El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el exviceministro de Unidades Regulares Eric Lacayo y el exdirector general de la Fuerza Pública Marlon Cubillo, por presuntamente no haber tramitado un informe de inteligencia que advertía sobre posibles vínculos de 122 policías con organizaciones criminales.
Campos anunció la medida este miércoles 5 de agosto durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según explicó, el documento fue remitido el pasado 14 de abril a Lacayo y Cubillo, quienes ocuparon esos cargos durante el gobierno anterior de Rodrigo Chaves.
El jerarca sostuvo que, después de revisar la trazabilidad institucional del informe, las nuevas autoridades no localizaron una orden para iniciar investigaciones administrativas ni encontraron constancia de que el documento fuera trasladado al Ministerio Público.
“Este Gobierno lo desconocía. Voy a ser claro y honesto con los costarricenses”, manifestó Campos.
Gobierno remitió el informe por dos vías
El ministro indicó que, al conocer el documento, ordenó abrir una investigación preliminar dentro del Ministerio de Seguridad y remitir la información a la Fiscalía para que determine si existen posibles delitos cometidos por los oficiales mencionados.
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Paralelamente, presentó una denuncia contra Lacayo y Cubillo por la aparente falta de trámite del reporte. Sin embargo, Campos no precisó públicamente cuál sería el delito atribuido a los exjerarcas ni confirmó que la Fiscalía haya abierto una causa penal.
El ministro aseguró que llamó a Lacayo para solicitarle explicaciones y que el exviceministro se comprometió a verificar si había gestionado el documento, pero afirmó que todavía esperaba una respuesta.
Hasta el momento, no ha trascendido una reacción pública de Lacayo o Cubillo ante los señalamientos realizados por el Gobierno.
Informe analiza posibles nexos de 122 oficiales
El reporte fue elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y analiza a 122 integrantes de la Fuerza Pública asignados a la Dirección Regional Brunca Sur.
De acuerdo con publicaciones basadas en el documento, al menos 27 oficiales aparecen mencionados por supuesta colaboración con estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las actividades señaladas incluirían escolta de cargamentos mediante recursos policiales, apoyo logístico y coordinación de aterrizajes clandestinos de aeronaves.
Otros 44 funcionarios tendrían presuntos vínculos con una organización dedicada al contrabando de licor, mientras que algunos oficiales también son relacionados con redes de tráfico ilícito de migrantes en la frontera sur.
El contenido corresponde a información de inteligencia y no constituye por sí mismo una prueba judicial. Los señalamientos deben ser corroborados mediante investigaciones administrativas y penales antes de establecer responsabilidades.
Campos aseguró que varias de las personas mencionadas ya aparecen en otros expedientes internos y señaló que el Ministerio mantiene 38 investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción dentro de los cuerpos policiales.
Laura Fernández promete “cero tolerancia”
La presidenta Laura Fernández respaldó la actuación del Ministerio de Seguridad y afirmó que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” contra la corrupción policial.
“Que caiga el que tenga que caer”, expresó la mandataria, quien también defendió el trabajo de la mayoría de los oficiales y sostuvo que los eventuales actos de un grupo reducido no deben desacreditar a todos los cuerpos policiales del país.
El Ministerio de Seguridad también habilitó un correo electrónico para recibir información anónima sobre posibles hechos de corrupción policial. Campos aseguró que las denuncias deberán aportar datos que permitan iniciar investigaciones y recopilar evidencia.
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