La Universidad de Costa Rica (UCR) trasladó a la Escuela de Formación Docente el análisis del componente disciplinario relacionado con un profesor cuestionado por expresiones ofensivas contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, durante el plantón realizado el pasado 6 de agosto en defensa del Poder Judicial y la separación de poderes.
La decisión fue confirmada por el rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, mediante el oficio R-5860-2026, fechado 11 de agosto y dirigido a la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz Rosales.
El documento, cuya copia fue difundida en redes sociales por el medio de comunicación Trivisión, señala que la Rectoría trasladó “la atención del caso en su aspecto disciplinario” a la Escuela de Formación Docente, por ser la unidad de trabajo de la persona y el órgano competente para el eventual ejercicio de la potestad disciplinaria según la normativa institucional.
La redacción es relevante: la Universidad no confirma todavía una sanción ni establece responsabilidad del funcionario. Lo que hace es colocar el caso en manos de la instancia que deberá determinar si corresponde activar un procedimiento y, eventualmente, adoptar alguna medida.
Medios nacionales identificaron previamente al docente por los apellidos Ugalde Fajardo. El directorio oficial de la UCR registra actualmente a Diego Ugalde Fajardo como profesor interino dentro de la Escuela de Formación Docente.
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Diputada había pedido investigar al profesor
Guadamuz había solicitado formalmente a la Rectoría información sobre el docente después de que circularan videos con las expresiones realizadas durante el plantón.
La legisladora pidió conocer aspectos relacionados con su vínculo laboral, trayectoria académica, funciones, remuneraciones, evaluaciones y eventuales antecedentes administrativos correspondientes a los últimos diez años. Además, pidió a la institución valorar lo ocurrido.
Según el oficio entregado ahora a la diputada, la UCR ya había trasladado el componente disciplinario del asunto a Formación Docente a partir de una consulta presentada previamente por otro legislador.
Rectoría no detalla en el documento mostrado cuál será el siguiente paso ni establece un plazo para que la Escuela de Formación Docente determine si procede o no una actuación disciplinaria.
UCR pide 10 días adicionales para entregar información
La respuesta institucional también confirma que Guadamuz tendrá que esperar para recibir la totalidad de los datos solicitados.
Araya explicó que, debido a la cantidad y complejidad de la información, así como a que los documentos se encuentran distribuidos entre diferentes oficinas universitarias, la UCR requiere tiempo adicional para recopilarlos.
Con fundamento en el artículo 10 de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, N.° 10.554, Rectoría amplió el plazo de respuesta por 10 días hábiles adicionales.
Esto significa que el oficio conocido esta semana responde parcialmente a la gestión legislativa, pero la Universidad todavía debe completar y remitir la documentación restante.
Universidad ya había rechazado públicamente las expresiones
La decisión se conoce después de que la propia UCR se distanciara públicamente de las manifestaciones del docente.
El domingo 9 de agosto, la Universidad señaló que los calificativos empleados contra Fernández eran incompatibles con el respeto que debe prevalecer en el debate público y con los valores que una institución universitaria debe promover.
Al mismo tiempo, la UCR defendió el derecho de las personas a criticar, discrepar y expresar libremente posiciones frente a quienes ejercen cargos públicos, pero sostuvo que esa libertad debe ejercerse dentro de un debate respetuoso y sin recurrir a expresiones deshumanizantes.
El pronunciamiento adquirió particular relevancia porque la propia Universidad había realizado un llamado a su comunidad para participar en el plantón del 6 de agosto, actividad que reunió a sectores universitarios, sindicales, judiciales, políticos y ciudadanos en la Plaza de la Democracia.
El caso pasa ahora a la unidad académica
La respuesta de Rectoría establece, por ahora, una separación entre dos procedimientos.
Por un lado, la Universidad continúa recopilando la información administrativa solicitada por Guadamuz y tendrá 10 días hábiles adicionales para completar su respuesta.
Por otro, el eventual componente disciplinario ya fue remitido a la Escuela de Formación Docente, que deberá actuar conforme a la normativa interna y determinar si los hechos justifican el ejercicio de la potestad disciplinaria.
Por esa razón, sería prematuro afirmar que Ugalde Fajardo ya enfrenta una sanción o que existe una resolución en su contra.
Lo confirmado hasta este momento es que la Rectoría remitió formalmente el caso a la instancia competente para valorar esa posibilidad.
Esta nota fue elaborada por Gabriel Angulo para NAICR. Fuente: Oficio R-5860-2026 de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, fechado 11 de agosto de 2026.
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