Creditos fotografía: Casa Presidencial
Ocho organizaciones gremiales del Poder Judicial convocaron a un plantón para este jueves 6 de agosto, en medio del enfrentamiento entre el Gobierno, la fracción oficialista y la Sala Constitucional por la designación de magistraturas suplentes.
La concentración comenzará a las 4:00 p. m. en la Plaza de la Democracia, en San José, y se extenderá hasta las 8:00 p. m., según la convocatoria divulgada por el Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (SITRAJUD).
Los organizadores indicaron que la actividad busca manifestarse en defensa de la independencia judicial, la institucionalidad democrática y la separación de poderes, además de rechazar lo que califican como ataques del Poder Ejecutivo contra el sistema de justicia.
Jorge Cartín, secretario general de SITRAJUD, explicó a Noticias Monumental que la movilización pretende enviar un mensaje en respaldo de la institucionalidad y destacar la importancia que tiene la independencia judicial dentro de una democracia.
Ocho organizaciones participarán
La convocatoria cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), la Asociación de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTCOFI) y la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD).
También participarán la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y las organizaciones SINDEPU, SITRAJUD y SINDIJUD.
De manera paralela, una convocatoria ciudadana difundida en redes sociales invita a realizar concentraciones después de las 4:30 p. m. frente a diferentes circuitos judiciales del país.
Ese llamado propone llevar velas, desarrollar actividades artísticas y culturales y compartir imágenes de las movilizaciones como símbolo de respaldo al Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, según informó El Mundo CR.
Convocatoria surge tras polémica resolución de la Sala IV
La movilización fue anunciada después de que la presidenta de la República, Laura Fernández, y la bancada del Partido Pueblo Soberano calificaran como un supuesto “golpe de Estado judicial” una resolución adoptada por mayoría en la Sala Constitucional.
El fallo dejó sin efecto los acuerdos mediante los cuales la Asamblea Legislativa devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidaturas para elegir nueve magistraturas suplentes.
La Sala también ordenó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, coordinar lo necesario para que la lista sea conocida nuevamente por el Plenario legislativo.
Como medida transitoria, cuatro magistrados dispusieron prorrogar los nombramientos anteriores únicamente para atender casos urgentes e indispensables cuando alguna magistratura propietaria esté imposibilitada para participar. La medida permanecerá vigente hasta que el Congreso realice las nuevas designaciones.
Oficialismo presentó querella contra cuatro magistrados
La tensión aumentó este lunes 3 de agosto, cuando Jiménez presentó una querella por el presunto delito de prevaricato contra los cuatro magistrados que respaldaron la resolución: Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
La gestión fue suscrita por las 31 diputaciones de Pueblo Soberano. Laura Fernández acompañó la presentación, respaldó la acusación y solicitó al Poder Judicial tramitarla con rapidez.
El oficialismo sostiene que los magistrados invadieron competencias constitucionales reservadas a la Asamblea Legislativa. La Sala, por su parte, ha defendido la resolución como una medida dirigida a garantizar la continuidad de la justicia constitucional.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha determinado que los cuatro magistrados cometieran un delito. La responsabilidad penal deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente.
El plantón del jueves se desarrollará así en medio de una creciente confrontación entre poderes de la República y del debate nacional sobre los límites de las competencias constitucionales, la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos.