Una corte federal de apelaciones dio luz verde este martes a la Administración del presidente Donald Trump para reanudar a nivel nacional las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados, una medida que amplía el alcance de las expulsiones exprés y representa una nueva victoria judicial para la política migratoria impulsada por la Casa Blanca.
La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que resolvió por mayoría de 2 votos contra 1 que la ampliación del programa de deportaciones aceleradas no vulnera los derechos de los inmigrantes y que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de determinar el alcance de este mecanismo.
Las deportaciones aceleradas, también conocidas como “expulsiones exprés”, han sido utilizadas durante décadas por el Gobierno estadounidense para remover rápidamente a personas detenidas cerca de la frontera sin necesidad de un proceso completo ante un juez de inmigración.
Sin embargo, al iniciar su segundo mandato en enero de 2025, el presidente Trump amplió esa política para que pudiera aplicarse a inmigrantes indocumentados detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos, siempre que no puedan demostrar que han permanecido en el país durante más de dos años.
El juez Justin R. Walker, quien redactó la opinión mayoritaria del tribunal, señaló que el Congreso delegó expresamente en el Poder Ejecutivo la decisión sobre qué grupos de inmigrantes pueden ser sometidos a este procedimiento acelerado. En su resolución también destacó que diferentes administraciones presidenciales han modificado en distintas ocasiones el alcance de esta herramienta migratoria.
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¿Qué cambia con esta decisión?
Con el fallo, los agentes federales de inmigración podrán volver a aplicar el procedimiento expedito fuera de las zonas fronterizas, evitando en determinados casos los procesos tradicionales ante las cortes de inmigración.
Antes de la ampliación impulsada por la Administración Trump, este mecanismo generalmente se utilizaba para personas detenidas dentro de un radio aproximado de 100 millas de una frontera internacional y que hubieran permanecido menos de dos semanas en Estados Unidos.
La nueva interpretación permite que las autoridades migratorias actúen contra personas detenidas en cualquier parte del territorio estadounidense cuando no logren acreditar una permanencia superior a dos años.
Una política que continúa generando debate
La ampliación de las deportaciones aceleradas ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que sostienen que este procedimiento limita las oportunidades de presentar sus casos ante un juez de inmigración.
Por su parte, la Administración Trump ha defendido la medida argumentando que permitirá fortalecer la seguridad nacional, agilizar los procesos migratorios y reducir los costos administrativos asociados a los procedimientos de deportación.
El fallo representa una nueva decisión judicial favorable para las políticas migratorias de la actual Administración, aunque se espera que el tema continúe siendo objeto de litigios en los tribunales federales.
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