Conferencia de prensa de este viernes.
La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó este viernes 31 de julio como un “golpe de Estado” la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó temporalmente nombramientos vencidos de magistrados suplentes y ordenó a la Asamblea Legislativa avanzar con la elección de sus sustitutos.
Durante el pronunciamiento realizado en Casa Presidencial, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció además que el lunes 3 de agosto presentará una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que conformaron la mayoría en esa decisión.
La acción se dirigirá contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, según el reporte publicado por Diario Extra.
Jiménez indicó que la gestión será presentada ante la Secretaría de la Corte Plena. Hasta el momento, se trata de una acción anunciada: no se ha informado que una autoridad judicial haya admitido la querella, abierto una causa penal o establecido responsabilidades contra los magistrados.
Fernández cuestiona intervención de Sala IV
Fernández sostuvo que la Sala Constitucional excedió sus competencias al extender provisionalmente los nombramientos, pues considera que la designación de magistrados suplentes corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
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La mandataria describió la resolución como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa” y se refirió a los integrantes de la mayoría como “magistrados golpistas”.
Estas expresiones corresponden a la valoración política de la presidenta y no a una declaración judicial sobre la existencia de un golpe de Estado.
La gobernante compareció acompañada por Jiménez y diputados del Partido Pueblo Soberano, quienes también cuestionaron el alcance del fallo.
Fallo fue aprobado por cuatro votos contra tres
La controversia surge de la resolución 2026-13498, mediante la cual la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la falta de nombramiento de magistrados suplentes.
La decisión fue adoptada por cuatro votos contra tres. La mayoría consideró que la ausencia de suplentes estaba afectando el funcionamiento del tribunal y el acceso de las personas a la justicia constitucional.
El fallo anuló los acuerdos mediante los cuales el Congreso pretendía devolver la lista de candidatos y solicitar a la Corte Suprema de Justicia una nueva nómina.
También ordenó a la Presidencia de la Asamblea coordinar para que la lista existente sea sometida al Plenario en la próxima oportunidad posible, según la explicación de la resolución publicada por Delfino.
Prórroga se limita a asuntos urgentes
Como medida provisional, la Sala extendió los nombramientos vencidos hasta que la Asamblea elija a las personas sustitutas.
La prórroga no constituye un nombramiento permanente ni permite la participación irrestricta de los suplentes. Estos podrán intervenir únicamente en asuntos urgentes e indispensables cuando algún magistrado titular se encuentre legalmente imposibilitado para votar.
El tribunal argumentó que la medida busca evitar la paralización de expedientes mientras el Congreso completa las designaciones.
La elección definitiva continúa siendo responsabilidad de la Asamblea Legislativa y requiere un mínimo de 38 votos. Por esa razón, ninguna fracción parlamentaria puede efectuar los nombramientos por sí sola.
¿Qué es el prevaricato?
El Código Penal costarricense contempla el prevaricato cuando un funcionario judicial o administrativo dicta una resolución contraria a la ley o la fundamenta en hechos falsos.
Jiménez sostiene que los cuatro magistrados incurrieron presuntamente en ese delito al adoptar una medida que, según el oficialismo, invade las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.
La eventual existencia del delito y cualquier responsabilidad individual deberán ser determinadas mediante el procedimiento correspondiente. La presentación de una querella no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad.
Al cierre de esta información, no se había divulgado una respuesta de los cuatro magistrados señalados ni un pronunciamiento institucional del Poder Judicial sobre la acción anunciada.
Fuentes principales: Diario Extra, Delfino y Amelia Rueda.
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