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La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió este miércoles la decisión de remover de sus puestos de confianza a siete directores policiales que no aprobaron una prueba de polígrafo aplicada como parte de los controles realizados dentro de la denominada Fuerza Élite de seguridad.
Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria respondió a los cuestionamientos que han surgido en torno a la legalidad de la medida y aseguró que no le preocupa una eventual demanda por parte de los funcionarios afectados.
“Que me demanden. Los estoy esperando”, afirmó la gobernante al referirse a las críticas surgidas tras el anuncio realizado esta semana.
La polémica surgió tras la salida de siete jefes policiales
El pasado lunes, Fernández informó que ordenó separar del grupo de Fuerza Élite y cesar los nombramientos de confianza de siete funcionarios policiales que no superaron la prueba de polígrafo. Además, instruyó la apertura de investigaciones preliminares para cada caso.
Según explicó el Gobierno, las evaluaciones fueron coordinadas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) con apoyo de una empresa certificada internacionalmente. Las preguntas estuvieron relacionadas con posibles vínculos con crimen organizado, narcotráfico y recepción de beneficios ilícitos durante el ejercicio de sus cargos.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los funcionarios removidos ni los cuerpos policiales a los que pertenecían.
Presidenta insiste en que actuó conforme a la ley
Fernández sostuvo que la decisión se fundamenta en la legislación que regula el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos policiales y en la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para remover funcionarios de puestos de confianza.
La mandataria aseguró que quienes participan en las reuniones estratégicas de seguridad nacional deben contar con la confianza absoluta del Gobierno debido a la sensibilidad de la información que manejan.
Además, afirmó que no está dispuesta a tolerar sospechas de corrupción dentro de los equipos encargados de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Expertos señalan posibles cuestionamientos legales
La decisión ha generado debate entre especialistas en derecho laboral y policial.
Abogados consultados por medios nacionales indicaron que la remoción de funcionarios de puestos de confianza puede ser jurídicamente viable; sin embargo, advirtieron que el escenario cambia si se pretende despedir a funcionarios de sus plazas en propiedad sin el debido proceso administrativo.
También recordaron que la legislación vigente establece que las pruebas de polígrafo son voluntarias y que sus resultados han sido objeto de cuestionamientos en distintos ámbitos judiciales y académicos.
Investigación continúa
Mientras continúa la controversia, el Gobierno mantiene abiertas las investigaciones preliminares ordenadas por la Presidencia para determinar si existen elementos adicionales que justifiquen eventuales acciones administrativas o disciplinarias contra los funcionarios removidos.
La situación ocurre en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por reforzar los controles internos dentro de los cuerpos policiales y combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad del país.
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