmente existe el denominado “derecho al olvido”, introducido mediante reformas aprobadas en 2016, que permite eliminar ciertos antecedentes una vez cumplidas las condenas.
La propuesta del Gobierno plantea que, para efectos laborales, los antecedentes permanezcan visibles durante 15 años después del cumplimiento de la pena, mientras que para fines policiales, investigativos, penitenciarios y judiciales dichos registros se mantendrían de forma permanente.
Según el Ejecutivo, esta medida permitiría a jueces y autoridades contar con más información para valorar beneficios penitenciarios y determinar posibles patrones de reincidencia.
La presidenta Fernández insistió en que las seis iniciativas buscan fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad y pidió a la Asamblea Legislativa avanzar con su discusión en los próximos meses.
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