Las presidentas de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) firmaron este viernes una declaración conjunta con seis compromisos orientados a fortalecer la coordinación institucional, enfrentar el crimen organizado y proteger a personas que se encuentren en riesgo por denunciar delitos, informar o ejercer funciones públicas.
El acuerdo se concretó tras una reunión de casi dos horas en la Corte Suprema de Justicia, en San José, que reunió a la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora.
El documento, denominado declaración conjunta, plantea una serie de líneas de trabajo entre las instituciones, pero establece que su ejecución deberá realizarse respetando las competencias y la independencia de cada poder.
Entre los compromisos figura fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado, así como proteger a las personas que enfrentan amenazas contra su vida o integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas, especialmente en el contexto de la lucha contra la criminalidad.
La declaración también contempla acciones contra la violencia política hacia las mujeres, el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones, el seguimiento de los compromisos asumidos y la comunicación de avances a la ciudadanía.
Seguridad, protección de denunciantes y libertad de expresión
La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado fue uno de los principales asuntos abordados durante la reunión.
La presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, destacó la importancia de trabajar conjuntamente, sin que ello implique subordinación entre instituciones.
“Costa Rica tiene un enemigo común que es la delincuencia y especialmente el crimen organizado”, expresó Vargas al referirse a los resultados del encuentro, según reportó La Nación.
La jerarca también reiteró el compromiso del Poder Judicial con la libertad de expresión, en medio de la preocupación por las amenazas y los riesgos que enfrentan personas que denuncian situaciones vinculadas con la criminalidad.
Uno de los puntos de la declaración establece el compromiso de reforzar la protección de quienes enfrentan amenazas contra su vida o integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas.
El acuerdo también incorpora la lucha contra la violencia política hacia las mujeres, un tema que las jerarcas plantearon como parte de los desafíos para fortalecer la convivencia democrática y el funcionamiento institucional.
Ejecutivo y Poder Judicial revisarán acceso a órdenes de captura
Tras la reunión, la presidenta Laura Fernández anunció que sostendrá un encuentro técnico con la presidenta del Poder Judicial la próxima semana para revisar mecanismos que permitan mejorar el acceso de las fuerzas del Poder Ejecutivo a información sobre órdenes de captura.
La mandataria explicó que llegó a la reunión con siete puntos de discusión, principalmente relacionados con seguridad nacional, y calificó el encuentro como una jornada de diálogo franco y honesto.
Fernández también manifestó que dará seguimiento al cumplimiento de la declaración conjunta suscrita por las cuatro jerarcas.
La revisión del acceso a información sobre órdenes de captura se plantea como una de las acciones concretas que surgieron del encuentro, aunque los detalles técnicos y los alcances del mecanismo deberán definirse entre las instituciones.
Asamblea impulsará proyectos contra el crimen organizado
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, se comprometió a impulsar iniciativas de ley identificadas durante la reunión para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad.
Jiménez señaló que la coordinación entre instituciones debe mantenerse sin comprometer la independencia de cada poder y recordó que las instituciones públicas responden a la ciudadanía, no a sus jerarcas.
Además, anunció que el próximo encuentro de las presidentas se realizará en la Asamblea Legislativa en febrero de 2027.
TSE advierte sobre riesgos para las elecciones municipales de 2028
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, abordó los desafíos relacionados con el crimen organizado y el financiamiento de los partidos políticos de cara a las elecciones municipales de 2028.
Durante la reunión, compartió el cronograma electoral previsto para ese proceso, que contempla fechas clave para la organización de los comicios.
Entre los plazos anunciados figura el 5 de diciembre de 2026 como fecha de inicio del congelamiento de la división territorial administrativa; el 5 de febrero de 2027 como vencimiento para solicitar la inscripción de nuevos partidos políticos; y del 6 al 21 de septiembre de 2027 como período previsto para la inscripción de candidaturas.
La convocatoria oficial a elecciones está programada para el 6 de octubre de 2027.
Zamora señaló que el proceso municipal contempla la elección de más de 6.200 cargos y una proyección superior a 45.000 candidaturas.
La reunión de este viernes marca un nuevo espacio de coordinación entre las cuatro instituciones, en un momento en que el país enfrenta desafíos en materia de seguridad, violencia política, protección de denunciantes y preparación del próximo proceso electoral municipal.
Las jerarcas acordaron mantener el diálogo y dar seguimiento a los compromisos establecidos, con el propósito de avanzar en soluciones conjuntas desde las competencias de cada institución.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




