La bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó dos mociones para exigir la renuncia del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, luego de que ambos jerarcas participaran en una inspección sorpresa al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).
Las iniciativas fueron aprobadas el lunes 16 de noviembre con 29 votos a favor y 21 en contra, según el reporte de Delfino.cr. La controversia llegó este martes a la agenda pública, después de que el fiscal general rechazara la posibilidad de abandonar el cargo.
La visita al centro penitenciario se realizó el viernes 13 de noviembre y contó con la participación de representantes del Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes, la Defensa Pública, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y jueces de ejecución de la pena.
La inspección respondió a denuncias sobre presuntas agresiones, actos de tortura y posibles abusos de autoridad contra personas privadas de libertad. Tras la diligencia, Díaz manifestó que se habían identificado situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y abuso de autoridad.
¿Por qué el oficialismo pide las renuncias?
Las mociones fueron promovidas por la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz y otros integrantes del PPSO. En el caso del fiscal general, los legisladores cuestionaron su participación personal en la inspección y calificaron la diligencia como un “show político”.
También señalaron supuestas deficiencias en la conducción del Ministerio Público y en la persecución del crimen organizado. La iniciativa solicita que Díaz renuncie y, si no lo hace, que la Corte Plena valore iniciar un procedimiento para separarlo del puesto.
Respecto a Cruickshank, los diputados oficialistas cuestionaron su comportamiento durante la visita y respaldaron señalamientos de la directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, quien afirmó haber recibido un trato intimidatorio.
La moción plantea exigir la renuncia de la defensora y, en caso de que no se concrete, promover una investigación legislativa para determinar si existen motivos legales para su destitución.
La oposición votó en contra de ambas propuestas. Durante el debate, diputados cuestionaron que el Congreso concentrara su discusión en exigir la salida de dos jerarcas que participaron en una inspección relacionada con denuncias de posibles violaciones de derechos humanos.
Carlo Díaz descarta renunciar
Este martes, el fiscal general descartó dejar su cargo y calificó la moción como una “cortina de humo”, según declaraciones recogidas por Noticias Monumental.
La oficina de prensa de la Defensoría indicó a ese medio que Cruickshank esperará recibir una notificación formal sobre el acuerdo legislativo antes de pronunciarse.
Las mociones, por sí mismas, no producen la destitución automática de ninguno de los dos funcionarios. Los procedimientos para una eventual separación del cargo son distintos y deben ajustarse a las competencias que establece la legislación costarricense.
En el caso del fiscal general, la Asamblea Legislativa no tiene potestad para destituirlo. Esa atribución corresponde a la Corte Plena, que debe reunir al menos 15 votos de sus 22 integrantes para aprobar la separación, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Díaz fue reelegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia el pasado 19 de octubre para un nuevo periodo de cuatro años, que se extenderá hasta octubre de 2030.
Para la defensora de los Habitantes, el Congreso sí tiene competencia para tramitar una eventual destitución. Sin embargo, debe existir una investigación, una audiencia para que la funcionaria ejerza su defensa y una valoración de si se configura alguna de las causales previstas en la Ley de la Defensoría de los Habitantes.
Una disputa en medio de otras tensiones institucionales
La discusión legislativa se produjo en una jornada marcada también por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el lunes en Santo Domingo de Heredia, y por la confirmación de una investigación penal contra el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el proyecto de un relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela.
La apertura de esa causa, bajo el expediente 26-000116-0033-PE, fue confirmada por el Ministerio Público ante una consulta de Delfino.cr. La existencia de una investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal del funcionario.
El debate sobre las mociones también evidenció las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto al papel de las instituciones encargadas de fiscalizar la actuación del Estado.
Por ahora, las solicitudes de renuncia aprobadas por la mayoría oficialista no han separado a Díaz ni a Cruickshank de sus cargos. Cualquier eventual destitución dependerá de que se active y concluya el procedimiento correspondiente, con respeto a las garantías legales de ambos jerarcas.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR.




