El Gobierno anunció que enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta para reducir en un 5% las autorizaciones de gasto del aparato estatal durante lo que resta de 2026, como parte de una política de contención del gasto público.
La medida fue presentada este miércoles por la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quienes señalaron que el ajuste se tramitará mediante un presupuesto extraordinario.
Esto significa que el recorte no entrará en vigor de manera automática. La propuesta deberá ser estudiada por los diputados, quienes tendrán la potestad de aprobarla, modificarla o rechazarla durante su trámite legislativo.
Ajuste alcanzaría a varios poderes e instituciones
Según lo anunciado por el Ejecutivo, la disminución presupuestaria no se limitaría a los ministerios y dependencias del Gobierno Central.
La intención es aplicar el ajuste también a partidas correspondientes al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y otros órganos incluidos dentro del Presupuesto Nacional.
No obstante, Hacienda todavía debe presentar el desglose completo de las partidas, programas y rubros que serían afectados. Por esa razón, aún no se conoce si la reducción será uniforme o si algunas áreas quedarán protegidas por compromisos legales, constitucionales u operativos.
Poder Judicial perdería cerca de ₡27.000 millones
Como ejemplo del posible impacto, el ministro de Hacienda indicó que una reducción del 5% equivaldría a aproximadamente ₡27.000 millones en el caso del Poder Judicial.
Para la Contraloría General de la República, el ajuste rondaría los ₡1.000 millones, según las estimaciones preliminares expuestas por el jerarca.
Las autoridades señalaron que la revisión se concentrará en gastos que el Gobierno considera susceptibles de reducción, entre ellos viajes, viáticos, horas extra y otras erogaciones operativas. Sin embargo, el detalle deberá quedar establecido en el proyecto que llegue al Congreso.
También se anticipan ajustes para 2027
El anuncio no se limita al presupuesto vigente. Hacienda adelantó que el proyecto ordinario para 2027 también incorporará límites y reducciones en distintas partidas del sector público.
El Poder Judicial ya había aprobado su anteproyecto para 2027 bajo las restricciones comunicadas por Hacienda, con una disminución de más de ₡11.300 millones respecto al presupuesto de 2026 y sin contemplar la creación de nuevas plazas.
Ese ajuste previo afectaría inversiones en infraestructura, renovación de vehículos, tecnología y proyectos de seguridad institucional, según informó el propio Poder Judicial.
Congreso tendrá la última palabra
El porcentaje definitivo, las instituciones alcanzadas y los programas que sufrirían reducciones se conocerán una vez que Hacienda presente formalmente el presupuesto extraordinario.
Hasta entonces, el recorte debe entenderse como una propuesta del Poder Ejecutivo y no como una decisión ya ejecutada.
La discusión se trasladará a la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán valorar el impacto financiero y operativo de disminuir los recursos disponibles para las instituciones durante los meses restantes de 2026.